(OPINIÓN) ¿Quién trata de amordazar al presidente De La Espriella? Por: Eduardo Mackenzie

Desde finales de 2025, cuando comenzó la campaña presidencial, esos medios, con amplia escucha en Latinoamérica, acusaron a De La Espriella de ser un político de “extrema derecha” o de “derecha dura”, fórmulas abusivas que usan esas agencias cuando deciden acabar con la credibilidad de las personas que no piensan como ellas.

Esas agencias han hecho lo mismo contra otros gobernantes del continente que no encajan en la visión que ellas tienen de lo que debe ser un presidente.

Las campañas de hostigamiento más conocidas y fracasadas son las que montaron contra Donald Trump, presidente de Estados Unidos y, desde 2019, contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Abelardo De la Espriella es su nuevo objetivo. Escudriñan los microepisodios para torcerlos y tejer historias tóxicas. Pretenden estigmatizar la estrategia del nuevo gobierno colombiano contra los narco-carteles y otras organizaciones armadas ilegales y eludir el anuncio de que los bandidos que no acepten someterse a la justicia enfrentarán el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado.

Desde que De La Espriella era un candidato esas agencias lo etiquetaron como un político “de extrema derecha” o “de derecha dura”. También lo presentan como un “riquísimo ex abogado”. ¿Por qué ex abogado? En cambio, a Iván Cepeda, el candidato comunista derrotado por él en la lucha por la jefatura del Estado, esas agencias lo describen, como un “filósofo” aunque él no haya escrito una sola página de filosofía en su vida y haya sido en realidad un activista dedicado a agredir judicialmente durante años al ex presidente Álvaro Uribe y a abusar de su condición de parlamentario para velar por los intereses de la guerrilla Farc.

El objetivo actual de esas oficinas es frenar o desviar el programa antisubversivo del presidente De la Espriella y sus planes para restablecer el orden público y la seguridad en el país. Intrigan con sus textos para que los jueces dicten “medidas provisionales” y prohíban los bombardeos contra los bastiones armados.

No soportan que Abelardo De la Espriella aplique una política de lucha contra los más violentos carteles de la droga del continente. En cambio, ellas nunca denunciaron al infernal gobierno de Gustavo Petro que destrozó la economía del país, favoreció la expansión de las narco-bandas sobre amplios territorios y conglomerados humanos del país durante sus 4 años de gobierno, con el pretexto de que así alcanzaría la “paz total”.

Esos medios no quieren que el jefe de Estado colombiano ejecute su política de combate integral en el marco de la ley contra las milicias que asesinan colombianos alegando que están “luchando por la paz”. Quieren bloquear el mensaje de que la fuerza pública colombiana, con la coordinación de los gobiernos vecinos, atacarán las guaridas y campamentos de los grupos ofensivos establecidos más allá de las fronteras desde donde operan contra Colombia.

Esos medios observan los gestos del gobierno para ver cuáles sirven para confundir a sus lectores invirtiendo la lógica de esos gestos. Sin rodeos, una de esas agencias dejó escapar en sentido de su injerencia: “lo que comunican esas imágenes y símbolos podría (servir para) explicar lo que busca De la Espriella con su estrategia de seguridad”.

El 10 de septiembre de 2026, otro grupo escribió: “El presidente divulgó un primer video tras un operativo de las fuerzas militares colombianas en el Guaviare en que murieron 23 presuntos integrantes de disidencias de las Farc y dos menores de edad”. ¿“Presuntos integrantes”? ¿Sugiere que los muertos no eran operadores de las Farc y sí únicamente niños? ¿Quiere inventar un nuevo escándalo de falsos positivos?

