¿La venganza política de Daniel Quintero? Crece la controversia por actuaciones de la Supersalud en Antioquia. FLA y Gobernación cuestionaron auditorías lideradas por Daniel Quintero

La auditoría a la FLA desató una nueva confrontación institucional. La tensión entre la Superintendencia Nacional de Salud y varias entidades de Antioquia escaló en los últimos días luego de que el superintendente Daniel Quintero anunciara la presentación de una denuncia penal contra los directivos de la Fábrica de Licores de Antioquia.

Según manifestó el funcionario, durante una auditoría la entidad habría encontrado una presunta negativa para entregar información requerida por los auditores, situación que, aseguró, ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que adelanten las actuaciones correspondientes.

La decisión se produce en medio de un ambiente de creciente confrontación entre la administración de la Supersalud y sectores políticos de Antioquia que han sido críticos de la gestión del exalcalde de Medellín, lo que ha llevado a pensar en el departamento que lo que hay es una venganza política de Daniel Quintero.

Surgen cuestionamientos sobre el alcance de la auditoría

La controversia aumentó luego de que el periodista Sebastián Estrada revelara un documento relacionado con el proceso de auditoría adelantado por la superintendencia. De acuerdo con la información divulgada, dentro de los requerimientos formulados a la FLA aparecen solicitudes relacionadas con el manejo de caja menor, tarjetas de crédito institucionales, gastos de representación y viáticos.

Ese contenido abrió un debate jurídico sobre el alcance de las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud. Abogados consultados por la Fábrica de Licores de Antioquia analizan si ese tipo de información corresponde realmente a las funciones de inspección de la Supersalud o si, por el contrario, se trata de asuntos cuyo control corresponde a organismos como la Contraloría, lo que sería un evidente abuso y suplantación de funciones.

La discusión gira alrededor de los límites establecidos por la legislación para las funciones de vigilancia sobre los recursos destinados al sistema de salud. La posición conocida desde la Superintendencia sostiene que cualquier aspecto relacionado con la administración financiera de la FLA podría tener incidencia sobre los recursos que posteriormente son transferidos al sector salud.

No obstante, desde distintos sectores jurídicos se ha señalado que las transferencias provenientes de la licorera tienen una destinación legal específica y que su monto no depende directamente de los gastos administrativos de la empresa.

Un posible conflicto de interés entra en el debate

Otro de los aspectos que ha despertado mayor atención es la participación de Juan David Duque en el proceso. El funcionario fue quien suscribió la actuación administrativa mediante la cual se dio inicio a la auditoría. Su nombre resulta relevante porque durante la administración de Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín se desempeñó como secretario privado del mandatario.

En ese cargo fue objeto de una moción de censura aprobada por el Concejo de Medellín, precisamente por cuestionamientos relacionados con el manejo de caja menor, gastos de representación y viáticos oficiales en un escándalo que demostró la manera como se hicieron gastos suntuosos e innecesarios por parte de la Alcaldía y del exfuncionario con dineros destinados exclusivamente a gastos específicos. .

La coincidencia ha generado nuevas inquietudes debido a que uno de los principales promotores de aquella moción de censura fue el entonces concejal Alfredo Ramos Maya. Actualmente, el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia es Esteban Ramos Maya, hermano del exconcejal. Para algunas voces en el departamento, es claro que la arremetida de Quintero contra Ramos es un ataque personal de venganza.

Con base en esos antecedentes, la FLA considera que podrían existir circunstancias que afecten la imparcialidad del procedimiento y ya fue presentada una queja disciplinaria ante la Procuraduría para que evalúe un eventual conflicto de interés. Hasta el momento, los organismos competentes no se han pronunciado sobre esa solicitud.

La Gobernación también denuncia una nueva inspección

La controversia no se limita a la Fábrica de Licores de Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón informó este fin de semana públicamente que la Secretaría Seccional de Salud del departamento sería objeto de una visita de inspección por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el mandatario aseguró haber sido informado sobre la llegada de una inspección sorpresa y manifestó que permanecerá atento al desarrollo del procedimiento. Rendón afirmó que la administración departamental ha actuado con transparencia y señaló que continuará colaborando con cualquier actuación institucional dentro del marco de la ley.

Al mismo tiempo, expresó que espera que la misma rigurosidad sea aplicada frente a las intervenciones realizadas anteriormente en el sistema de salud colombiano, las cuales, según indicó, dejaron importantes dificultades financieras.

Voces en el departamento entienden el anuncio de Quintero como un ataque personal en contra de Rendón, quien como gobernador ha sido un fuerte crítico al gobierno y su carácter de ser perteneciente al Centro Democrático lo lleva a atacar directamente a la gobernación en venganza por las posiciones políticas y denuncias que se han hecho en su contra.

Persisten las diferencias políticas

Las actuaciones de la Superintendencia ocurren en un contexto marcado por profundas diferencias políticas entre Daniel Quintero y varios dirigentes antioqueños.

Durante los últimos años, concejales, exconcejales, dirigentes políticos, medios de comunicación y organismos de control formularon múltiples denuncias relacionadas con presuntas irregularidades ocurridas durante la administración de Quintero como alcalde de Medellín. Hoy, muchos de quienes acusaron a Quintero vienen siendo objeto de acciones en su contra provenientes del superintendente y otros funcionarios que, coincidentalmente, vienen ejecutando medidas desde entidades del Gobierno como la DIAN, y que han sido interpretadas como iniciativas de venganza

Paralelamente, el exmandatario enfrenta un proceso penal relacionado con el denominado caso Aguas Vivas. Dentro de esa investigación, la Fiscalía formuló imputaciones contra Daniel Quintero y otras personas vinculadas a su administración, proceso que actualmente continúa su curso ante la justicia. Además, existen otras investigaciones relacionadas con más de medio centenar de exfuncionarios y excontratistas que hicieron parte de su gobierno que han sido imputados.

En medio de ese panorama, las recientes actuaciones de la Superintendencia Nacional de Salud han intensificado el debate sobre el alcance de sus competencias y sobre la necesidad de garantizar que los procedimientos de inspección y vigilancia se desarrollen con estricto apego a la ley, respetando los principios de imparcialidad, debido proceso y transparencia institucional.

Mientras avanzan las investigaciones y los procesos administrativos, corresponderá a las autoridades competentes determinar si las actuaciones cuestionadas se ajustan plenamente al marco legal o si existe mérito para adelantar las evaluaciones disciplinarias, administrativas o judiciales que han sido solicitadas por las partes involucradas.