Minga Misak está exigiendo diálogo directo con el Gobierno tras intento de entrar a la fuerza a la Cancillería en el centro de Bogotá
Una movilización de más de 800 integrantes del pueblo indígena Misak se mantiene concentrada en inmediaciones de la Plaza Cultural La Santamaría, luego de una jornada marcada por intentos de ingreso forzado a instalaciones de la Cancillería.
La minga protagonizó enfrentamientos con autoridades en la tarde del pasado martes 21 de abril tras intentar ingresar a la fuerza a las instalaciones de la entidad. Una vez superado el impase, instalaron un campamento en pleno centro de la ciudad. La comunidad anunció que permanecerá en el lugar de manera indefinida hasta que se conforme una mesa de diálogo con representantes del Gobierno que tengan capacidad de decisión.
El episodio quedó registrado frente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, donde un grupo de manifestantes intentó ingresar a la fuerza a la sede diplomática, luego de que dos funcionarias que intentaban salir del edificio fueran rodeadas por miembros de la movilización, quienes impidieron su paso. Al regresar las trabajadoras hacia la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, varios manifestantes intentaron ingresar tras ellas, lo que derivó en empujones contra las puertas de acceso y en una intervención directa del personal de seguridad.
La tensión obligó a evacuar a funcionarios del Ministerio y generó un escenario de desorden en el sector. De acuerdo con reportes distritales, al menos 80 trabajadores quedaron dentro de las instalaciones durante los momentos de mayor presión, mientras que la Policía Metropolitana de Bogotá intervino para contener la situación. La Secretaría de Gobierno reportó que al menos seis personas resultaron heridas en medio de los hechos.
Voceros de la movilización señalaron que la acción respondió a lo que consideran incumplimientos del Estado frente a compromisos relacionados con la seguridad en sus territorios, el acceso a servicios básicos y la garantía de derechos. También cuestionaron decisiones recientes de la Agencia Nacional de Tierras, que, según indicaron, afectarían cerca de 9.600 hectáreas reclamadas por la comunidad.
Tras los incidentes, los manifestantes se desplazaron hacia el sector de La Macarena, donde instalaron un campamento con estructuras improvisadas, incluyendo cambuches, zonas de alimentación y espacios comunitarios. En el lugar permanecen familias completas, incluidos niños y adultos mayores, que pasaron la noche en vehículos y en el espacio público a la espera de una respuesta institucional.
Desde la movilización se reiteró que la permanencia no tendrá límite temporal. Voceros indicaron que no se retirarán hasta que se instale un espacio de diálogo con presencia de ministros o delegados con facultades para tomar decisiones, descartando reuniones de carácter exploratorio o sin compromisos vinculantes. También insistieron en que la situación en sus territorios responde a hechos de violencia y a la falta de implementación de acuerdos previos.
En respuesta, la Administración Distrital activó equipos de gestores de convivencia y brigadas de salud para atender a la población concentrada en el centro de la ciudad. Las autoridades locales señalaron que buscan evitar riesgos sanitarios y nuevas alteraciones del orden público, al tiempo que reiteraron que se garantiza el derecho a la protesta, pero se mantienen restricciones frente a acciones que impliquen la ocupación de instalaciones públicas o afectaciones a terceros.
Por parte del Gobierno Nacional, se expresó disposición al diálogo, aunque se condicionó cualquier acercamiento al mantenimiento del orden público. En medio de la jornada, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, llegó al lugar junto a su equipo para establecer contactos con los voceros de la comunidad.
La presencia de la movilización ha generado impactos en la movilidad del centro de Bogotá, especialmente en corredores como la Carrera Séptima y la Calle 26, donde se han registrado congestiones y desvíos. Comerciantes del sector han optado por cierres preventivos ante el riesgo de nuevos disturbios, mientras residentes han manifestado preocupaciones relacionadas con la seguridad y las condiciones de salubridad en la zona.
La concentración se mantiene en desarrollo, con un campamento activo y sin una hoja de ruta definida para su levantamiento, mientras continúan los contactos entre autoridades y representantes de la comunidad indígena.

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