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Gobernador llevará a Casa de Nariño propuesta para golpear las finanzas de las estructuras criminales en Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, se reunirá este martes 15 de septiembre en Bogotá con el ministro de Defensa, la cúpula militar y el director del DAPRE, Carlos Ríos, para presentar una estrategia enfocada en combatir las estructuras criminales que operan en el departamento y atacar sus principales fuentes de financiación.

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Gobernador llevará a Casa de Nariño propuesta para golpear las finanzas de las estructuras criminales en Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, llegará este martes 15 de septiembre a la Casa de Nariño con una propuesta de seguridad orientada a enfrentar de manera directa a las estructuras criminales que mantienen presencia y desarrollan actividades ilícitas en diferentes zonas del departamento.

El encuentro está programado para las 8:00 de la mañana en Bogotá y contará con la participación del ministro de Defensa, la cúpula militar y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Carlos Ríos. La reunión se plantea como un espacio para revisar las condiciones de seguridad de Antioquia y definir acciones frente a las organizaciones que tienen injerencia en el territorio.

Uno de los principales planteamientos que llevará el mandatario departamental estará relacionado con la necesidad de atacar las economías ilegales que permiten el sostenimiento y expansión de los grupos criminales. En particular, la propuesta pondrá el foco sobre dos actividades que representan importantes fuentes de financiación para estas estructuras: los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

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La apuesta del Gobernador parte de la necesidad de superar una estrategia concentrada exclusivamente en las capturas o en las operaciones militares y avanzar hacia acciones que permitan afectar la capacidad económica de las organizaciones delincuenciales. Para ello, considera fundamental identificar de dónde provienen los recursos, cómo se movilizan y quiénes participan en las redes encargadas de administrar y ocultar las ganancias provenientes de las actividades ilegales.

En ese sentido, otro de los puntos centrales de la propuesta será la importancia de fortalecer el trabajo de la Fiscalía General de la Nación para garantizar que las operaciones contra las estructuras criminales se traduzcan en procesos efectivos de judicialización.

La actuación de la Fuerza Pública, según el planteamiento que será expuesto en Bogotá, debe estar acompañada por investigaciones que permitan llevar ante la justicia a quienes hacen parte de las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, establecer responsabilidades dentro de las redes que sostienen económicamente sus operaciones.

El seguimiento a los recursos financieros será, precisamente, uno de los elementos que el Gobernador considera determinantes para afectar de manera estructural a estos grupos. En este propósito tendrá especial relevancia la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, entidad encargada de desarrollar labores relacionadas con la detección y análisis de operaciones financieras asociadas al lavado de activos y la financiación de actividades ilícitas.

La propuesta apunta a que el Estado avance en una estrategia de seguimiento de las denominadas rutas del dinero, con el objetivo de identificar los recursos derivados de las economías ilegales y establecer los mecanismos utilizados por las organizaciones para mover, ocultar o incorporar esas ganancias al circuito económico.

Para Antioquia, este enfoque adquiere especial importancia debido a la presencia de diferentes estructuras criminales y a la existencia de territorios donde convergen actividades como la minería ilegal, el narcotráfico y otras economías ilícitas. La preocupación de las autoridades departamentales ha estado relacionada no solamente con la capacidad armada de estos grupos, sino también con las fuentes económicas que les permiten mantener hombres, adquirir armamento, controlar territorios y ampliar sus actividades.

La reunión en la Casa de Nariño será, por tanto, un escenario para plantear una coordinación más estrecha entre las autoridades departamentales y las instituciones del Gobierno Nacional encargadas de la seguridad, la defensa, la investigación judicial y el análisis financiero.

El gobernador Andrés Julián buscará que esta articulación permita avanzar hacia una ofensiva que no se limite a combatir a los integrantes visibles de las organizaciones criminales, sino que también afecte las estructuras económicas que sostienen sus operaciones

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