De la Espriella cuestionó presupuesto de la JEP y desmiente "asfixia fiscal"

El presidente Abelardo De La Espriella ha rechazado enérgicamente la reciente comunicación enviada por Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la Corte Penal Internacional (CPI). En dicha misiva, fechada el 18 de septiembre, Ramelli alertaba sobre una supuesta “asfixia presupuestal” por parte del Gobierno, una afirmación que De La Espriella ha desmentido categóricamente, calificándola como una cuestión de “responsabilidad fiscal” y no de venganza o asfixia.

El debate sobre los recursos de la JEP

La controversia surgió tras la carta de la JEP a la CPI, donde se expresaba preocupación por posibles recortes presupuestales y sus implicaciones. Sin embargo, el presidente De La Espriella, a través de su cuenta de X, manifestó su desacuerdo con el contenido, el alcance y el tono de la comunicación. Subrayó que la fijación de la posición del Gobierno y el debate del presupuesto general de la Nación en el Congreso son procesos constitucionales legítimos y no representan una amenaza para la independencia judicial.

De La Espriella enfatizó que, desde su creación en 2018, la JEP ha recibido una considerable suma de recursos públicos, superando los 3 billones de pesos del erario. Detalló que para el año 2025 se le asignaron 777.069 millones de pesos, y para 2026, la jurisdicción opera con aproximadamente 744.659 millones de pesos. La solicitud presupuestal de la JEP para 2027 ascendía a 947.642 millones de pesos, mientras que el proyecto de presupuesto actual contempla 821.803 millones de pesos. Esta diferencia, según el presidente, no constituye una “asfixia”, sino una aplicación de la “responsabilidad fiscal”.

Cuestionamientos a la gestión y la nómina

La carta de Ramelli, identificada con el número PRS-239-2026, fue dirigida a la ciudadanía y a la Fiscalía de la CPI, advirtiendo sobre una posible afectación a la independencia y al funcionamiento de la JEP debido a iniciativas legislativas y presupuestales en trámite. El magistrado argumentó que esto podría tener “consecuencias directas sobre las condiciones de seguridad de miles de personas vinculadas a los procesos que adelanta la JEP”.

En respuesta, el presidente De La Espriella planteó la necesidad de rendir cuentas sobre el uso de los recursos ya asignados. Recordó que, durante años, la JEP fue cuestionada por la lentitud en la emisión de sentencias, con las primeras decisiones restaurativas llegando apenas en 2025. A su juicio, los resultados judiciales no se corresponden con el tamaño de la estructura burocrática de la entidad. Un punto central de su crítica fue el costo de la nómina, que solo en 2026 se estimó en 404.477 millones de pesos.

Salarios y prioridades de la justicia

El mandatario también se refirió a cifras difundidas públicamente sobre el salario del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. Según los datos citados por De La Espriella, el salario de Ramelli habría pasado de aproximadamente 32 millones de pesos mensuales en 2018 a más de 55 millones como presidente de la JEP, acumulando ingresos estimados en alrededor de 4.500 millones de pesos desde su llegada a la magistratura. “Respeto la independencia judicial, pero no acepto que se pretenda volver inmune la gestión administrativa frente al control, la eficiencia y la rendición de cuentas”, sentenció el presidente.

De La Espriella exigió a la JEP una explicación detallada sobre la planificación y ejecución de sus recursos, sus prioridades y la justificación para solicitar un aumento presupuestal en un contexto de restricciones fiscales. Aclaró que cumplir con el acuerdo de paz implica honrar a las víctimas, pero no significa aprobar automáticamente cualquier solicitud presupuestal ni financiar sin límites una estructura especial en detrimento de la Rama Judicial ordinaria.

Finalmente, el presidente subrayó que su prioridad es fortalecer la justicia ordinaria, la cual enfrenta una urgente necesidad de recursos debido a millones de procesos represados, congestión en los despachos, infraestructura insuficiente y limitaciones tecnológicas. Concluyó que una reasignación de fondos basada en las prioridades públicas no es una interferencia, sino una acción de gobierno. De La Espriella negó cualquier política de venganza contra la JEP, reiterando que su deber es ordenar el gasto público y exigir resultados, y que ninguna institución se situará por encima de estas reglas.