(OPINIÓN) La autonomía gremial y la defensa de la democracia. Por: Bernardo Henao Jaramillo

Llama la atención el silencio del presidente Abelardo de la Espriella frente a esta renuncia. La declaración del ministro del Interior, Rodrigo Lara, resulta nimia ante la gravedad del asunto: calificarlo como una decisión autónoma del gremio y señalar que no tiene nada que comentar deja sin respuesta las presiones denunciadas. Invocar la autonomía no basta cuando precisamente se cuestiona si la decisión pudo adoptarse libremente.

En contraste, Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y cercano al mandatario, publicó: “El tigre no vino a hacer la política de siempre, vino a cambiar la política para siempre”. En este contexto, el comentario alimenta la lectura de una victoria política sobre un dirigente gremial. La independencia de las organizaciones no puede convertirse en un obstáculo que el gobernante considere necesario vencer.

El pulso también alcanza a Manuel Santiago Mejía, figura clave del empresariado antioqueño. La Silla Vacía registró una descalificación contra él en un video de seguidores de De la Espriella que celebraba la salida de Mac Master. Sin atribuir esa expresión al Gobierno, preocupa que la confrontación se extienda a empresarios con influencia propia. La independencia gremial requiere que sus dirigentes y quienes la respaldan puedan disentir sin convertirse en blancos de ataques políticos.

Es significativo el pronunciamiento del senador Andrés Forero, del Centro Democrático, quien consideró que la salida de Mac Master representa una pérdida para la institucionalidad y la democracia. Su posición recuerda que el respaldo político exige capacidad crítica y que advertir errores también contribuye a corregir el rumbo.

También el exsenador Jorge Enrique Robledo calificó la salida de Mac Master como una “imposición despótica” de De la Espriella contra los empresarios.

Desde el ámbito gremial, Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, destacó que la carta de Bruce invita a reflexionar sobre la defensa de las instituciones públicas y privadas. También agradeció su trabajo fortaleciendo la acción colectiva empresarial. Ese reconocimiento debe acompañarse de una defensa firme de la autonomía que permite a los gremios cumplir su misión.

Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, calificó la salida como desafortunada y recordó que los gremios forman parte de la institucionalidad y representan a sectores empresariales que construyen país. Aunque manifestó desconocer las circunstancias particulares detrás de la renuncia, su reflexión subraya que lo sucedido va más allá del ámbito personal y compromete el papel de las organizaciones empresariales.

Representar intereses sectoriales por parte de los gremios es una función legítima y no excluye defender principios democráticos. Sus posiciones pueden discutirse y sus actuaciones deben examinarse, pero reducir su labor a conveniencias particulares desconoce su contribución al empleo, la producción y el debate público. La autonomía gremial, la libertad de asociación y el derecho a disentir son valores cuya defensa beneficia al conjunto de la sociedad.

Resulta igualmente significativo que el 1 de octubre, durante la condecoración que recibió del Concejo de Bogotá, Mac Master aprovechara su discurso de agradecimiento para reafirmar la defensa de las instituciones, la democracia, la separación de poderes y el respeto por quienes piensan diferente.

Lo sucedido en la Cámara Colombiana de la Infraestructura con Carolina Soto había encendido las alarmas. Su declinación después de los cuestionamientos del Gobierno a su nombramiento fue un anticipo de intromisión política. El episodio de la ANDI profundiza las inquietudes sobre el respeto a decisiones que corresponden a las propias organizaciones empresariales.

Las diferencias alrededor de las ayudas por el terremoto aportan otro elemento. La solidaridad con los damnificados no debería convertirse en una disputa por reconocimiento político. Los aportes empresariales deben valorarse por su transparencia, utilidad y resultados para las comunidades. Su canalización mediante mecanismos independientes no puede justificar restricciones a la interlocución institucional.

A este panorama se suma el anuncio del Comité de Sabios encabezado por Arturo Calle, presentado como una instancia permanente, de carácter ad honorem, para asesorar las decisiones estratégicas del Ejecutivo. Su alcance debe examinarse frente al Consejo Gremial Nacional, que articula los intereses colectivos del empresariado y ejerce su representación ante el Estado.

La reunión del 7 de septiembre en Quibdó constituye otro antecedente significativo. Allí el presidente reunió a varios de los principales empresarios colombianos para comprometer inversiones y acciones de reconstrucción del Chocó. El encuentro también mostró su capacidad para construir una interlocución directa con grandes propietarios y dirigentes empresariales.

Esta secuencia permite formular una hipótesis que debe contrastarse con los hechos: el Gobierno podría estar reorganizando su relación con el sector privado alrededor de empresarios de su confianza, reduciendo el peso de las vocerías gremiales autónomas. El Comité puede aportar asesoría valiosa; el problema aparecería si concentra el acceso al poder mientras los representantes elegidos por los gremios encuentran obstáculos para expresar sus posiciones.

Los gremios tienen un papel clave en la defensa de sus actividades, empresas y trabajadores. Su responsabilidad también comprende contribuir a mantener y defender la democracia, la independencia institucional y la libertad de disentir. Las manifestaciones de Fasecolda y Colfecar deben encontrar continuidad en una posición conjunta y clara del Consejo Gremial Nacional.

La ANDI desempeñó un papel importante frente al gobierno anterior al cuestionar políticas y advertir sobre sus consecuencias para la actividad productiva. Esa capacidad crítica fue parte del contrapeso empresarial y debe conservarse frente al actual Gobierno.

Haber respaldado electoralmente a un presidente no obliga a guardar silencio frente a sus actuaciones. Los principios institucionales no cambian con el gobierno. Colombia necesita gremios capaces de cooperar, proponer y expresar desacuerdos con firmeza. Defender a sus sectores también exige contribuir a que ningún poder sustituya el diálogo por la presión, ni la autonomía por la obediencia.