Gobierno electo solicitó intervención urgente de la Procuraduría sobre procesos de contratación de la UNP

Solicitud de vigilancia sobre procesos estratégicos

A pocas semanas del cambio de Gobierno, el equipo del presidente electo manifestó su preocupación por varios procesos contractuales que actualmente adelanta la Unidad Nacional de Protección. Por esta razón, Abelardo De La Espriella ordenó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, presentar una solicitud formal ante el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, para que ejerza vigilancia preventiva sobre dichas actuaciones.

La petición se fundamenta en la necesidad de verificar que todas las decisiones adoptadas por la UNP se ajusten a los principios de legalidad, transparencia, planeación, responsabilidad y selección objetiva, especialmente en contratos que tienen relación directa con la seguridad del próximo Gobierno y con los esquemas de protección que administra el Estado.

Preocupación por el contrato de escoltas

Uno de los principales puntos de la solicitud corresponde al proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los 78.000 millones de pesos. Este contrato tiene como finalidad la prestación del servicio de escoltas para los esquemas de protección del presidente que asumirá funciones el próximo 7 de agosto y de los integrantes de su gabinete ministerial.

De acuerdo con el Gobierno electo, la adjudicación de este proceso está prevista antes del cambio de administración, lo que impediría que las nuevas autoridades participen en la revisión de aspectos como la experiencia, idoneidad y perfiles del personal encargado de la seguridad del jefe de Estado y sus ministros.

Ante este escenario, la solicitud plantea que la Procuraduría ejerza vigilancia preventiva, requiera el expediente contractual y analice la conveniencia de recomendar o solicitar la suspensión temporal del proceso hasta que la nueva administración pueda evaluar las condiciones de la contratación.

Revisión de nombramientos y adquisiciones

La comunicación también solicita la intervención del Ministerio Público sobre el proceso mediante el cual la UNP prevé proveer más de 5.100 cargos de Oficiales de Protección en provisionalidad, pese a que cerca de 900 vacantes fueron convocadas mediante concurso de méritos.

El Gobierno electo considera necesario que la Procuraduría revise el procedimiento para establecer si se ajusta a las normas vigentes y a los principios que regulan el acceso a los cargos públicos.

De igual forma, se pidió supervisar el proceso contractual SC-UNP-050-2026, mediante el cual la entidad proyecta adquirir 188 embarcaciones y 264 motores fuera de borda destinados a 29 municipios ubicados en nueve departamentos del país.

En este caso, la solicitud busca verificar la planeación del contrato, las especificaciones técnicas, los tiempos de ejecución, el cumplimiento de las normas de seguridad y la garantía de pluralidad de oferentes durante la contratación.

Contratos para medidas de protección colectiva

Otro de los puntos incluidos en la solicitud hace referencia a seis procesos contractuales iniciados durante julio de 2026 para la adquisición de bienes destinados al cumplimiento de medidas colectivas de protección en favor de resguardos indígenas.

El equipo del presidente electo considera importante establecer si las necesidades que motivaron estas contrataciones cuentan con el debido sustento técnico y si existía la posibilidad de consolidarlas en un solo proceso que permitiera optimizar recursos, generar economías de escala y mejorar la eficiencia administrativa.

Asimismo, se solicitó revisar los estudios previos, los análisis del sector, los requisitos habilitantes y las especificaciones técnicas con el propósito de garantizar la libre concurrencia de oferentes, la transparencia del proceso y la adecuada protección del patrimonio público.

Transición con controles institucionales

El presidente electo ha señalado que la transición entre administraciones debe desarrollarse bajo criterios de legalidad, transparencia y responsabilidad institucional. En ese contexto, considera que la participación preventiva de la Procuraduría contribuiría a fortalecer la confianza en los procesos que actualmente adelanta la Unidad Nacional de Protección.

La solicitud también busca garantizar que las decisiones relacionadas con la seguridad del futuro Gobierno y con los distintos programas de protección administrados por la UNP se adopten conforme a la Constitución y la ley, preservando tanto el interés general como los derechos de las personas que dependen de estos esquemas de seguridad.

Ahora será la Procuraduría General de la Nación la encargada de evaluar la petición presentada por el Gobierno electo y determinar las actuaciones preventivas que considere procedentes dentro de sus competencias constitucionales y legales.