Daniel Briceño pidió intervención de la Procuraduría por presuntas irregularidades en provisión de cargos en la UNP

Una solicitud formal de intervención preventiva encendió las alertas sobre el proceso de provisión de cargos en la Unidad Nacional de Protección (UNP). El representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Felipe Briceño, acudió ante la Procuraduría General de la Nación para pedir acciones urgentes que permitan verificar la legalidad y transparencia en la conformación de la planta de personal bajo el Decreto 020 de 2026.

El documento, dirigido al procurador general Gregorio Eljach Pacheco, advierte sobre posibles irregularidades en el procedimiento y plantea la necesidad de adoptar medidas que garanticen el respeto a principios fundamentales de la función pública. En la solicitud, el congresista pide expresamente la “apertura de actuación preventiva formal orientada a salvaguardar los principios de transparencia, publicidad, planeación, objetividad, igualdad y moralidad administrativa”.

Briceño sustenta su petición en lo que denomina “el riesgo advertido y fundamentos de la solicitud”, señalando que la facultad discrecional en los nombramientos no puede convertirse en un mecanismo arbitrario. En ese sentido, recuerda que los actos administrativos deben responder a criterios objetivos y verificables. Según el documento, “los actos discrecionales deben ser adecuados a los fines de la norma y proporcionales a los hechos que los motivan”.

Uno de los puntos centrales de la alerta radica en presuntas deficiencias en la planeación presupuestal. El representante sostiene que es necesario establecer si la ampliación de la planta de personal estaba contemplada en la programación financiera o si responde a decisiones posteriores sin sustento técnico. “Corresponde verificar si la programación presupuestal de la vigencia 2026 garantizaba el pago integral de la nómina y prestaciones sociales”, indica.

Asimismo, advierte sobre la naturaleza crítica de la UNP, entidad encargada de la protección de altos funcionarios, líderes sociales y figuras públicas. En ese contexto, enfatiza que procesos como el Análisis Integral de Confiabilidad y las pruebas de idoneidad son determinantes para garantizar la seguridad institucional.

Dentro de las peticiones concretas, el congresista solicita a la Procuraduría requerir información detallada a la UNP en un plazo de 48 horas. Entre los datos exigidos se encuentran el número de candidatos evaluados, las autorizaciones para exámenes médicos, y la confirmación de que las actuaciones corresponden a vacantes definitivas creadas por el decreto en mención.

Además, plantea la necesidad de realizar una inspección documental “in situ” en áreas clave como la Dirección de Talento Humano y la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de verificar la trazabilidad de decisiones recientes, incluyendo nombramientos, actas de aprobación y comunicaciones internas.

Otro de los puntos relevantes es la solicitud de emitir una advertencia preventiva a la dirección de la UNP para que adopte un cronograma claro y restablezca la publicidad del proceso antes de continuar con nuevos nombramientos. Incluso, el documento propone “recomendar la abstención temporal” de expedir nuevos actos administrativos hasta tanto no se garanticen las condiciones de transparencia exigidas.

El congresista también pidió verificar el cumplimiento de las restricciones establecidas en la Ley de Garantías, señalando que ningún proceso de vinculación o modificación de nómina debe contravenir lo dispuesto en la normativa electoral.

Finalmente, Briceño subraya que la información solicitada tiene un evidente interés público y es clave para el ejercicio del control político. “La información solicitada reviste un evidente interés público y resulta necesaria para el adecuado ejercicio de las funciones constitucionales”, concluye el documento.