(OPINIÓN) Las nuevas órdenes del procónsul. Por: Eduardo Mackenzie

El diplomático eslovaco lanzó, sin precauciones oratorias, sus reivindicaciones principales sobre Colombia. Según el comunicado de prensa, exigió que “la financiación de los programas de paz sea garantizada”, que “la coordinación institucional y la protección de los excombatientes” de las FARC sea cumplida. Aseveró que 501 excombatientes “han sido asesinados desde 2016”, pero omitió el hecho de que los autores de esas atrocidades han sido las mismas FARC y sus aliados durante el mal llamado “proceso de paz”.

Jenča no olvidó pedir algo más: la “reactivación de las comisiones” pactadas entre las FARC y el gobierno de JM Santos hace 10 años.

El procónsul onusiano insistió: “Esperamos que se definan con mayor claridad las políticas” del nuevo mandatario colombiano y prometió estar dispuesto a “apoyar al gobierno en este sentido, poniendo a su disposición la experiencia acumulada por la Misión durante casi una década de acompañamiento a la implementación”.

Como ni la “experiencia” de la Misión, ni la pretendida “justicia transicional”, ni la “paz sostenible” que esta cree ver en Colombia sirvieron para contener el rearme y la reorganización de las FARC, y como la ONU no movió un dedo para impedir el fenómeno de la gran impunidad organizada que estructuró el “acuerdo de paz” en beneficio de los jefes de las FARC, y tampoco se opuso a la expansión geográfica de la terrible organización narco-comunista por más de 15 departamentos de Colombia, ni obligó a las FARC a reparar a las víctimas, el procónsul Jenča tendrá serias dificultades para hacer pasar sus inquietantes recetas como vías genuinas para la paz en Colombia.

El acuerdo de 2016 estuvo a punto de destruir la Constitución de 1991. Fomentando una confusión entre jurisdicción y justicia, ese documento fue impuesto como una Constitución paralela, rival, intocable y anómala, que, además, no podía ser reformada ni suprimida. El pueblo colombiano rechazó en el referendo del 2 de octubre de 2016 ese texto. Pero ese rechazo fue escamoteado por los creadores del acuerdo de La Habana. Ese papel creó la JEP, un tribunal “especial” sin precedentes en ningún otro sistema democrático, pues destinado a organizar la inmunidad penal para un grupo criminal exclusivo: los miembros y jefes de un movimiento terrorista, las FARC.

Es obvio, por otra parte, que el representante de Antonio Guterres se opone a que el gobierno de Abelardo de la Espriella expida un Estatuto Antiterrorista que le permita a las Fuerzas Armadas de Colombia luchar eficazmente contra la narco-violencia y la expansión de los cultivos y de las exportaciones ilegales de cocaína.

¿Es una coincidencia que el diktat del representante especial de la ONU emerge al mismo tiempo que las amenazas del expresidente Gustavo Petro y del jefe comunista Iván Cepeda de lanzar violentas manifestaciones contra el Estatuto Antiterrorista?

La primera muestra de la nueva actitud de Colombia ante la lamentable injerencia de la ONU fue protagonizada por Omar Bula Escobar, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, quien explicó que la imagen que la ONU disemina del acuerdo de La Habana de 2016 “no se corresponde con las cifras ni con la realidad que heredó este gobierno”.

Bula declaró: “Para nuestros campesinos, nuestros trabajadores, nuestros niños y nuestras fuerzas de seguridad, la paz sencillamente no ha existido”. Las cifras que ofreció el ministro colombiano muestran el verdadero rostro del “proceso de paz” de 2016: “Entre julio de 2016 y agosto de 2026, Colombia registró 132.930 homicidios, cerca de 100.000 casos de extorsión y más de 2.750 secuestros”. Al mismo tiempo, las bandas armadas “se quintuplicaron en la última década, obligando a las autoridades a enfrentarse simultáneamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al Clan del Golfo y a facciones disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).”

Para interrumpir esa dinámica infernal el gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó, desde el primer día de su gobierno, el 7 de agosto pasado, el despliegue combativo de las fuerzas del orden. El resultado de esa medida fue elocuente: en dos meses y medio, “las fuerzas de seguridad realizaron más de 32.000 detenciones, incautaron más de 135 toneladas de narcóticos y recuperaron 3.414 armas de fuego”, resumió Bula Escobar.

En consecuencia, el nuevo enfoque de Bogotá será, según el ministro, “reorientar el mandato de la misión de la ONU estrictamente hacia las garantías de seguridad y la reintegración de los excombatientes de las FARC-EP”, en vista de que las enormes concesiones hechas a las FARC en 2016 como, por ejemplo, la “reforma rural integral”, constituyen “una tarea institucional interna a largo plazo que trasciende el alcance y la duración de una misión especial de verificación”.

Otro tanto se podría decir de la aberrante JEP (Justicia Especial de Paz) que Colombia está en mora de abolir para que el Estado de derecho deje de ser, como hasta ahora, por culpa de ese andamiaje, una frase vacía.