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Congreso se está preparando para debatir proyecto que modifica la Ley 418 y regula el sometimiento a la justicia

La ponencia para el primer debate de la ley de sometimiento fue radicada con 13 firmas ante las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara. El documento propone modificar la Ley 418 de 1997 y no contó con la firma de tres congresistas del Pacto Histórico y la Alianza Verde.

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Congreso se está preparando para debatir proyecto que modifica la Ley 418 y regula el sometimiento a la justicia

La propuesta legislativa del Gobierno nacional para establecer un marco jurídico de sometimiento a la justicia de organizaciones armadas y estructuras criminales dio un nuevo paso en el Congreso de la República. La ponencia positiva para primer debate fue radicada con 13 firmas y será estudiada por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara de Representantes.

El documento corresponde al Proyecto de Ley número 433 de 2026 Cámara y 296 de 2026 Senado, cuyo propósito es modificar, adicionar y prorrogar disposiciones de la Ley 418 de 1997, además de establecer lineamientos para la política estatal orientada a garantizar el orden público y promover una intervención territorial integral.

La radicación de la ponencia representa el inicio de una nueva etapa en el trámite legislativo. Los congresistas ponentes recomendaron dar paso a la discusión del articulado con modificaciones, por lo que el texto podrá ser objeto de ajustes durante el debate en las comisiones.

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Aunque el documento cuenta con 13 firmas, tres congresistas pertenecientes al Pacto Histórico y la Alianza Verde no respaldaron la ponencia con su firma. Esta ausencia quedó señalada en el contexto de la radicación del informe, sin que ello permita concluir, por sí solo, cuáles son sus razones o cuál será su posición durante la discusión legislativa.

Entre los firmantes que aparecen en el documento se encuentran los senadores Hernán Cadavid Márquez, Fabio Raúl Amín Saleme y Manuel Virgüez Piraquive, así como los representantes Eimy Julieth Suárez González, Daniel Felipe Briceño Montes, Martha Isabel Ruiz Solera y Guillermo León Blanco Valencia, entre otros.

La ponencia está coordinada por representantes de ambas cámaras, entre ellos Hernán Cadavid y Fabio Raúl Amín por el Senado, y Eimy Julieth Suárez y Daniel Felipe Briceño por la Cámara de Representantes.

El respaldo consignado en el informe permite avanzar hacia la discusión formal del proyecto, aunque la aprobación de la iniciativa dependerá de las decisiones que adopten los congresistas durante el trámite.

El proyecto plantea establecer reglas para el sometimiento colectivo e individual voluntario a la justicia de integrantes de grupos armados ilegales y estructuras criminales. Según la exposición de motivos, la propuesta pretende ofrecer instrumentos jurídicos para facilitar la desmovilización de personas vinculadas a estas organizaciones y contribuir a la recuperación de los territorios afectados por la violencia.

El texto también menciona la necesidad de articular las actuaciones estatales con mecanismos de justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas. La iniciativa busca, además, fortalecer la intervención institucional en zonas donde persisten problemas de seguridad y presencia de organizaciones ilegales.

Otro de los objetivos expuestos consiste en facilitar la reincorporación de quienes se sometan a la justicia bajo las condiciones que establezca la ley, así como contribuir a la reducción de las capacidades operativas de las estructuras criminales.

La ponencia recomienda a las comisiones primeras conjuntas dar primer debate al proyecto, con modificaciones respecto del texto presentado inicialmente. En consecuencia, el contenido definitivo todavía dependerá de las deliberaciones, proposiciones y votaciones que se produzcan durante el proceso legislativo.

La discusión deberá abordar el alcance de los mecanismos de sometimiento, las condiciones jurídicas aplicables a sus beneficiarios y las responsabilidades institucionales para su implementación. También será relevante precisar cómo se articularían las medidas propuestas con los derechos de las víctimas y las obligaciones del Estado frente a la justicia.

La radicación con 13 firmas habilita el avance del informe hacia el debate parlamentario, pero no significa que la iniciativa haya sido aprobada. El proyecto deberá superar las etapas correspondientes en el Congreso antes de convertirse en ley.

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Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el proyecto de ley radicado en el Congreso?

Es una iniciativa del Gobierno nacional que busca modificar la Ley 418 de 1997 para establecer un marco jurídico de sometimiento a la justicia de organizaciones armadas y estructuras criminales.

¿Cuál es el objetivo principal de esta propuesta legislativa?

El proyecto pretende facilitar la desmovilización de integrantes de grupos ilegales y fortalecer la intervención estatal en territorios afectados por la violencia, garantizando reparación a las víctimas.

¿Quiénes respaldaron la ponencia y qué sigue en su trámite?

La ponencia fue radicada con 13 firmas y ahora será discutida en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, donde el texto podrá recibir ajustes y modificaciones.

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