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(OPINIÓN) Para que descansen en paz. Por: Juan Ortiz Osorno

Cielo plomizo arriba y abajo un barrio popular del sur de Bogotá: el ruido de los vehículos y las conversaciones en una calle concurrida. Casas pegadas unas a otras y fachadas de ladrillo. La estación de Policía, un edificio más pobre. Johana Zárate Villa, de cinco años, es recogida por su madre, Gladys Villa Marín, en la escuela.

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(OPINIÓN) Para que descansen en paz. Por: Juan Ortiz Osorno

Caminan entre las personas que hacen su vida ordinaria. A Johana le llama la atención una bicicleta, con un paquete amarrado. Y se suelta de la mano de su madre para acercarse a la bicicleta y mirarla. Su madre la persigue para agarrarla. Entonces el paquete en la bicicleta explota. Una detonación inmensa interrumpe todo; da miedo y pánico. Con la explosión, Johana vuela al cielo. Literalmente. Su madre la acompañaría unos días más tarde. En la acera, destrozos, gritos, llanto, personas que acuden a auxiliar lo que es imposible de remediar: la muerte.

Pero no solo mueren Johana, de 5 años y su mamá. Johana es solo un daño colateral para poder matar a dos patrulleros y dos intendentes de la Policía Nacional. Viviendas, un restaurante, una calle, una bicicleta y una estación, destruidas para matar a 4 policías pobres: Jorge, Luis, Carlos y Javier. En un barrio pobre. Y todo para que las FARC demuestren su poder urbano en su lucha frontal a favor de los pobres. Por esta bomba, en el barrio Fátima, al sur de Bogotá, el 25 de enero de 2002, frente a la Estación Sexta de Policía, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, fue condenado, por la justicia ordinaria a 40 años de prisión, en el 2013.

Un municipio amazónico, rodeado de vegetación, junto al inmenso río Vaupés. La base militar es el centro de un ataque terrorista. El estruendo de los cilindros bomba, lanzados por las FARC y las explosiones que hacen temblar la tierra. Los disparos cruzados y el impacto de los proyectiles contra todo lo que se derrumba. 1.500 guerrilleros contra 190 policías y soldados. Los gritos de los combatientes y las órdenes que intentan organizar la defensa. Muros abiertos, escombros y polvo. Militares y policías muertos y heridos. Compañeros que intentan auxiliar a otros y hombres obligados a abandonar sus posiciones cuando la resistencia resulta imposible. Los llamados de los guerrilleros a los soldados para que se rindan. Los pedidos de auxilio de los heridos y la impotencia de quienes intentan atenderlos. Cuando termina el combate, las órdenes de rendición. Tras la rendición, los uniformados separados entre heridos y sanos. Tiros de gracia a los heridos.

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Más fuerte que la explosión, el miedo en la cara de los soldados, que ya no tienen control sobre su destino y que estarán secuestrados, durante años, en campos de concentración inhumanos. El balance, 19 muertos: 16 integrantes de la Fuerza Pública y 3 civiles. Y 129 uniformados secuestrados: 75 militares y 54 policías. Destrucción de la base del Ejército y de la sede de la Policía Antinarcóticos. Campesinos guerrilleros, matando y secuestrando a campesinos que se enlistaron en el Ejército. En una muestra de la lucha de las FARC a favor del campesinado. Por la toma de Miraflores, Guaviare, el 3 de agosto de 1998, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, fue condenado por la justicia ordinaria a 40 años de prisión en el 2012.

Zona selvática del Nudo de Paramillo: trabajadores que se dirigen a su jornada en un aserradero. Edilma Rosa Hernández Torres, de 21 años, es la que cocina para los trabajadores. Los guerrilleros desvían al grupo, a todos, y los conducen hasta la orilla del río. Allí obligan a Edilma a arrodillarse y luego a los demás. Los guerrilleros señalan a los allí arrodillados, a todos, como colaboradores de las autodefensas.

La acusación es el argumento con el que justifican el acto salvaje que sigue: uno a uno, a Edilma, la cocinera, de primera, los degüellan con machetes y luego tiran sus cadáveres, uno a uno, al río. La búsqueda de los cuerpos desaparecidos es tortuosa. Los cuerpos de 22 son encontrados después. Algunos a orillas de pequeños cursos de agua. No se sabe cuántos quedaron desaparecidos. La familia de Edilma tardó cuatro días en encontrarla. Guerrilleros de las FARC, en una presentación teatral del horror, demuestran cómo es el país, mejor y en paz, que Timochenko imagina. En el 2009, la justicia ordinaria, condenó a Timochenko a 40 años de prisión, por la masacre, de al menos 22 personas, en la zona rural de Tierralta, Córdoba, el 22 de mayo de 2001.

Antes de la JEP, la justicia ordinaria colombiana investigó, juzgó y condenó a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, por 13 delitos horrorosos y de la envergadura de estos 3 que acá narro. La justicia ordinaria condenó a alias Timochenko en 13 sentencias, cuyas penas suman 448 años de prisión. 13 delitos que incluyen homicidios, secuestros, terrorismo y ataques contra la población civil, de manera indiscriminada y en contra de la Fuerza Pública. No son procesos pendientes ni sospechas ni simples acusaciones. Son fallos condenatorios de los tribunales colombianos, producto de años de trabajo judicial e investigación rigurosa, en los que esos que investigaron y juzgaron arriesgaron sus propias vidas y las de sus familiares.

Ni Johana, de 5 años ni Miriam, que cocinaba, ni ninguna de esas víctimas de esos 13 crímenes atroces ha recibido ni verdad ni reparación ni garantía de no repetición, como la JEP prometió. Tras 9 años de la JEP, solo han recibido un relato acomodado, a favor de los asesinos, donde Timochenko y los demás se describen como gestores de paz, delante de jueces que los admiran y los miran con cara de enamoradas y enamorados. Mientras le mienten al país de frente y les lavan sus delitos atroces, todos. De lesa humanidad, casi todos. E imperdonables, todos, por cualquier Estado o cualquier sociedad.

Es a este criminal despiadado, alias Timochenko, que nuestros impuestos le pagan una escolta millonaria y le toman fotos, mientras se pone unos guantes y va a un cementerio, a posar, donde sus víctimas reposan sin descanso. Mientras Timochenko es perdonado, admirado y contemplado por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, como si en realidad fuera un héroe y no mereciera una pena mortal. Es este adefesio de justicia el que han creado con la JEP. Es en esa justicia que pisotea lo que ya hizo la justicia ordinaria que nos hemos gastado 3.8 billones de pesos, para que sus magistrados y juzgados puedan viajar en 12 comisiones al exterior, para hacer apología de sus delitos y campaña con la izquierda internacional.

Timochenko habla de los campos de concentración, con secuestrados, como si fueran clubes donde los secuestrados querían estar. Y en la JEP, le creen. Para RCN, en el 2014, crea una serie que muestra en 83 episodios los horrores del secuestro por parte de las FARC. Deberían emitir esa serie otra vez y venderla a plataformas, para que los colombianos y el mundo vieran, actuado, lo que no quieren ver en la realidad.

Es necesario cerrar la JEP y volver a los fallos de la justicia ordinaria, que debe ser ciega y juzgar a todos los delincuentes por igual. Es necesario para que Johana, de 5 años, que sigue muerta por una absurda bicicleta bomba, y como ella, las demás víctimas de las FARC, como Miriam, cuyo delito era cocinar, puedan por fin descansar en paz.

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