Gobierno electo de Abelardo de La Espriella proyecta construir diez megacárceles con enfoque en resocialización y respeto por los derechos humanos

La reforma penitenciaria será una de las prioridades del nuevo gobierno. A pocas semanas de la posesión presidencial prevista para el 7 de agosto, el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella continúa revelando algunos de los principales proyectos que marcarán el inicio de su administración. Uno de ellos corresponde a una reforma integral del sistema penitenciario, liderada por el futuro ministro de Justicia, Iván Cancino.

El funcionario designado confirmó que el Gobierno impulsará la construcción de diez megacárceles como parte de una estrategia para enfrentar problemas estructurales del sistema carcelario colombiano, entre ellos el hacinamiento, la corrupción al interior de los establecimientos penitenciarios y las limitaciones para garantizar condiciones dignas de reclusión.

Cancino explicó que el objetivo de esta iniciativa no será incrementar indiscriminadamente la población privada de la libertad, sino crear una infraestructura moderna que permita mejorar las condiciones actuales del sistema penitenciario.

Infraestructura moderna con enfoque en derechos humanos

El futuro ministro aclaró que el concepto de “megacárceles” no debe asociarse automáticamente con modelos implementados en otros países, como el de El Salvador, y aseguró que el proyecto colombiano tendrá características propias, ajustadas a la Constitución y a la jurisprudencia nacional.

Según indicó, las nuevas prisiones serán diseñadas bajo criterios de respeto por los derechos humanos y cumplirán con las decisiones emitidas por la Corte Constitucional en materia penitenciaria.

“No van a ser cárceles que violen los derechos humanos. Serán establecimientos modernos con programas de resocialización”, señaló Cancino al referirse al alcance del proyecto.

El funcionario agregó que la construcción de estos complejos permitirá ofrecer mejores espacios para las personas privadas de la libertad, facilitar procesos de rehabilitación y reducir las condiciones de hacinamiento que durante años han afectado al sistema carcelario colombiano.

Tratamiento diferenciado para los internos de mayor peligrosidad

Dentro del modelo planteado por el nuevo Gobierno, Cancino explicó que se contempla un tratamiento especial para los internos considerados de mayor peligrosidad, especialmente aquellos que continúan dirigiendo actividades delictivas desde prisión.

Sin embargo, enfatizó que ese régimen diferenciado no implicará restricciones contrarias a los derechos fundamentales.

El ministro designado sostuvo que el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria se apoyará en la incorporación de nuevas tecnologías, sistemas de automatización, vigilancia mediante cámaras y procesos de digitalización para disminuir los riesgos de corrupción y mejorar el control al interior de los establecimientos.

También señaló que varias cárceles antiguas podrían ser reemplazadas por estas nuevas infraestructuras, al considerar que muchas de ellas ya no ofrecen condiciones adecuadas para garantizar tanto la seguridad como la dignidad de la población privada de la libertad.

Financiación mediante alianzas público-privadas

En materia financiera, Cancino explicó que la intención del Gobierno es desarrollar el proyecto con el menor impacto posible sobre las finanzas públicas.

Para ello, indicó que se estudia la utilización de alianzas público-privadas (APP) y mecanismos de cooperación con organismos multilaterales que permitan ejecutar las obras sin comprometer significativamente recursos del presupuesto nacional.

El futuro ministro señaló que la planeación del proyecto comenzó hace varios meses, aunque precisó que, por razones de seguridad, aún no se divulgarán las ciudades donde estarán ubicadas las nuevas cárceles.

La resocialización seguirá siendo un componente central

Además del fortalecimiento de la infraestructura, Cancino destacó que la política penitenciaria del próximo Gobierno buscará ampliar los programas de resocialización y formación para la población privada de la libertad.

Como ejemplo mencionó experiencias que ya funcionan en algunos centros penitenciarios del país, donde los internos desarrollan actividades productivas como confección de uniformes, fabricación de prendas de vestir y otros proyectos laborales orientados a facilitar su reintegración social.

Según explicó, la política combinará medidas de máxima seguridad para los delincuentes de mayor peligrosidad con programas que permitan ofrecer oportunidades de rehabilitación a quienes cumplen sus condenas.

Con esta iniciativa, el Gobierno electo pretende modernizar el sistema penitenciario colombiano mediante una estrategia que combine infraestructura, tecnología, seguridad y procesos de resocialización dentro del marco constitucional.