Gobierno entrante solicitó frenar millonaria contratación en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado durante el empalme

En medio del proceso de transición entre el Gobierno saliente y la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella, el equipo de empalme elevó una solicitud formal para que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) suspenda temporalmente la aprobación de un paquete de procesos contractuales que estaba previsto para ser analizado por su Comité de Contratación.

La comunicación, fechada el 14 de julio de 2026 y dirigida al director general de la entidad, César Palomino Cortés, fue suscrita por Iván Alfonso Cancino González, ministro de Justicia y del Derecho designado por el Gobierno entrante, quien expone la necesidad de revisar con mayor detalle las contrataciones antes de que sean aprobadas.

En el documento se señala que durante la sesión del Comité de Contratación se proyectaba estudiar 48 procesos contractuales por un valor de $4.379.920.479 correspondientes a la vigencia actual y que, sumando compromisos de vigencias futuras, alcanzarían un monto total de $6.402.534.456.

Según la carta, la preocupación del equipo de empalme no radica en la legalidad de los procesos, sino en la conveniencia de adoptar decisiones de esa magnitud cuando faltan pocas semanas para el cambio de Gobierno.

En ese sentido, Cancino afirma que "el equipo de empalme reconoce que la Agencia actúa en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que conserva el Gobierno Nacional hasta la fecha de posesión del nuevo Gobierno", prevista para el próximo 7 de agosto.

No obstante, añade que "el levantamiento de la Ley de Garantías Electorales no obliga, por sí solo, adelantar procesos de contratación, siendo válido también abstenerse de hacerlo".

El documento enfatiza que "no es la validez jurídica de dichos procesos lo que motiva esta comunicación, sino la oportunidad, necesidad y conveniencia institucional de adoptar decisiones de esta magnitud y en este número, a escasos días de culminar la administración", especialmente porque algunos de esos contratos comprometerían vigencias futuras y recursos públicos que deberá administrar el nuevo Gobierno.

Como parte de la solicitud, el ministro designado plantea tres requerimientos concretos a la ANDJE. El primero consiste en aplazar la decisión de adjudicación o aprobación de los procesos contractuales, o incluso de la totalidad de los asuntos incluidos en la sesión del Comité, hasta que el equipo de empalme pueda revisar toda la información correspondiente.

En segundo lugar, solicita que la Agencia remita, dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación, la relación completa de los procesos, detallando para cada uno el objeto contractual, la cuantía, la modalidad de selección, la disponibilidad del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), el Registro Presupuestal (RP), la existencia de vigencias futuras y los estudios previos que sustenten la necesidad de adelantar cada contratación antes del cambio de administración.

Finalmente, el equipo de transición pide establecer si alguno de los procesos guarda relación con contrataciones recientes de la entidad, con el propósito de identificar eventuales riesgos de fraccionamiento contractual derivados de la concentración de un número elevado de procesos en una sola sesión del Comité.

La comunicación también informa que la solicitud fue remitida a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que, si lo consideran pertinente, ejerzan las funciones preventivas, disciplinarias y de control fiscal que les corresponden frente a estos procesos.

En el cierre de la carta, Cancino expresa que espera una respuesta pronta por parte de la Agencia debido a la inmediatez con la que debía realizarse la sesión del Comité de Contratación y manifiesta su disposición para que el proceso de transición se desarrolle con criterios de transparencia institucional.