Se acabaron las vías a los embalses

No hay derecho a que el restablecimiento de la banca perdida lleve ya cinco meses y tan sólo se observe un paso infame, sobre las kilométricas filas vehiculares.

Por: Johel Moreno S

Injusto que la región de los embalses del oriente antioqueño, donde tiene asiento un potencial energético del orden de los 2.200 MW, – y que aporta al sector buena parte de la energía que dinamiza la economía del país -, no tenga una moderna infraestructura vial para llegar a sitios de recreación y deporte como Guatapé y El Peñol, ambos espejos de agua que hoy hacen del turismo la única fuente de ingresos de la economía en esta región.

Por el uso de esos suelos que antes se dedicaban a la agricultura, los municipios reciben de EPM, a cambio, impuestos prediales que para el 2022 fueron de $1.423 millones y $319 millones respectivamente.

Y por concepto de las transferencias que obliga la ley 99/93 y según la información suministrada por EPM en el mismo año, recibieron $3.606 millones para Guatapé y $4.009 para El Peñol. Estos dineros no son de libre disposición, sino que sirven para cuidar las cuencas que alimentan los embalses. Mientras tanto, la capital Medellín recibió de EPM en el 2022 $1.850.715.481.051, o sea el equivalente a $5.070 millones diarios, esos sí de libre disposición.

Son cifras odiosas que ponen al descubierto leyes injustas y nada equitativas que han hecho de la venta de la energía el gran negocio para las empresas generadoras como EPM e ISAGEN, dueñas sí, en la cadena del Nare, de las centrales de Guatapé, Playas, San Carlos, Calderas y Jaguas, mientras los pueblos donde «caen los aguaceros», sólo ven pasar las aguas que alimentan los embalses.

Una situación que contrasta con la pobreza de los municipios y las precarias condiciones de sus vías de acceso cuyo mantenimiento corresponde al departamento de Antioquia. Trochas infames, vetustas, compuestas de curvas sucesivas que hace años llegaron al límite de saturación; circunstancia que genera alta accidentalidad y en consecuencia, tiempos de viaje que se multiplican. Para remediarlo instalaron reductores de velocidad y, lo que es peor, hasta pintaron el pavimento ya agrietado y fallado.

No hay derecho por ejemplo a que desde noviembre del 2022, por causa de la pérdida de media banca en el K 12+500 entre Marinilla y el Peñol y que sirve a San Rafael, los más de 12.000 vehículos que antes se desplazaban los fines de semana se espantaron por culpa de los pare y siga que se volvieron paisaje.

Tampoco hay derecho a que el restablecimiento de la banca perdida lleve ya cinco meses y tan sólo se observe un paso infame, taludes desprovistos de vegetación y amenazantes sobre las impacientes y kilométricas filas vehiculares, sometidas hoy a un mercado lineal de ventas de alimentos y bebidas.

La economía de la zona se ha ido al piso porque toda ella depende del turismo; y para confirmar esta aseveración, basta asomarse al Camellón de Guatapé, a la calle de los Paraguas o a indagar por la desocupación hotelera.

Tanto el actual gobierno departamental como el anterior, a pesar de la urgente necesidad de una nueva vía para atender la voluminosa demanda de usuarios, – tal como está planteado desde hace años en el sector de Alcaravanes y la margen del Nare -, también pasó de agache en la respuesta oportuna para atender la alta demanda turística nacional e internacional que se generó con el cambió de destinación y usos del suelo cuyos embalses, no son sólo para generar energía.