Iván Cepeda calificó como “paramilitar” el proyecto de gobierno de Abelardo De La Espriella y pidió vigilancia internacional
El excandidato presidencial Iván Cepeda, quien se ha presentado como líder de la oposición, ofreció una rueda de prensa este martes 8 de julio en la que cuestionó varias de las propuestas anunciadas por el presidente electo Abelardo De La Espriella. Durante su intervención aseguró que algunas iniciativas en materia de seguridad y orden público representan un riesgo para el Estado de derecho y anunció que mantendrá su llamado a la desobediencia civil pacífica.
En una declaración pública de varios minutos, el senador Iván Cepeda expuso una serie de críticas al programa de gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella y sostuvo que algunas de las medidas anunciadas para el próximo cuatrienio configurarían, según afirmó, un modelo de gobierno con características paramilitares. El congresista centró sus cuestionamientos en las propuestas relacionadas con seguridad, control del orden público, manejo de la protesta social y el sistema penitenciario.
Cepeda inició su intervención haciendo un recuento de la historia del conflicto armado colombiano y de los ciclos de violencia política registrados durante las últimas décadas. Citando cifras de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, señaló que cientos de miles de colombianos han sido víctimas de la violencia y afirmó que distintos gobiernos de derecha incurrieron en violaciones de derechos humanos, persecución contra opositores, espionaje, judicializaciones y otras prácticas que, según indicó, afectaron a movimientos sociales y organizaciones políticas.
En ese contexto mencionó los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, sobre los cuales afirmó que se registraron hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, espionaje y actuaciones contra la protesta social. Posteriormente aseguró que, a su juicio, algunas de las propuestas anunciadas por el presidente electo representan un retorno a ese tipo de políticas.
Uno de los principales cuestionamientos del senador estuvo dirigido a la propuesta de crear bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad integradas por veteranos y reservistas de la Fuerza Pública. Cepeda manifestó que esas personas no hacen parte de la Fuerza Pública en servicio activo y sostuvo que las funciones relacionadas con el uso legítimo de la fuerza corresponden exclusivamente al Estado. En ese sentido afirmó que delegar esas competencias en civiles constituiría una vulneración de principios constitucionales y recordó las consecuencias que, según expresó, dejó el fenómeno del paramilitarismo en Colombia.
Otro de los puntos abordados durante la rueda de prensa fue la política frente a las manifestaciones ciudadanas. El senador aseguró que durante el Gobierno Petro se garantizó el ejercicio del derecho a la protesta y cuestionó los anuncios relacionados con la eventual eliminación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y el restablecimiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Cepeda sostuvo que el antiguo cuerpo antidisturbios estuvo vinculado a violaciones de derechos humanos y afirmó que su eventual regreso representa una amenaza para el ejercicio de la protesta social.
El dirigente político también se refirió a la propuesta de construir megacárceles con participación privada y de crear un nuevo cuerpo nacional de prisiones integrado por veteranos y reservistas. Según indicó, estas iniciativas implicarían la privatización de funciones relacionadas con el sistema penitenciario y cuestionó la posibilidad de que particulares asuman responsabilidades en materia de seguridad y administración carcelaria.
Durante su intervención, Cepeda reiteró las denuncias que ha presentado contra Abelardo De La Espriella por presuntos vínculos con estructuras paramilitares y recordó que interpuso una denuncia penal relacionada con esos señalamientos. Asimismo, afirmó que varias de las propuestas del programa de gobierno denominado "Colombia Patria Milagro" vulnerarían disposiciones de la Constitución, entre ellas el artículo 22A, que prohíbe la creación, promoción, financiación o utilización de grupos de civiles armados.
Al finalizar su declaración, el senador sostuvo que mantiene el llamado a la desobediencia civil de carácter pacífico como mecanismo de oposición política. Además, solicitó a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hacer seguimiento a las actuaciones del próximo gobierno y vigilar el respeto por los derechos humanos durante la nueva administración.

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