Petro arremetió contra el BanRep: Planteó subir el salario mínimo en medio de choque por tasas de interés

La advertencia fue formulada durante el Consejo de Ministros del 21 de abril, en un tono que evidenció el distanciamiento entre el Ejecutivo y el Emisor. En su intervención, el mandatario sostuvo que un eventual incremento en las tasas tendría como respuesta un ajuste adicional en el ingreso básico de los trabajadores.

La afirmación se produjo en medio de un contexto en el que la inflación anual se ubica en 5,56% y la tasa de referencia del Banco Central ha venido aumentando en los últimos meses, pasando del 9,25% en abril a 11,25% tras decisiones adoptadas en enero y marzo de este año.

El jefe de Estado justificó su postura en el principio constitucional del salario mínimo como “vital y móvil” y reiteró que, desde su perspectiva, las decisiones del Banco de la República afectan directamente la economía de los hogares. En ese sentido, cuestionó la lógica detrás del endurecimiento de la política monetaria y planteó que el Gobierno debe intervenir para proteger el poder adquisitivo frente al encarecimiento del crédito.

El anuncio reaviva una tensión que no es nueva, ya que desde el inicio de su mandato, Petro ha insistido en la necesidad de reducir las tasas de interés, mientras que la Junta Directiva del Banco ha optado por incrementarlas como mecanismo para contener la inflación. Esta divergencia ha derivado en episodios de confrontación pública, como el ocurrido el pasado 31 de marzo, cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la sesión en la que se definía el aumento de la tasa y anticipó la decisión antes del anuncio oficial.

En esa ocasión, el ministro también marcó distancia frente a la orientación del Banco Central y cuestionó que las decisiones respondieran, según su criterio, a intereses del sector financiero. Estas declaraciones fueron respondidas por el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien rechazó las acusaciones y advirtió que ese tipo de señalamientos dificultan el diálogo institucional.

El nuevo planteamiento del presidente se da, además, en un escenario marcado por el reciente incremento del salario mínimo decretado en diciembre, que alcanzó un alza del 23%, llevando el ingreso básico a dos millones de pesos. Ese ajuste generó reacciones en distintos sectores económicos, que advirtieron sobre su impacto en los costos laborales y en la inflación.

De acuerdo con cálculos de gremios como Fenalco, el costo total por trabajador en 2026 podría superar los tres millones de pesos mensuales, mientras que la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) señaló riesgos asociados al comportamiento de los precios. En paralelo, entidades financieras como Bancolombia proyectaron una inflación cercana al 5% para el cierre del año, por fuera del rango meta del banco central.

En contraste con esas posiciones, el presidente ha sostenido que los incrementos salariales no son el factor determinante en el aumento del costo de vida. Durante el Consejo de Ministros, atribuyó la inflación a variables externas y a dinámicas específicas en sectores como el energético. En ese contexto, mencionó incrementos en los precios de generación eléctrica y señaló a empresas del sector como responsables de presiones inflacionarias.

El mandatario también hizo referencia a factores internacionales, como el comportamiento del precio del petróleo y el aumento en el costo de insumos agrícolas, entre ellos la urea, que ha registrado incrementos significativos a nivel global. A esto sumó efectos internos como las afectaciones derivadas de la temporada invernal, que han impactado la producción y distribución de alimentos.

Desde el Ministerio de Hacienda se han planteado preocupaciones adicionales frente al impacto de la política monetaria. Según estimaciones presentadas por esa cartera, el aumento de tasas podría traducirse en una reducción del crecimiento económico, pasando de una proyección de 2,9% a 2,6%, así como en un incremento de la tasa de desempleo en 0,18 puntos porcentuales y la pérdida de cerca de 48.000 empleos.

El Gobierno también ha advertido sobre el costo fiscal de estas decisiones. De acuerdo con los cálculos oficiales, el mayor costo del servicio de la deuda pública podría alcanzar los 1,8 billones de pesos, recursos que, según el Ejecutivo, limitarían la capacidad de inversión en programas sociales.

En ese escenario, la posibilidad de un nuevo incremento del salario mínimo se suma a un debate abierto sobre el manejo de la política económica en el país, en el que confluyen decisiones sobre tasas de interés, control de la inflación, costos laborales y crecimiento económico.

Gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo que hubo aumento particularmente fuerte en inflación