(OPINIÓN) NY Times – No es un escándalo más. Por: Carolina Restrepo Cañavera

Hay noticias que golpean a un gobierno y hay otras que hieren la dignidad misma del Estado. La revelación según la cual Gustavo Petro está siendo investigado por al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos, en Manhattan y Brooklyn, por presuntos encuentros con narcotraficantes y posibles aportes ilícitos a su campaña, pertenece a esa segunda categoría.

Reuters lo reportó este 20 de marzo con base en información del New York Times, y El País confirmó que las pesquisas estarían en etapa preliminar. Conviene decirlo con cuidado, pero sin cobardía: una investigación no es una condena. Nadie serio puede saltarse esa diferencia.

Pero tampoco nadie serio puede fingir que aquí no ha ocurrido nada. Cuando el presidente en ejercicio queda bajo la lupa penal de fiscales federales estadounidenses por eventuales nexos entre campaña y narcotráfico, ya no estamos ante una controversia doméstica, ni ante una escaramuza partidista, ni ante un simple episodio de desgaste mediático. Estamos ante una crisis de legitimidad de escala, ahí sí, histórica.

Lo verdaderamente devastador no es solo el contenido de la noticia, sino el contraste moral que deja al descubierto. Este gobierno construyó su capital político sobre una narrativa de superioridad ética. No bastaba con gobernar, había que posar de redentor. No bastaba con disputar el poder; había que hacerlo desde una pretendida pureza moral, señalando a los demás como si fueran la encarnación de todos los males nacionales.

Por eso el golpe es mayor. Porque cuando quien prometió limpiar la historia termina rozado por sospechas de esta magnitud, no cae solamente un Presidente, se desmorona una impostura. Además, el hecho tiene una dimensión internacional imposible de minimizar. No proviene de un opositor colombiano, ni de una filtración de pasillo, ni de un rumor de redes sociales. Proviene de una pieza periodística del NY Times, uno de los periódicos más influyentes del mundo, y describe actuaciones atribuidas a despachos federales de Estados Unidos.

Eso altera de inmediato la percepción externa sobre Colombia, afecta la credibilidad de la jefatura del Estado y proyecta sobre el país una sombra infame, la sospecha de que el poder presidencial pudo haber sido contaminado por dinero criminal. La izquierda intentará refugiarse en el libreto conocido: persecución, conspiración, intervención extranjera. Lo hará porque siempre necesita un enemigo externo para no enfrentar sus propias ruinas. Pero esa defensa empieza mal desde el primer minuto.

Las versiones conocidas hasta ahora indican que las indagaciones serían independientes, estarían en fase inicial y se concentrarían en hechos concretos, reuniones con narcotraficantes y presuntas donaciones ilícitas de campaña. Es decir, no en una abstracción ideológica, sino en conductas precisas que, de comprobarse, serían devastadoras.

Colombia merece serenidad jurídica, sí. Pero también merece coraje político. El deber de una sociedad decente no es absolver por fanatismo ni condenar por ansiedad. Es entender la gravedad del momento. Porque si esta noticia escala, el problema dejará de ser Petro. Será la erosión de la confianza básica en la Presidencia de la República. Y cuando eso ocurre, el daño institucional tarda años en repararse.

No, esto no es un escándalo más. Es una advertencia brutal sobre lo que pasa cuando el discurso moral reemplaza la decencia real. Durante años se vendió el “cambio” como si fuera una superioridad ética garantizada. Hoy Colombia amanece ante una posibilidad insoportable, que detrás de ese relato hubiera, no redención, sino podredumbre. Si eso llega a probarse, no habremos asistido simplemente al fracaso de un gobierno. Habríamos presenciado la degradación de la jefatura del Estado Colombiano ante el mundo, nuevamente.