Pacto Histórico enfrentaría demandas por su ausencia en la sesión de posesión presidencial

Ausencia en la sesión del Congreso

La posesión presidencial de Abelardo De la Espriella, realizada el pasado 7 de agosto en Cali, dejó además de los actos protocolarios una controversia política y jurídica alrededor de la decisión del Pacto Histórico de no participar en la sesión del Congreso convocada para formalizar la investidura del nuevo mandatario.

La colectividad de oposición no se desplazó a Cali para participar en la sesión, una determinación que ahora será objeto de acciones ante las autoridades judiciales. De acuerdo con quienes anunciaron las demandas, la ausencia habría representado un incumplimiento de los deberes que correspondían a los congresistas durante la jornada.

Las acciones serán radicadas este lunes y buscarán que las autoridades competentes determinen si los hechos pueden constituir el delito de prevaricato por omisión. La decisión final sobre la existencia de una conducta penal, sus responsables y eventuales consecuencias corresponderá exclusivamente a las autoridades judiciales.

El planteamiento jurídico parte de la obligación que, según los demandantes, tenía el Congreso de participar en el procedimiento institucional relacionado con la posesión del presidente de la República.

Una controversia que llega a los tribunales

La ausencia del Pacto Histórico se produjo en una jornada que tuvo como escenario excepcional la ciudad de Cali. La ceremonia de posesión de De la Espriella se realizó en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, en lugar de la tradicional sede institucional en Bogotá.

La sesión del Congreso se instaló para cumplir con el procedimiento constitucional correspondiente. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, fue quien tomó el juramento al nuevo jefe de Estado y posteriormente le impuso la banda presidencial.

La ausencia de los congresistas del Pacto Histórico no impidió que la sesión pudiera avanzar, debido a que, según la información suministrada, permaneció el quórum requerido para desarrollar el acto.

Sin embargo, la controversia no terminó con la ceremonia. Los promotores de las acciones jurídicas consideran que la no asistencia de la colectividad debe ser examinada desde el punto de vista de las obligaciones que tienen los integrantes del Congreso.

Por esa razón, las demandas anunciadas pretenden trasladar la discusión del escenario político al judicial, donde deberán ser evaluados los hechos y los argumentos jurídicos que sustenten las denuncias.

La justicia deberá determinar responsabilidades

La eventual denuncia por prevaricato por omisión plantea un asunto que deberá ser analizado por las autoridades competentes a partir de las normas aplicables y de las circunstancias concretas de la jornada de posesión.

El anuncio de las demandas no equivale a una declaración de responsabilidad penal. Será la justicia la encargada de establecer si existe mérito para iniciar actuaciones, cuáles funcionarios o congresistas podrían estar involucrados y si la conducta denunciada reúne los elementos exigidos por la legislación penal.

La controversia se suma a la tensión política que marcó el inicio del nuevo Gobierno y al papel que asumirá el Pacto Histórico desde la oposición. La colectividad tendrá que definir su estrategia frente a la administración de De la Espriella, mientras las autoridades judiciales recibirán las acciones anunciadas por su ausencia durante la sesión de posesión.

Las demandas, de acuerdo con sus promotores, serán presentadas este lunes. A partir de su radicación comenzará el trámite correspondiente y serán las autoridades judiciales las que determinen si los hechos denunciados tienen relevancia penal.