Defensoría y Procuraduría se pronunciaron tras muerte de 11 menores en combates en Guaviare

La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por la situación de orden público que persiste en zonas rurales de San José del Guaviare, donde continúan los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales y donde recientemente fueron confirmadas las muertes de 11 menores de edad en medio de combates registrados en el sector de Barranco Colorado.

A través de un pronunciamiento público, la funcionaria señaló que varias comunidades permanecen afectadas por las confrontaciones armadas y advirtió sobre las dificultades que enfrentan habitantes de la región para acceder a asistencia humanitaria. Según indicó, los enfrentamientos continúan generando restricciones de movilidad y afectaciones a la población civil, particularmente a comunidades indígenas asentadas en el área.

Los hechos se registraron en la vereda Pipiral, ubicada en el corregimiento de Barranco Colorado, zona rural de San José del Guaviare. Allí tuvieron lugar los combates entre estructuras disidentes de las Farc vinculadas a alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”, confrontaciones que dejaron un elevado número de víctimas mortales.

La situación volvió a ocupar la atención nacional luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informara la culminación del proceso de identificación de 43 de los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos ocurridos el pasado 27 de mayo. De acuerdo con el reporte oficial, entre las víctimas identificadas figuran 11 menores de edad, correspondientes a ocho niños y tres niñas.

La entidad precisó que aún permanecen sin identificar cinco cuerpos de sexo masculino y explicó que las identidades de los menores no serán divulgadas debido a las disposiciones legales que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Tras conocerse la información forense, diferentes entidades del Estado emitieron pronunciamientos sobre lo ocurrido en esta región del país. Uno de ellos fue el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien rechazó los hechos y señaló que la vinculación de menores de edad a organizaciones armadas ilegales constituye una infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario.

El jefe del Ministerio Público manifestó que el uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales representa una vulneración de las disposiciones que protegen a la población menor de edad en contextos de conflicto armado. Asimismo, indicó que las autoridades competentes deben avanzar en las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de garantizar medidas de protección para las comunidades ubicadas en las zonas donde persisten los enfrentamientos. La entidad ha advertido sobre los riesgos que enfrentan los habitantes debido a las confrontaciones armadas, las restricciones de movilidad y las limitaciones para el ingreso de ayuda humanitaria.

De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, varias comunidades indígenas permanecen confinadas como consecuencia de la situación de seguridad en el territorio. La permanencia de actores armados y los enfrentamientos dificultan el desplazamiento de las familias y el acceso a bienes y servicios esenciales.

Las autoridades nacionales mantienen seguimiento a la situación en Guaviare mientras avanzan las investigaciones judiciales y forenses relacionadas con los hechos ocurridos en Barranco Colorado. Paralelamente, organismos de derechos humanos y entidades estatales continúan monitoreando las condiciones de las comunidades afectadas por la confrontación.

Las autoridades continúan recopilando información para determinar plenamente las circunstancias de los hechos y completar la identificación de las víctimas restantes.