Gobierno descartó plan contra Paloma Valencia tras verificación de inteligencia y mantiene esquema de seguridad

La conclusión fue comunicada por el jefe de la cartera, Pedro Sánchez, quien señaló que no se encontraron elementos que confirmaran un plan contra la aspirante. La revisión se produjo después de que la candidata hiciera pública una alerta sobre un presunto atentado en su contra.

Según su versión inicial, la información le habría sido entregada por funcionarios del Gobierno Nacional, incluyendo al Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, en la que se advertía sobre un posible plan atribuido a estructuras armadas ilegales.

De acuerdo con lo indicado por el Ministerio, las hipótesis que circulaban sobre la participación de la denominada estructura 42 de las antiguas FARC o de un individuo conocido como alias ‘Buche de Tula’ no pudieron ser corroboradas durante las labores de inteligencia. En ese sentido, la entidad precisó que no hay evidencia verificable que sustente la existencia de una amenaza concreta contra la candidata.

El pronunciamiento oficial también indicó que esta información fue trasladada tanto al equipo de campaña como a la propia Paloma Valencia, con el fin de aclarar el alcance de los reportes y evitar interpretaciones distintas sobre la situación de seguridad.

A pesar de descartar el riesgo, el Ministerio de Defensa señaló que se mantienen activos los esquemas de protección para los candidatos presidenciales, en coordinación con la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección. Estas medidas hacen parte de los protocolos establecidos para el desarrollo del proceso electoral.

Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno anunció una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información que permita anticipar o evitar posibles atentados contra aspirantes a la Presidencia. La medida se enmarca dentro de la estrategia denominada “Seguridad & Democracia 2026”, orientada a fortalecer los mecanismos de prevención durante la campaña electoral.

Petro respaldó la información entregada por el Ministerio de Defensa y afirmó que el supuesto atentado no correspondía a un hecho real. En su pronunciamiento, indicó que la alerta estaría relacionada con una situación entre particulares en el ámbito de la delincuencia común, sin vínculo con un plan de carácter político.

El jefe de Estado también hizo referencia a la divulgación pública de la denuncia por parte de la candidata, señalando que la información verificada por los organismos de inteligencia no coincidía con lo expuesto inicialmente en redes sociales.

La alerta se originó el 27 de abril, cuando Paloma Valencia informó que existía un supuesto plan para atentar contra su vida. Según lo expuesto en ese momento, se habría ofrecido una suma cercana a $2.000 millones de pesos para ejecutar el ataque, y los responsables serían integrantes de disidencias de las FARC.

Tras el pronunciamiento oficial del Gobierno, la candidata mantuvo su posición frente a la situación de seguridad y continuó con sus actividades de campaña en distintas regiones del país. En sus declaraciones previas, había señalado que la difusión de la información buscaba alertar sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad política.

En paralelo al desarrollo de este caso, analistas y líderes de opinión han cuestionado el manejo institucional de las alertas de seguridad en escenarios políticos. Las observaciones se centran en la diferencia de tratamiento frente a otras denuncias, particularmente aquellas relacionadas con el senador Iván Cepeda. En ocasiones anteriores, informes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) han descartado amenazas en su contra; sin embargo, sectores políticos y voces públicas han insistido en la existencia de riesgos, manteniendo el tema en la agenda.

Frente a este antecedente, las críticas apuntan a que, en el caso de Paloma Valencia, la desestimación de la amenaza se produjo de manera inmediata por parte del Gobierno, con un pronunciamiento oficial que cerró la discusión en términos institucionales. Algunos analistas han señalado que esta diferencia en los tiempos y en la forma de comunicar las conclusiones genera interrogantes sobre la consistencia en los criterios de evaluación y divulgación de riesgos por parte de las autoridades.

Otras voces han planteado que la controversia no se limita al contenido de los informes de inteligencia, sino a la manera en que estos son interpretados en el debate público. Mientras en algunos casos las advertencias continúan siendo objeto de discusión incluso después de pronunciamientos oficiales, en este episodio la posición del Gobierno fue presentada como definitiva, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre el manejo comunicativo de la información.

En este contexto, el Ministerio de Defensa reiteró que continuará realizando seguimiento a cualquier información relacionada con riesgos para candidatos, y que las capacidades de inteligencia y seguridad permanecerán activas durante el desarrollo del proceso electoral.

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