Concejo de Medellín cuestionó la eficacia de la intervención en zonas críticas tras más de siete horas de debate

En una extensa sesión de control político que se prolongó por más de siete horas, el Concejo de Medellín cuestionó la eficacia de la Administración Distrital en las denominadas “zonas rojas”, corredores críticos y la crisis de gobernanza territorial. Aunque los concejales reconocieron la presencia del Estado, advirtieron que esta no se ha traducido en cambios sostenibles en los territorios intervenidos.

Una presencia estatal que no transforma

El debate partió de una premisa compartida: La ciudad no enfrenta una ausencia absoluta del Estado, sino una dificultad para demostrar resultados efectivos. Durante la plenaria, varios concejales señalaron que, pese a la ejecución de operativos, recorridos institucionales y acciones sociales, no existen evidencias concluyentes de transformación en las zonas priorizadas.

Durante la discusión se reiteró que el Plan de Desarrollo “Medellín Te Quiere” no establece una priorización territorial explícita por barrios, sino que organiza su estrategia a partir de componentes urbanos y retos sociales. Esta falta de focalización, según se planteó, limita la capacidad de intervención integral en sectores específicos.

En ese contexto, el concejal Andrés “el Gury” Rodríguez propuso instalar una carpa institucional que concentre la oferta de servicios del Distrito para atender de manera permanente a la población en situación de calle. No obstante, advirtió sobre las dificultades para garantizar traslados efectivos de estas personas. 

“Mucha actividad, poco cambio”

El concejal Farley Macías elevó el tono del debate al calificar el momento como un “examen de conciencia colectiva”. Afirmó que, entre 2024 y 2026, la ciudad desplegó una intervención sostenida en zonas críticas, pero que el resultado observable es la repetición de las mismas dinámicas.

Según expuso, el problema dejó de ser la falta de acción institucional y pasó a ser la forma en que esta se diseña y ejecuta. “Estamos ante un modelo que produce actividad, pero no produce cambio”, sostuvo, al advertir que la intervención, lejos de transformar, podría estar reproduciendo el problema. 

Seguridad y tejido social: un enfoque estructural

El concejal Brisbany Arenas insistió en que la seguridad debe abordarse como un fenómeno estructural que involucra a toda la sociedad. Señaló que la recuperación del tejido social requiere la participación activa de las familias y alertó sobre los efectos del contexto de inseguridad en la salud mental de niños y jóvenes.

Arenas cuestionó la medición de la seguridad basada exclusivamente en cifras operativas y pidió evaluar la capacidad real de recuperación territorial. “Nuestros niños sienten que están condenados a permanecer encerrados para estar seguros”, afirmó. 

Impacto económico y falta de datos

Por su parte, el concejal Luis Guillermo Vélez advirtió sobre la ausencia de cifras claras que permitan dimensionar el fenómeno de habitantes de calle en comparación con otras ciudades del país. Subrayó la necesidad de contar con datos sólidos para orientar la política pública.

También alertó sobre el impacto económico en sectores comerciales, señalando la desvalorización de propiedades y la afectación de negocios. Incluso planteó que podría configurarse una falla en la prestación del servicio por parte del Estado.

 Crimen que se desplaza, no desaparece

La concejal Claudia Carrasquilla centró su intervención en la movilidad de las estructuras criminales. Aseguró que las intervenciones recientes no han eliminado el crimen, sino que lo han desplazado a otros sectores de la ciudad.

“Falta articulación, falta liderazgo y falta decisión”, afirmó, al cuestionar la descoordinación entre dependencias. También enfatizó que la seguridad no puede reducirse a una narrativa institucional, sino que debe reflejarse en resultados tangibles para la ciudadanía.

Prevención, investigación y fortalecimiento institucional

El concejal Andrés Tobón destacó la necesidad de fortalecer la investigación para comprender las dinámicas de las zonas rojas, donde confluyen ilegalidad, trabajo sexual y consumo de sustancias. Aunque reconoció programas existentes como Parceros y Entorno Protector, insistió en que aún se requieren mayores esfuerzos.

En la misma línea, la concejal María Paulina Suárez defendió la capacidad técnica del sistema de atención a habitantes de calle y resaltó el enfoque preventivo como eje central. Señaló que la oferta institucional de la ciudad es robusta y ha incorporado aprendizajes de otras experiencias nacionales e internacionales.

 Un debate abierto sobre el modelo de intervención

La sesión concluyó sin consensos definitivos, pero con un diagnóstico compartido: La intervención institucional en Medellín es intensa, pero no está logrando transformar de manera estructural los territorios críticos.

El Concejo dejó planteada una discusión de fondo sobre el modelo de gestión pública en contextos de alta complejidad social, en la que la efectividad, la articulación y la capacidad de generar cambios sostenibles se perfilan como los principales desafíos para la Administración.

Nini Johana Castañeda asumió como Superintendente de Sociedades encargada