ELN anunció liberación de personas retenidas en Arauca y las acusa de colaborar con grupos armados

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las principales guerrillas activas en Colombia, ha difundido un reciente comunicado en el que anuncia la liberación de varias personas que mantenía retenidas en el departamento de Arauca. A estas personas, el grupo insurgente las señala de supuestamente colaborar con estructuras armadas ilegales y de llevar a cabo labores de inteligencia en la estratégica región fronteriza, una zona históricamente afectada por la presencia de diversos actores armados.

El documento, firmado por el autodenominado “Frente de Guerra Oriental, Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño”, fue fechado el 19 de mayo de 2026. Su difusión se ha realizado a través de redes sociales y canales de comunicación afines a la organización insurgente, buscando así amplificar su mensaje y justificar sus acciones ante la opinión pública.

En el texto, el ELN afirma que las retenciones se realizaron “en cumplimiento al derecho Internacional Humanitario (DIH)”, una interpretación particular de las normas de conflicto armado que el grupo utiliza para legitimar sus operaciones. El comunicado menciona por nombre a varias personas que, según la guerrilla, estarían vinculadas con actividades de inteligencia, apoyo logístico y cooperación directa con lo que denominan “mercenarios narco paramilitares”, una acusación grave que busca deslegitimar a los retenidos.

Entre los individuos señalados en el comunicado, se encuentran habitantes de municipios araucanos como Arauquita, Fortul y Saravena, localidades que han sido epicentro de confrontaciones y disputas territoriales. Además, la lista incluye a personas procedentes de ciudades principales como Bogotá y Cúcuta, lo que sugiere una presunta red de colaboración que trasciende las fronteras departamentales y se extiende a centros urbanos importantes del país.

El grupo armado sostiene en el comunicado que los retenidos fueron sorprendidos “desarrollando diferentes actividades de inteligencia”, detallando acciones como “registros fotográficos, demarcación de coordenadas, e información de personal civil y líderes comunitarios de la región”. Asimismo, el ELN asegura que a estas personas “se les realizó el debido proceso revolucionario acorde a la normatividad del ELN”, un procedimiento interno que, según la guerrilla, garantiza la aplicación de sus propias reglas y juicios.

Uno de los apartes más delicados y contundentes del documento asegura que algunas de las personas retenidas “estaban al servicio y apoyo de los parafarianos que contrataron para cometer el hecho realizado contra del contratista Omar Geovanny Cordero en el municipio de Fortul”. Esta afirmación vincula directamente a los liberados con un acto violento específico, elevando la gravedad de las acusaciones y la justificación de su retención.

Además de justificar las retenciones y posteriores liberaciones, el ELN aprovechó el comunicado para hacer un llamado directo a la población civil, instándolos a colaborar activamente con sus estructuras. En el texto, el grupo pide a los habitantes de la región “seguir denunciando ante nuestras unidades a estos bandidos”, afirmando que tales individuos estarían afectando la tranquilidad y la seguridad de las comunidades tanto urbanas como rurales de Arauca.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la autenticidad de este comunicado ni sobre la situación actual de las personas mencionadas en el documento. La ausencia de una declaración oficial mantiene la incertidumbre sobre los hechos y la veracidad de las acusaciones vertidas por el grupo guerrillero.