Gobierno de De la Espriella evalúa militarizar el Inpec para reforzar disciplina y control penitenciario.

Una reforma de fondo para el sistema penitenciario

El Gobierno nacional evalúa la posibilidad de modificar de manera profunda la estructura y el funcionamiento del Inpec, con una propuesta que contempla su eventual incorporación al Ministerio de Defensa. De concretarse, la institución asumiría protocolos y criterios de operación asociados al sector de seguridad y podría quedar sometida a un régimen disciplinario semejante al de las Fuerzas Militares.

Uno de los principales cambios estaría relacionado con el régimen laboral de los funcionarios. La propuesta contemplaría restricciones para la conformación de sindicatos y limitaciones en determinados derechos políticos, entre ellos el ejercicio del voto, según la información suministrada sobre la iniciativa.

El argumento planteado por sectores que respaldan la transformación apunta a fortalecer la disciplina interna y facilitar los procesos contra funcionarios involucrados en posibles irregularidades. Una fuente citada en el material señaló que los fueros sindicales han dificultado, en algunos casos, la aplicación de medidas disciplinarias.

La eventual reforma también implicaría modificar la misión y los objetivos estratégicos del Inpec, dando mayor prioridad a la seguridad y al control penitenciario y reduciendo el peso de las funciones administrativas dentro de la estructura institucional.

Sindicatos cuestionan la propuesta

La posibilidad de militarizar el Inpec ha generado resistencia entre las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores penitenciarios. La propuesta supone modificaciones sustanciales en las condiciones laborales y en los mecanismos de representación de los funcionarios.

De acuerdo con la información conocida, el Gobierno todavía analiza el mecanismo jurídico necesario para implementar la transformación. Una de las alternativas consiste en determinar si el cambio puede realizarse mediante una decisión presidencial o si, por el contrario, requiere una ley tramitada ante el Congreso de la República.

El debate también está relacionado con investigaciones sobre presuntas irregularidades dentro de la institución. En el material que sustenta esta información se mencionan indagaciones de la Fiscalía sobre un supuesto uso irregular de fueros sindicales para proteger a funcionarios sometidos a investigaciones disciplinarias. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos que deberán ser establecidos por las autoridades competentes.

La eventual reforma, por tanto, tendría que definir el equilibrio entre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y el respeto de los derechos laborales y constitucionales de los trabajadores.

Seguridad penitenciaria, otro frente de preocupación

La discusión sobre el futuro del Inpec ocurre además en un momento de alta tensión para los funcionarios encargados de la vigilancia y custodia de los centros penitenciarios.

En los últimos días se han reportado hechos violentos contra trabajadores del sistema. Entre ellos aparece el asesinato del inspector Efraín Quesada Urrego en Santander, además de un ataque contra otro funcionario en Bogotá y la circulación de amenazas relacionadas con la cárcel La Picota.

La Unión de Trabajadores Penitenciarios ha solicitado medidas de protección para sus integrantes y ha advertido sobre las condiciones de seguridad en algunos establecimientos.

La situación adquirió especial relevancia ante el anuncio del traslado de internos considerados de alta peligrosidad hacia el establecimiento penitenciario de Palogordo, en Girón. El sindicato ha cuestionado si las instalaciones cuentan con las condiciones necesarias para recibir a este tipo de población carcelaria.

El Gobierno deberá definir en los próximos días el alcance jurídico e institucional de la reforma que se estudia. Si avanza, la transformación del Inpec representaría un cambio significativo en el modelo penitenciario colombiano, con efectos sobre la estructura administrativa, el régimen disciplinario, la seguridad de los establecimientos y las condiciones laborales de sus funcionarios.

Por ahora, la iniciativa permanece en evaluación y no se ha concretado el mecanismo definitivo para su implementación. La discusión deberá pasar por los escenarios institucionales correspondientes y determinar hasta dónde llegará la transformación propuesta para el sistema penitenciario.