Congresista Simón Molina interviene en proceso judicial sobre Comfenalco Antioquia y pide mantener medidas provisionales

Una nueva actuación judicial relacionada con la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia suma la intervención del representante a la Cámara Simón Molina Gómez, quien radicó un escrito de coadyuvancia ante el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en el marco de un proceso que involucra a la Superintendencia del Subsidio Familiar y a dicha entidad.

El documento, fechado el 30 de julio de 2026 en Medellín, fue presentado dentro del expediente identificado con el radicado “05001-33-33-016-2026-00281-00” y se enmarca como un “escrito de coadyuvancia — Artículo 13 del Decreto 2591 de 1991”. En él, el congresista, integrante del movimiento político Creemos, expone su intención de respaldar la acción interpuesta sin modificar sus pretensiones originales.

En el texto, Molina Gómez señala que actúa “en mi condición de Representante a la Cámara por la circunscripción territorial de Antioquia”, y explica que su intervención busca acompañar jurídicamente la posición del accionante dentro del proceso. Según el documento, “la presente intervención tiene por objeto respaldar, sin modificarlas, ampliarlas ni sustituirlas, las pretensiones formuladas por la parte accionante”.

El congresista enfatiza que su participación no pretende alterar el curso del proceso ni introducir nuevos elementos jurídicos, sino visibilizar la relevancia pública del caso. En ese sentido, advierte que “mi intervención se dirige, exclusivamente, a poner de presente la dimensión pública del asunto sometido a conocimiento del Despacho y la necesidad de que la información solicitada conserve utilidad material”.

Uno de los puntos centrales del escrito es la solicitud de mantener las medidas provisionales adoptadas dentro del proceso, al considerar que su levantamiento podría afectar el análisis adecuado de la información requerida. Molina argumenta que dichas medidas son de carácter “conservativo, temporal y proporcional”, y que resultan necesarias mientras se cumplen las órdenes judiciales y se surte el tiempo razonable de evaluación.

El documento también subraya que la decisión judicial en curso no debe interpretarse como una interrupción de los servicios que presta la caja de compensación. De hecho, se indica que “la medida no afecta la prestación normal de sus servicios a afiliados, empresas y usuarios, lo que confirma su carácter no invasivo”.

En el apartado de solicitudes, el representante pide al despacho judicial cuatro acciones concretas: reconocer su personería como coadyuvante dentro del proceso, acceder a las pretensiones del accionante, mantener la medida provisional vigente y garantizar su notificación sobre las decisiones que se adopten.

Este caso se desarrolla en un contexto de alta atención sobre la gobernanza y funcionamiento de las cajas de compensación familiar en el país, especialmente frente a decisiones administrativas y procesos de intervención. La participación de un congresista en calidad de coadyuvante refleja el interés político e institucional en el desenlace del proceso.

Además, el documento deja entrever la importancia de garantizar que las decisiones judiciales se tomen con base en información completa y oportuna, particularmente cuando están en juego estructuras administrativas que impactan a miles de afiliados.

Por ahora, será el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín el encargado de evaluar la solicitud del congresista y definir el alcance de su intervención en el proceso, así como el futuro de las medidas provisionales que actualmente se encuentran vigentes.