Luz verde a ley que prohíbe la mutilación genital femenina y creó medidas de prevención y atención

La iniciativa, construida con participación de organizaciones sociales, comunidades indígenas, académicos y congresistas de distintos sectores políticos, establece medidas para prevenir esta práctica, fortalecer la atención a las víctimas y desarrollar estrategias institucionales para su erradicación.

Con la futura sanción presidencial, el país contará con una legislación específica dirigida a enfrentar una problemática que durante años ha sido documentada por organizaciones defensoras de derechos humanos y lideresas indígenas.

La aprobación se produjo el 10 de junio, durante la recta final de la legislatura, después de varios meses de discusión y de llamados para evitar que el proyecto quedara archivado por falta de trámite. La iniciativa denominada “Cuerpos libres de mutilación genital femenina” obtuvo el respaldo de diferentes bancadas políticas y avanzó hasta completar su recorrido legislativo en el Congreso.

Durante la sesión plenaria del Senado estuvieron presentes mujeres indígenas provenientes de distintos territorios del país, quienes acompañaron la votación y reiteraron la necesidad de contar con herramientas legales que permitan enfrentar esta práctica. Entre las voces que participaron en la discusión estuvo la lideresa emberá Juliana Domicó, quien insistió en que la mutilación genital femenina no debe ser entendida como una práctica cultural y pidió que la futura normativa tenga una aplicación efectiva en los territorios.

La mutilación genital femenina comprende procedimientos que alteran, lesionan o extirpan parcial o totalmente los genitales externos femeninos por razones ajenas a criterios médicos. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han catalogado esta práctica como una vulneración de los derechos humanos de niñas y mujeres debido a las consecuencias físicas y psicológicas que puede generar.

Las cifras disponibles muestran que el fenómeno continúa presente en el país. De acuerdo con registros del sistema de salud, entre 2020 y 2025 fueron reportados al menos 204 casos de mutilación genital femenina en Colombia, de los cuales 177 correspondieron a niñas indígenas. Paralelamente, datos del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género indican que durante 2024 se documentaron 54 casos. Otras cifras divulgadas por organizaciones que acompañaron la discusión legislativa señalan que entre enero de 2024 y marzo de 2026 se registraron 98 víctimas, más de la mitad de ellas menores de cinco años.

Uno de los aspectos que motivó la construcción de la iniciativa fue la necesidad de fortalecer la coordinación entre las entidades encargadas de la protección de la infancia y los derechos de las mujeres. Durante el trámite legislativo se planteó que la ausencia de sistemas integrados de información y la falta de articulación institucional han dificultado la identificación completa de los casos y la atención de las víctimas.

El proyecto aprobado contempla la creación de una política pública nacional orientada a prevenir y erradicar la mutilación genital femenina. Asimismo, establece mecanismos para fortalecer los sistemas de información, promover la recolección periódica de datos y desarrollar campañas de sensibilización dirigidas tanto a las comunidades como a los funcionarios públicos encargados de atender estos casos.

La iniciativa también incorpora un enfoque intercultural e interseccional, con el propósito de que las acciones estatales tengan en cuenta las particularidades de los territorios y de las comunidades donde se ha identificado la práctica. Dentro de las disposiciones aprobadas se contempla la participación de las comunidades en los procesos de implementación y la construcción de estrategias orientadas a la protección de niñas y adolescentes.

Otro de los componentes de la futura ley está relacionado con el sistema de salud. El articulado prevé la adopción de protocolos específicos para el personal médico y asistencial, con el fin de mejorar la detección, atención y acompañamiento de las víctimas. Además, se busca fortalecer las rutas de atención y garantizar respuestas coordinadas entre las distintas entidades responsables.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, una de las impulsoras de la iniciativa, destacó que el proyecto fue construido mediante un trabajo conjunto entre organizaciones sociales, instituciones públicas, universidades y mujeres de la comunidad emberá. Con la aprobación en el Senado, el texto quedó listo para pasar a sanción presidencial, último paso requerido para que entre formalmente en vigencia en el país.

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