El asunto de los menores de edad en las filas de las bandas ilegales es el elemento clave de la guerra jurídica que hacen los extremistas para paralizar a las Fuerzas Armadas de Colombia. El senador Enrique Gómez Martínez denunció que la juez 34 de Familia de Bogotá intenta “frenar la acción ofensiva de nuestra Fuerza Pública y darle un respiro a criminales como Mordisco y Calarcá con medidas cautelares absurdas” y que ella “y otros despachos están convirtiendo los campamentos guerrilleros en zonas intocables, propiciando que los cabecillas sigan reclutando y usando a los menores como escudos humanos”. Y concluyó: “Estos jueces deben responder disciplinaria y penalmente por interferir de forma aberrante contra la soberanía y la seguridad nacional. El gobierno nacional no se va a dejar amedrentar por este saboteo judicial.”

Después apareció el sainete de la “caminada entre cadáveres”. El corresponsal de una de esas agencias escribió que vio al presidente “caminando entre los cadáveres de insurgentes dados de baja”. Otro corresponsal aumentó la dosis y escribió que vio al presidente “posar frente a cadáveres”. Un tercero llegó al éxtasis: dijo que el presidente “exhibió los cadáveres de sus enemigos”.

Nada de eso es exacto. Es la típica desinformación, aquella que amalgama elementos de la realidad con mentiras asombrosas. En un discurso el jefe de Estado explicó una operación militar y demostró, delante de las bolsas blancas de los caídos, que la lucha de la fuerza pública no es un juego y que el narco-terrorismo debe rendirse o sufrir las consecuencias.

No sorprende el hecho de que el primero en deformar la operación el 30 de agosto contra una estructura de las Farc en Guaviare haya sido un noticiero de oposición que hoy es el vocero del Pacto Histórico, el partido que perdió el poder el 7 de agosto pasado. En esa tribuna, un sacerdote, Carlos Novoa, acusó al presidente de haberse “ufanado” de haber “acabado con la vida de otras personas”. Novoa delira. No hay rastro alguno de eso.

Enseguida, el exaltado jesuita le pidió al gobierno “reconocer la radical dignidad” de los abatidos en combate por la fuerza pública. ¿Qué dignidad pueden tener los asesinos de civiles, de campesinos y soldados? Digna es una persona honorable, excelente, decente, decorosa. ¿Hay que honrar con ese adjetivo a los secuestradores de niños, a los asesinos de líderes indígenas y de líderes afrodescendientes desarmados? Carlos Novoa confunde el respeto que todo ser humano debe a cada persona fallecida con la atribución de virtudes a individuos que, si las tuvieron un día, las renegaron con sus crímenes.

Otro activista, Santiago Osorio Marín, un representante del Partido Verde, formación creada por Carlos Ramón González, un ex cabecilla del M-19, recogió esos elementos dispersos y pidió a un juez “en nombre de niños, niñas y adolescentes del país” (¡!) prohibir las imágenes en las que aparezca el mandatario “caminando entre cadáveres producto de operaciones militares”.

¡Que hipocresía! Me gustaría saber si los señores Osorio y Novoa vociferaron en favor de poner en libertad a las decenas de rehenes civiles y militares cuando la prensa colombiana mostró las fotos de los campos de concentración de las Farc bajo la férula atroz del “Mono Jojoy”. Y conocer qué revuelta montaron esas bellas almas cuando la Comisión de la Verdad tuvo que admitir que las Farc, entre 1985 y 2018, cometieron 94.500 asesinatos; que desaparecieron a 29.280 personas; que de 1990 a 2018 secuestraron a 20.308 personas; que reclutaron violentamente a 12.178 personas, entre 1990 y 2017; que plantaron 2.051 minas antipersona en 17 años, y mutilaron con ellas a más de mil niños, entre otros crímenes de lesa humanidad.

En el fondo, lo que pretenden esos actores es impedir que el presidente De La Espriella reitere lo que está en juego y explique la nueva línea para combatir efectivamente el narcotráfico. Juegan con la amenaza judicial para tratar de frenar cada declaración sobre los objetivos del gobierno. No quieren que la prensa presente los resultados de esa política y que muestre que algunos grupos guerrilleros se están entregando a la justicia y que otros insisten en golpear a la fuerza pública y seguir en su guerra sucia contra el pueblo.