Paloma Valencia cuestionó decreto del Gobierno sobre reforma agraria y advirtió riesgos para la propiedad privada

La exsenadora y vocera del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó el alcance del Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante el cual se adicionan disposiciones relacionadas con el saneamiento de predios y la administración de tierras en el marco de la reforma agraria.

El decreto incorpora nuevas reglas para la identificación y declaratoria de predios de utilidad pública, así como procedimientos registrales asociados a la gestión adelantada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Entre otros aspectos, el articulado establece que "la Superintendencia de Notariado y Registro creará antes del 25 de julio de 2026 un código registral especial, de carácter exclusivamente publicitario y sin efectos de limitación al dominio, para la utilidad pública con fines de reforma agraria".

Asimismo, la norma dispone que "la Agencia Nacional de Tierras solicitará estas inscripciones sobre los predios que declare de utilidad pública o en aquellos en los tenga promesa de compraventa y el acta de entrega que la documente", trámite que podrá realizarse ante las Unidades Móviles de Registro para la Reforma Agraria o directamente ante el registrador.

Tras conocerse el contenido del decreto, Paloma Valencia manifestó su preocupación por las implicaciones jurídicas de la reglamentación y sostuvo que la medida representa un riesgo para la protección del derecho de propiedad.

En su pronunciamiento, la dirigente política afirmó: "El Gobierno acaba de expedir un decreto que pone en riesgo la propiedad privada en Colombia".

Según Valencia, el alcance de la norma va más allá de lo previsto en la legislación vigente. En ese sentido, aseguró que "el Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 excede de forma peligrosa las facultades de la ley: le permite a la ANT cancelar gravámenes, tomar 'posesión inmediata' de predios en el papel sin entrega física y producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa".

La exsenadora también cuestionó el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para introducir estas disposiciones y advirtió que, en su criterio, el Gobierno está modificando aspectos sustanciales del régimen registral mediante un decreto reglamentario.

En sus declaraciones sostuvo que "esto no es reglamentar la ley; es modificar el Estatuto Registral por decreto y saltarse a jueces y registradores", insistiendo en que las medidas podrían generar incertidumbre jurídica sobre la propiedad de los predios involucrados en procesos de reforma agraria.

El Decreto 0765 hace parte del desarrollo normativo de las políticas impulsadas por el Gobierno para facilitar el saneamiento y la administración de predios destinados a la reforma agraria. La norma señala que fue expedida en ejercicio de las facultades constitucionales y legales del Presidente de la República y desarrolla disposiciones contenidas en la Ley 160 de 1994, la Ley 1450 de 2011, la Ley 1708 de 2014 y la Ley 2294 de 2023.