Polémica por derogación de medidas antidrogas, ¿Gustavo Petro «el permisivo»?

El fin de semana el Partido Conservador anunció su intención de presentar un proyecto de ley para restituir las normas de un decreto del Gobierno Nacional que otorgaba facultades a la Policía para decomisar estupefacientes y multar a portadores de droga en el espacio público y que fue derogado por el presidente comunista Gustavo Petro Urrego. Según el partido, la derogación de este decreto deja al microtráfico en libertad, aumentando el riesgo para jóvenes y niños colombianos.

«Inaceptable que el Gobierno Nacional derogue el decreto que facultaba a la Policía Nacional para decomisar estupefacientes y multar a los portadores de droga en el espacio público. Con esta decisión, el microtráfico queda con patente de corso para actuar con plena libertad, lo cual disparará el consumo, poniendo en grave peligro a jóvenes y niños. Desde Partido Conservador presentaremos un proyecto de ley para restituir lo derogado por el Gobierno Nacional», precisaron a través de un comunicado en redes sociales.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro respondió a los conservadores, argumentando que si el decreto fuese inconstitucional, también lo sería una ley que imponga sanciones administrativas a una libertad otorgada por la Constitución. Vale recordar que Petro ha defendido su posición activamente en redes sociales, insistiendo en que el consumo de drogas debe abordarse con métodos de salud pública y no con medidas punitivas; aunque algunos señalan que esto haría parte de un «negocio» con los cabecillas de los combos dedicados al microtráfico y con quienes negocia actualmente el régimen petrista.

Contrastes por derogación de medidas antidrogas

En la misma línea, el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, expresó su preocupación por la derogación del decreto que definía el procedimiento policial para combatir el microtráfico en espacios públicos. Calificó el interés del Gobierno como un «inexplicable afán por la permisión de todas las drogas en las calles de Colombia» y anunció que buscará revertir la medida a través de la vía judicial.

El Gobierno, por su parte, ha explicado que busca evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas y contrarrestar la oferta de sustancias prohibidas, en consonancia con un nuevo enfoque en la guerra contra las drogas. Sin embargo, la medida ha generado críticas y dudas sobre su efectividad y consecuencias.

María José Pizarro, congresista del Pacto Histórico y defensora del proyecto, salió a explicar que la Policía aún tiene todas las facultades para perseguir y combatir el narcotráfico y el microtráfico. También recordó que el porte y consumo de sustancias psicoactivas no es un delito para la dosis mínima, y cuestionó la efectividad de la persecución al consumidor, señalando la guerra fallida contra las drogas.

En un intento de calmar la controversia, el presidente comunista Gustavo Petro explicó los alcances del Decreto 2114 del 7 de diciembre de 2023, que derogó las multas impuestas por el gobierno anterior. Petro argumenta que, al eliminar las multas inconstitucionales, se cerrará la brecha entre la juventud y la Policía, al dejar de perseguir a jóvenes sospechosos de consumir solo por su apariencia.

Esta posición generó el rechazo de los hogares colombianos, especialmente entre quienes tienen hijos, por la permisividad de este gobierno que sigue abriendo las puertas a la criminalidad y a la delincuencia mientras se las cierra al empresariado y al pueblo trabajador con diferentes impuestos.