Álvaro Uribe planteó revisar las consecuencias del plebiscito de 2016 y pide cambios frente al narcotráfico y la JEP

A diez años de la votación del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz con las Farc, el expresidente Álvaro Uribe volvió sobre los principales debates que marcaron aquella jornada electoral y planteó una serie de asuntos que, según su posición, deberían ser revisados por el Estado colombiano.

En un pronunciamiento divulgado este 2 de octubre, fecha en la que se cumplen diez años de la consulta popular de 2016, el exmandatario centró su mensaje en tres temas: el comportamiento del narcotráfico, el tratamiento judicial de los integrantes de la Fuerza Pública y los derechos políticos de personas condenadas.

El plebiscito del 2 de octubre de 2016 preguntó a los colombianos si respaldaban el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. La opción del No obtuvo una mayoría estrecha frente al Sí, en una jornada en la que participaron cerca de 13 millones de ciudadanos. Posteriormente, el Gobierno introdujo modificaciones al acuerdo y este fue firmado nuevamente en noviembre de ese año. I

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En su balance, Uribe puso en primer lugar el crecimiento del narcotráfico. El expresidente comparó una cifra que atribuyó a 2010 con otra correspondiente a 2024 y señaló que el volumen de cocaína pasó, según sus datos, de 150 a 2.100 toneladas.

“Diez años del plebiscito. Es tiempo de resolver problemas que dejó. Primero, acabar con el narcotráfico que pasó de 150 toneladas de cocaína llegadas al mercado en 2010 a 2100 toneladas de cocaína llegadas al mercado en 2024. Y con toda la violencia generada”, afirmó.

Las cifras sobre producción potencial de cocaína han sido objeto de actualización y discusión metodológica. El monitoreo de Naciones Unidas y el Gobierno colombiano reportó para 2023 una producción potencial de 2.664 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Para 2024, los datos publicados posteriormente situaron la estimación en alrededor de 3.001 toneladas, junto con 261.000 hectáreas de cultivos de coca. S

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El segundo punto planteado por el expresidente estuvo relacionado con la situación de los militares que han sido procesados o condenados por hechos asociados al conflicto armado. Uribe sostuvo que es necesario modificar lo que considera un tratamiento injusto para integrantes de las Fuerzas Militares y anunció que el Centro Democrático promueve una iniciativa legislativa sobre las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz.

“El Centro Democrático presentó y promueve el proyecto para que la sentencia de la JEP contra militares tengan revisión automática en la justicia penal militar”, afirmó el exmandatario.

Según explicó, la propuesta también contempla que las penas privativas de la libertad relacionadas con esos hechos tengan un límite de cinco años y puedan acompañarse de una alternativa restaurativa. Estas son propuestas políticas del partido y, como tales, su eventual aplicación dependería del trámite legislativo y de las disposiciones que finalmente sean aprobadas.

El tercer aspecto abordado por Uribe estuvo relacionado con los derechos políticos. El expresidente cuestionó que integrantes de las antiguas Farc hayan accedido a derechos políticos dentro del marco establecido por el Acuerdo de Paz, mientras que otras personas condenadas por diferentes delitos permanecen sin esos derechos.

“Mientras a los miembros de Farc se concedieron todos los derechos políticos, el de elegibilidad, por ejemplo. No obstante los crímenes atroces, muchos colombianos condenados justa o injustamente necesitan recuperar sus derechos políticos”, sostuvo.

Este punto vuelve a poner sobre la mesa una de las discusiones centrales del modelo de justicia transicional establecido tras el acuerdo: el tratamiento diferenciado de quienes participaron en el conflicto armado y se sometieron al sistema de justicia transicional frente a las reglas aplicables a personas procesadas por la justicia Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su competencia comprende hechos relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado cometidos antes del 1 de diciembre ordinaria.

La JEP fue creada precisamente como uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su competencia comprende hechos relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, bajo las condiciones establecidas en su marco jurídico.

Uribe cerró su pronunciamiento señalando que el país debe buscar alternativas frente a lo que considera consecuencias pendientes del proceso de paz.

“Es hora de buscar soluciones a los inmensos problemas heredados por el desconocimiento del resultado del plebiscito”, manifestó.

Diez años después de aquella votación, el Acuerdo de Paz continúa siendo objeto de discusiones sobre su implementación, la justicia transicional, la participación política, la seguridad y la evolución del narcotráfico. Estudios recientes también muestran que la valoración ciudadana del acuerdo y de instituciones como la JEP continúa siendo materia de debate público.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué planteó el expresidente Álvaro Uribe al cumplirse diez años del plebiscito de 2016?

El expresidente Álvaro Uribe planteó revisar las consecuencias del plebiscito de 2016 y pidió cambios frente al narcotráfico, la situación jurídica de la Fuerza Pública y los derechos políticos de personas condenadas.

¿Cuáles son los principales temas que Uribe considera pendientes de revisión?

Uribe centró su mensaje en el comportamiento del narcotráfico, el tratamiento judicial de los integrantes de la Fuerza Pública y los derechos políticos de personas condenadas.

¿Qué propuestas específicas hizo Uribe o el Centro Democrático sobre la Fuerza Pública y los derechos políticos?

El Centro Democrático promueve una iniciativa para que las sentencias de la JEP contra militares tengan revisión automática en la justicia penal militar y que las penas privativas de la libertad tengan un límite de cinco años. Uribe también cuestionó que exmiembros de las Farc tengan derechos políticos mientras otros condenados no.