Gobierno electo de Abelardo De La Espriella denunció presuntas irregularidades por más de $370.000 millones ante los organismos de control

El equipo de transición del presidente electo Abelardo De La Espriella informó que puso en conocimiento de los principales organismos de control del país una nueva batería de denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción e irregularidades administrativas detectadas durante el proceso de empalme.

De acuerdo con el comunicado de prensa identificado como el Comunicado 254, fechado el 4 de agosto de 2026, el gobierno entrante señaló que las actuaciones fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

En el documento se afirma que el objetivo es que las autoridades competentes adelanten las investigaciones correspondientes sobre operaciones que, según el consolidado elaborado por el Empalme Anticorrupción, involucrarían recursos superiores a los $370.000 millones.

El comunicado señala textualmente que el gobierno electo "puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación una nueva batería de denuncias por presuntos hechos de corrupción e irregularidades administrativas relacionadas con recursos superiores a $370.000 millones".

Uno de los casos mencionados corresponde a un contrato para la adquisición de 16 sistemas antidrones destinados al Ministerio de Defensa y a CODALTEC.

Según el comunicado, el análisis técnico realizado durante el empalme habría identificado "posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a $20.700 millones y la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional".

El documento no precisa responsabilidades individuales ni informa sobre decisiones judiciales o disciplinarias adoptadas hasta el momento, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de verificar la información y determinar si existen méritos para abrir investigaciones formales.

El comunicado oficial también hace referencia a una contratación directa de la Unidad Nacional de Protección (UNP)por $24.800 millones.

Según el texto divulgado por el equipo del presidente electo, dicha contratación habría sido adjudicada "pese a una orden judicial de suspensión del proceso de selección que le dio origen", motivo por el cual se solicitó la intervención de los organismos de control.

De igual manera, el gobierno electo informó que, en el caso de CENIT, filial de Ecopetrol, fueron entregados nuevos elementos relacionados con un contrato jurídico cercano a $23.000 millones.

El comunicado sostiene que dichos elementos estarían relacionados con "presuntas presiones políticas, sugerencias de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento", afirmaciones que deberán ser verificadas dentro de las investigaciones que eventualmente adelanten las autoridades.

El documento indica que las actuaciones fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, identificado como director del Grupo Élite de Empalme Anticorrupción.

Asimismo, el gobierno electo aseguró que continuará remitiendo nuevos hallazgos técnicos y jurídicos a los organismos competentes conforme avance el proceso de revisión de la administración saliente.

En ese sentido, el comunicado concluye que el propósito es "proteger los recursos públicos y garantizar que ningún posible acto de corrupción quede sin investigación".