Cuatro ministros, un acuerdo y las reacciones al pacto que puso fin al paro camionero
El acuerdo que puso fin al paro nacional de camioneros el 6 de septiembre de 2024 no solo fue el resultado de intensas negociaciones, sino también del despliegue de una significativa fuerza política y ministerial.
El acuerdo que puso fin al paro nacional de camioneros el 6 de septiembre de 2024 no solo fue el resultado de intensas negociaciones, sino también del despliegue de una significativa fuerza política y ministerial.
El Gobierno Nacional tuvo que movilizar a cuatro de sus ministros clave para llegar a un consenso con los pequeños gremios de transportadores: la ministra de Transporte, María Constanza García; la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; y el ministro de Minas, Andrés Camacho.
La participación de estos altos funcionarios fue necesaria debido a la complejidad de los temas en discusión, que abarcaban desde el aumento del precio del diésel hasta la regulación de los pagos de los fletes, la chatarrización de camiones y la explotación por parte de las empresas intermediarias de carga.
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La intervención del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, garantizó los recursos para cumplir los compromisos financieros, aunque advirtió que la discusión sobre los ajustes necesarios se reabrirá en 2025.
“La negociación fue difícil, pero logramos un acuerdo en beneficio de los transportadores y de la economía del país”, dijo la ministra de Transporte.
Por su parte, Bonilla expresó: “El acuerdo actual responde a las necesidades urgentes, pero queda abierta la discusión para los ajustes en 2025. Hay que seguir trabajando en soluciones de largo plazo para estabilizar el precio del diésel y evitar nuevos conflictos”.
Reacciones al acuerdo
El acuerdo, que incluyó un alza inmediata de $400 en el precio del diésel y otro aumento similar en diciembre, fue recibido con alivio por algunos sectores y con críticas por otros.
El presidente Gustavo Petro fue de los primeros que celebró la resolución del conflicto, destacando el papel de los pequeños camioneros y su capacidad para imponer una agenda clara. “Resolvimos el paro camionero más rápido de lo que se esperaba y de la mejor manera posible. Felicitaciones a los pequeños camioneros que priorizaron su agenda de reivindicaciones por encima de intereses externos», afirmó Petro en un mensaje emitido desde la Casa de Nariño.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también celebró el pacto, asegurando que la movilidad en la capital volvería a la normalidad. “Bogotá está volviendo a la normalidad. Celebramos que el Gobierno Nacional y los transportadores hayan llegado a un acuerdo para poner fin al paro y levantar los bloqueos que afectaron la movilidad en Bogotá y otras regiones del país durante cuatro días”, señaló el Alcalde.
Sin embargo, no todas las reacciones fueron favorables. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, criticó el acuerdo y señaló que el Gobierno cedió en casi todo para lograrlo. Cabal insistió en la necesidad de revisar la fórmula de costos del diésel, argumentando que el sector transporte debe ser mejor escuchado. “El transporte de carga es la fuerza vital de la economía de este país. No puede ser que a Petro le quede más fácil hablar con terroristas que con los transportadores”, afirmó la Senadora en un duro cuestionamiento a la gestión del presidente.
Además, Cabal alertó sobre las consecuencias a largo plazo de los compromisos financieros adquiridos por el Gobierno, insinuando que los ajustes que se reabrirán en 2025 podrían generar nuevas fricciones entre los transportadores y el Ejecutivo.
Un acuerdo frágil con miras al futuro
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dejó claro que aunque el acuerdo resuelve las tensiones inmediatas, la discusión sobre el precio del diésel y otras reivindicaciones del sector camionero seguirá abierta.
Más allá del acuerdo, se sabe que el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió aumentar los precio de la gasolina (desde 2022) y ACPM (en 2024) para resolver el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) que está creciendo y que sigue llevándose recursos de las finanzas públicas.
Bonilla explicó que esta es una solución temporal, pero no será suficiente.
«Esperábamos recuperar este año un billón 600.000 millones de pesos del déficit en el Fondo de Estabilización de Precio de los Combustibles, que es de 12 billones en el año. Con este acuerdo, solo vamos a recuperar 600.000 millones este año. Y vamos a ir mirando hacia adelante, para el año 2025, cómo es el precio real del Diesel y, con base en esa revisión, qué tipo de ajustes vamos a hacer», mencionó.
Y es que la subida del precio a más de $1.900 pesos colombianos no era la primera planteada, ya que el objetivo es que suba hasta $6.000 pesos colombianos en un futuro.
Por eso, no hay que creer que hay una fórmula que haya resuelto todo el problema, solo se alza una pequeña parte y todavía faltarán más de $5.000 pesos por subir.

Por lo que Bonilla manifestó sobre el ya mencionado FEPC que esta negociación solo es con un sector de los consumidores de Diesel, ya que hay otros que ya deberán pagar esa tarifa plena que se estableció con el decreto del 29 de agosto.
«Siempre ha tenido déficit, pero se agudizó en 2021, tuvo déficit de 15 billones, en 2022 fue de 37 billones, en 2023 fue de 20, y este año lo habíamos bajado y va a quedar en 11. Y en el 2025, con los ajustes, vamos a bajar más. En materia de Diesel, tenemos 3 políticas claras: 1. Los grandes consumidores, más de 20.000 galones mensuales y que lo compran al distribuidor, ya tiene tarifa plena. 2. Este grupo general va a tener tarifa progresiva: 400 pesos ahora y 400 en diciembre. 3. Los consumidores de Diesel en camionetas, camperos y automóviles que van a tener ese tipo de aumento, en 2 meses van a tener la tarifa plena», puntualizó Bonilla.
Aunque el Gobierno Nacional ha logrado calmar las aguas por ahora, las voces críticas y las expectativas insatisfechas del sector del transporte sugieren que el conflicto podría reemergir en los próximos meses si no se implementan soluciones estructurales y de largo plazo.

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