En un prolongado Consejo de Ministros realizado el pasado 25 de noviembre, el presidente Gustavo Petro planteó las condiciones que, bajo su criterio, deben regir cualquier acercamiento con los grupos armados asentados en la selva amazónica. El mandatario advirtió que una negociación solo será posible si estas estructuras aceptan sustituir los cultivos de hoja de coca por procesos de recuperación ambiental.
La intervención se produjo luego de la exposición de la ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, quien presentó avances en reforestación y programas de preservación. Tras su informe, Petro señaló que los cultivos ilícitos continúan presionando la degradación de la zona y mencionó directamente al mando ilegal conocido como “Calarcá”, asegurando que los acuerdos dependerán de la disposición real de los grupos armados para abandonar la actividad cocalera. Según sus palabras, si esta condición no se cumple, no habrá negociación.
Durante el balance del Plan Nacional de Desarrollo, el jefe de Estado afirmó que el Gobierno registra un cumplimiento del 34 %, mientras que un 53 % adicional se encuentra en ejecución. Petro indicó que la continuidad de los proyectos dependerá del tiempo restante de su mandato y de la administración que lo suceda. También abordó el aumento salarial para la Fuerza Pública en 2026, una medida que dijo está ligada a la estabilidad del sector defensa, junto con la modernización de capacidades y la adecuación del Hospital Militar para operar con estándares internacionales.
En el bloque ambiental, el Presidente sostuvo que las Conferencias de las Partes (COP) han perdido efectividad y que la COP30 debería ser la última bajo el modelo actual. Aseguró que el mecanismo fue absorbido por intereses petroleros, lo que según él impidió incluir referencias explícitas a los hidrocarburos en la declaración final. Vélez complementó indicando que, aunque Colombia mantuvo liderazgo en la COP16 y presentó propuestas en la COP30, estas no lograron avanzar dentro del proceso de negociación.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expuso cifras sobre delitos de alto impacto y señaló que uno de los principales desafíos del sector es la reducción del homicidio intencional. Señaló que el hurto y las lesiones personales presentan descensos y que las capturas muestran una efectividad del 94 %. También alertó sobre el comportamiento del sicariato, que afecta a un alto porcentaje de las víctimas en el país, y sobre la presencia de estructuras criminales en el suroccidente, donde grupos disidentes han recurrido al uso de explosivos en ataques contra la población civil.
El Consejo de Ministros cerró con la instrucción de revisar los avances expuestos por cada cartera y con la reiteración de las prioridades gubernamentales en materia de seguridad, política ambiental y desarrollo territorial.
