Gobernadores desconocen aplicación del decreto de emergencia económica mientras decide la Corte

En una declaración conjunta emitida este jueves 15 de enero de 2026, un grupo de gobernadores anunció que no aplicará varias disposiciones del Decreto 1474 de 2025, expedido por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia económica.

La decisión fue adoptada tras una reunión extraordinaria realizada en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND) en Bogotá, en la que los mandatarios departamentales expusieron su preocupación por los efectos fiscales y jurídicos de la norma.

De acuerdo con lo manifestado por los gobernadores, el decreto introduce medidas tributarias que, a su juicio, comprometen la autonomía territorial y la estabilidad financiera de los departamentos. Entre los principales puntos cuestionados se encuentran los cambios en el impuesto al consumo y el incremento del IVA aplicado a productos como licores y cigarrillos, recursos que tradicionalmente financian servicios departamentales en áreas como salud, educación y deporte.

En el encuentro, los mandatarios acordaron avanzar en la definición de acciones jurídicas para frenar la aplicación del decreto mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre su legalidad.

Con el acompañamiento de la FND, los departamentos estudiarán el instrumento jurídico que consideran más idóneo, incluida la eventual aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, figura que permite a las autoridades territoriales abstenerse de aplicar una norma que estimen contraria a la Constitución.

Como parte de esa estrategia, los gobernadores anunciaron la conformación de una comisión que solicitará un espacio de intervención ante la Corte Constitucional. Esta comisión estará integrada por las gobernadoras del Tolima, Adriana Magali Matiz, y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, así como por los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón; Caquetá, Luis Francisco Ruiz; Nariño, Luis Alfonso Escobar, y el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

Según el pronunciamiento conocido tras la reunión, los mandatarios consideran que la nueva carga impositiva prevista en el decreto genera un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y limita su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales. También señalaron que la norma podría afectar la inversión regional y alterar la planeación presupuestal de las entidades territoriales.

La postura colectiva se suma a decisiones ya anunciadas por varios departamentos. Al menos 17 gobernadores confirmaron que no aplicarán los artículos del decreto relacionados con el impuesto al consumo de licores y tabaco, a la espera del fallo de la Corte Constitucional, que adelanta el control automático de constitucionalidad sobre la declaratoria de emergencia económica.

En paralelo, los gobernadores solicitaron al Gobierno nacional respeto por la institucionalidad que representan y pidieron la realización urgente de consejos regionales de seguridad para analizar medidas de prevención frente a situaciones de orden público y riesgos electorales en distintas zonas del país.

La discusión sobre el decreto, mientras tanto, queda en manos del alto tribunal, ante el cual los departamentos buscan exponer los efectos que, según indican, la norma tiene sobre la autonomía fiscal y administrativa de las regiones.

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