Contraloría alertó aceleración de la contratación estatal en el cierre del Gobierno Petro

Contraloría pide especial vigilancia sobre la contratación pública

A pocos días de concluir el actual periodo presidencial, la Contraloría General de la República expresó su preocupación por el significativo aumento de la contratación estatal registrado una vez finalizaron las limitaciones establecidas por la Ley de Garantías.

La advertencia preventiva fue dirigida al Gobierno nacional a través del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y se extiende a todos los ordenadores del gasto de las entidades del orden nacional, con el propósito de fortalecer los mecanismos de control sobre la ejecución de los recursos públicos durante la etapa final de la administración.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, explicó que el pronunciamiento no constituye una sanción ni implica que existan irregularidades comprobadas en los procesos contractuales. Según indicó, la finalidad es alertar sobre los riesgos que pueden surgir cuando se incrementa de manera acelerada el compromiso de recursos presupuestales en un corto periodo.

Más de $4,5 billones comprometidos en cuatro semanas

De acuerdo con el análisis realizado por el organismo de control, durante las cuatro semanas posteriores al levantamiento de la Ley de Garantías se comprometieron más de 4,5 billones de pesos correspondientes al Presupuesto General de la Nación para 2026.

La mayor parte de estos recursos fue asignada mediante modalidades de contratación directa y contratos de prestación de servicios, mecanismos que concentraron buena parte del crecimiento observado durante ese periodo.

Según explicó Rodríguez en declaraciones a medios nacionales, el comportamiento de la contratación evidencia una aceleración que amerita seguimiento institucional, especialmente por el volumen de obligaciones que podrían trasladarse para su ejecución o pago durante la siguiente administración.

Incremento frente a los registros de 2022

El informe de la Contraloría comparó el comportamiento contractual de este año con el registrado en el mismo periodo de 2022, una vez también finalizaron las restricciones electorales.

Los resultados muestran un crecimiento importante en varias modalidades de contratación.

Los contratos de prestación de servicios pasaron de 8.496 en 2022 a 12.761 en 2026, lo que representa un incremento cercano al 50%.

Por su parte, la contratación directa presentó el mayor aumento porcentual, al pasar de 7.047 contratos a 11.208, equivalente a un crecimiento del 59%.

En cuanto al valor comprometido, la Contraloría señaló que el incremento real fue del 23,8%, una vez descontado el efecto de la inflación.

Para el organismo de control, estas cifras reflejan una dinámica que requiere observación permanente, especialmente por el volumen de recursos comprometidos en un periodo relativamente corto.

Factores de riesgo identificados

Aunque la entidad reiteró que la contratación realizada después del levantamiento de la Ley de Garantías es una herramienta legal de la administración pública, advirtió que existen varios factores que incrementan el riesgo fiscal y justifican un control preventivo.

Entre ellos se encuentran la concentración de recursos públicos en determinados procesos contractuales, el crecimiento acelerado de la contratación en un periodo específico y el uso significativo de la contratación directa.

También llamó la atención sobre la denominada atomización contractual, práctica que consiste en dividir procesos en múltiples contratos de menor cuantía, así como sobre los compromisos económicos derivados de contratos de alto valor que podrían impactar las finanzas del siguiente gobierno.

Según expresó el contralor Carlos Hernán Rodríguez, cuando se observa una aceleración de los procesos contractuales y un aumento en los recursos comprometidos para vigencias futuras, resulta necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para verificar la adecuada planeación y sostenibilidad de esas decisiones.

Inspecciones a entidades del Gobierno

Como parte de las acciones derivadas de esta advertencia, la Contraloría anunció el inicio de una inspección especial al Ministerio de Hacienda.

La revisión buscará verificar la reciente dinámica de los compromisos presupuestales, financieros y contractuales asumidos por el Gobierno Nacional durante las últimas semanas.

Igualmente, el organismo informó que mantendrá seguimiento sobre otras entidades vinculadas al manejo de recursos públicos, entre ellas la Fiduprevisora y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el propósito de revisar la consistencia de las decisiones presupuestales adoptadas.

Atención especial sobre la Agencia Nacional de Tierras

Otro de los puntos incluidos dentro de la advertencia corresponde a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Según el informe, esa entidad suscribió 1.866 contratos directos durante las cuatro semanas analizadas, por un valor superior a los 103.600 millones de pesos.

La Contraloría aclaró que la existencia de estos contratos no implica automáticamente la comisión de irregularidades.

Sin embargo, indicó que el control fiscal deberá verificar que cada uno de esos procesos responda a necesidades reales de la administración, cuente con la debida planeación y no corresponda a una fragmentación indebida de la contratación.

Advertencia preventiva y no sancionatoria

El contralor Carlos Hernán Rodríguez insistió en que la actuación del organismo tiene un carácter exclusivamente preventivo.

Según explicó, la advertencia no cuestiona una actuación específica del ministro de Hacienda ni constituye un juicio anticipado sobre la legalidad de los contratos celebrados.

El objetivo, precisó, es recordar a los responsables del manejo de recursos públicos la obligación de garantizar que los compromisos contractuales mantengan correspondencia con la capacidad financiera de las entidades y con los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal.

Con este pronunciamiento, la Contraloría busca reforzar el seguimiento sobre la ejecución del gasto público durante la recta final del actual Gobierno, en un contexto marcado por el incremento de la contratación estatal y por la necesidad de preservar la estabilidad de las finanzas públicas de cara al inicio de una nueva administración.