Exnegociador de paz cuestionó demoras de la JEP y respaldó una revisión de su estructura

El debate sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a ocupar un lugar central en la discusión nacional, esta vez por cuenta de las declaraciones de Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador del Gobierno colombiano durante los diálogos de paz con las extintas Farc.

El exnegociador reconoció que la jurisdicción ha enfrentado dificultades durante su funcionamiento y consideró necesario revisar algunos de sus procedimientos. Entre los aspectos que cuestionó se encuentran los tiempos de actuación y el tamaño de la estructura administrativa.

Las declaraciones se producen mientras avanza la discusión sobre el presupuesto de la JEP para 2027. Una ponencia sobre el Presupuesto General de la Nación contempla una reducción de $170.000 millones para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual hace parte la jurisdicción. De acuerdo con la información publicada sobre la propuesta, $100.000 millones serían trasladados a la justicia ordinaria y $70.000 millones al sector deporte.

De la Calle sostuvo que, en un escenario de restricciones fiscales para el conjunto del Estado, la JEP también debe revisar su estructura y buscar mecanismos para ajustar sus gastos. Su planteamiento se suma a las diferentes posiciones que han surgido alrededor del presupuesto de la institución.

Durante sus intervenciones recientes, De la Calle ha señalado que la JEP no ha avanzado con la rapidez que esperaba el diseño original de la justicia transicional. También ha cuestionado la incorporación de procedimientos que, según su lectura, han hecho más complejos los procesos.

El exnegociador afirmó que la jurisdicción debe corregir problemas de eficacia y evitar que la discusión sobre sus recursos se limite a la defensa de su presupuesto. Al mismo tiempo, señaló que no respalda una eliminación de la entidad.

La discusión fiscal ha generado una respuesta de la propia JEP. El presidente de la jurisdicción, magistrado Alejandro Ramelli, ha advertido sobre las consecuencias que tendría una reducción significativa de los recursos asignados al tribunal.

Según reportes publicados en septiembre, la propuesta de modificación presupuestal contempla reducciones tanto en funcionamiento como en inversión. La JEP ha sostenido que una disminución de esa magnitud comprometería su capacidad operativa, incluida la presencia territorial y el desarrollo de sus funciones judiciales.arse en cumplir las tareas para las cuales fue creada y avanzar en los procesos pendientes dentro del marco establecido por

Cabe recordar que la institución fue creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 y tiene competencias específicas dentro del sistema de justicia transicional.

De la Calle también ha planteado que la JEP debe concentrarse en cumplir las tareas para las cuales fue creada y avanzar en los procesos pendientes dentro del marco establecido por el Acuerdo de Paz. Su posición combina el reconocimiento de las dificultades de la entidad con la consideración de que su funcionamiento debe ser objeto de ajustes.

Se indicó además que la decisión final dependerá del trámite que siga el presupuesto y de las determinaciones que adopten las autoridades competentes.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué cuestionó Humberto de la Calle sobre la JEP?

El exnegociador de paz cuestionó las demoras en los tiempos de actuación y el tamaño de la estructura administrativa de la JEP, señalando que no ha avanzado con la rapidez esperada.

¿Por qué se da esta discusión sobre la JEP?

La discusión surge mientras avanza la ponencia sobre el Presupuesto General de la Nación para 2027, que contempla una reducción de $170.000 millones para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual hace parte la JEP.

¿Cuál es la postura de la JEP frente a la propuesta de recorte presupuestal?

El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, ha advertido que una reducción significativa de los recursos comprometería la capacidad operativa de la jurisdicción, incluyendo su presencia territorial y el desarrollo de sus funciones judiciales.