Pacto Histórico anunció que no asistirá a la posesión presidencial del 7 de agosto

La bancada del Movimiento Político Pacto Histórico comunicó formalmente su decisión de no participar en la sesión de Congreso Pleno convocada para el próximo 7 de agosto de 2026 con motivo de la posesión presidencial. La determinación fue consignada en una carta fechada el 5 de agosto y enviada al presidente del Senado, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, y al presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Antonio Barguil Cubillos.

En el documento, firmado también por representaciones afrodescendientes e indígenas, el movimiento sostiene que la decisión fue adoptada colectivamente durante reuniones de bancada y responde a razones de carácter constitucional, político e institucional.

Según la comunicación, la ausencia en la ceremonia representa "el ejercicio legítimo del derecho constitucional a la oposición, la autonomía parlamentaria y la libertad de representación política". Asimismo, el Pacto Histórico asegura que su determinación constituye "un acto de desobediencia civil, público, pacífico y no violento", mediante el cual expresa su desacuerdo frente a decisiones que considera contrarias a los principios establecidos en la Constitución de 1991.

La bancada aclara que su decisión "no implica desconocimiento de la Constitución Política, del Estado Social de Derecho ni de las instituciones democráticas". Por el contrario, afirma que busca ejercer el derecho de oposición y manifestar, "por medios democráticos, públicos y pacíficos", sus diferencias frente al inicio del nuevo Gobierno y las circunstancias que rodean el acto de posesión presidencial.

Como parte de la argumentación jurídica, el documento cita el artículo 112 de la Constitución Política y la Ley 1909 de 2018, conocida como el Estatuto de la Oposición, normas que —según la comunicación— garantizan a las organizaciones políticas declaradas en oposición el derecho a ejercer libremente el control político, expresar públicamente sus posiciones y adoptar actuaciones coherentes con esa condición.

La carta también hace referencia a los artículos 113, 114 y 133 de la Constitución, relacionados con la separación de poderes, la autonomía del Congreso y la representación política de los congresistas. Además, recuerda que la Corte Constitucional ha señalado que el pluralismo político constituye uno de los pilares del Estado Social de Derecho y que las garantías para la oposición fortalecen el sistema democrático.

En el plano internacional, el Pacto Histórico fundamenta igualmente su decisión en el artículo 93 de la Constitución, que incorpora tratados internacionales sobre derechos humanos al bloque de constitucionalidad. El documento menciona la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Democrática Interamericana como instrumentos que, según la colectividad, protegen la libertad de expresión, la participación política y el ejercicio de la oposición.

En el apartado denominado "Fundamentos políticos", la bancada sostiene que ha manifestado previamente sus reparos frente a la legitimidad política del nuevo Gobierno y que ha acudido a los mecanismos institucionales previstos en el ordenamiento jurídico para que las controversias relacionadas con el proceso electoral sean resueltas por las autoridades competentes.

De acuerdo con la comunicación, la posesión presidencial debe preservar "plenamente su naturaleza republicana y respetar la dignidad institucional del Congreso de la República como órgano de representación de la soberanía popular".

El documento añade que la inasistencia constituye "una expresión de coherencia política con el mandato democrático recibido de millones de colombianas y colombianos" y que no pretende desconocer el Estado de Derecho, sino reivindicar "los principios superiores de la Constitución de 1991, la separación de poderes, el pluralismo político, la soberanía nacional y la defensa de la democracia".

Como consecuencia de esta decisión, los congresistas firmantes informaron que no harán uso de los servicios logísticos, protocolarios, de transporte o alojamiento dispuestos para la sesión del 7 de agosto. Igualmente, anunciaron que renuncian "al reconocimiento y pago del salario y de las prestaciones correspondientes a ese día", con el propósito de evitar cualquier erogación de recursos públicos derivada de su ausencia.

Finalmente, la bancada informó que durante esa jornada acompañará a la ciudadanía en actividades previstas en el Capitolio Nacional, Barranquilla y Cali, y concluyó reiterando su compromiso con el Estado Social de Derecho, la Constitución de 1991, la independencia del Congreso y el derecho de la oposición a expresar, "de manera libre, pública, pacífica y responsable", sus convicciones políticas.