(OPINIÓN) El proceso Urán en la Florida. Por: Eduardo Mackenzie

Ese comando asesinó a 33 magistrados y funcionarios judiciales de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, así como a otros abogados auxiliares, empleados y otros civiles que se encontraban dentro del edificio. Once miembros de la fuerza pública perdieron la vida en esa refriega.

El coronel Alfonso Plazas Vega que, el 15 de julio de 2007, había sido detenido y procesado por su actuación legítima en el Palacio de Justicia fue absuelto de cargos y dejado en libertad el 16 de diciembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, después de haber estado detenido durante 8 años y medio a causa de un proceso penal escandaloso. En éste el derecho de defensa fue burlado repetidas veces y de la manera más cínica (acusación sin pruebas, violación de la reserva del sumario, aceptación de pruebas ulteriores fabricadas, legislación no vigente en Colombia, “testigos” con firmas cambiadas) --todo ello respaldado por una campaña difamatoria --orquestada por Voz, una gaceta comunista local y financiada en gran parte por jefes narcotraficantes que el coronel Plazas había sancionado entre 2003 y 2004 como director de la DNA (Dirección Nacional de lucha contra los estupefacientes).

El litigio civil en Estados Unidos

El nuevo pleito en Miami fue presentado ante un juzgado de la Florida, Estados Unidos, por las tres hijas de un abogado asistente del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas, 41 años, que perdió la vida dentro del Palacio de Justicia. Helena, Xiomara y Ana María Urán Bidegain sostienen que Carlos Horacio Urán habría salido con vida del Palacio, habría sido conducido por miembros de la fuerza pública y posteriormente habría sido torturado y asesinado. En esa hipótesis atribuyen responsabilidad al coronel Plazas Vega.

Sin embargo, las señoras Bidegain no son testigos. Helena tenía 10 años, María 5 años y Xiomara 2 años cuando ocurrió el atentado contra el Palacio de Justicia. Terceras personas fabricaron esa versión y ellas la aceptaron y rechazaron las conclusiones de las investigaciones judiciales. La primera, realizada por el Procurador General de esa época, Carlos Jiménez Gómez, dijo, en su informe el 20 de junio de 1986, que del magistrado auxiliar doctor Lisandro Romero y el abogado asistente doctor Carlos H. Urán “se sabe a ciencia cierta que ellos fueron abatidos en el acto de arrojarse sobre la línea de fuego en los momentos finales de la refriega e intentando evadirla”.

¿Qué pruebas tienen las acusadoras? La prensa colombiana no sabe gran cosa. Una de ellas dice haber descubierto, años más tarde, en Alemania, un “video” donde ella creyó ver al doctor Urán saliendo del palacio sostenido por dos policías. Esa versión es controvertida pues otros análisis y decisiones judiciales han cuestionado tanto la claridad de las imágenes como la conclusión de que la persona observada fuera efectivamente Urán.

En octubre de 2025, la Fiscalía de Colombia rechazó tal interpretación y afirmó que el abogado Urán no salió vivo del edificio. Su cuerpo fue encontrado entre los de las otras personas que durante el asalto se habían refugiado en el baño entre el segundo y tercer piso del Palacio de Justicia, a donde fueron conducidos por los asaltantes y donde fueron balaceados por estos.

La posición de la Fiscalía contradijo así las alegaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ellas habían activado. La Cidh es un organismo ultrapolitizado y con una trayectoria conocida de odio hacia los militares y el Estado colombiano en general. En lugar de perseguir y sancionar a los autores de la matanza del Palacio de Justicia, la Cidh condenó a la víctima, el Estado colombiano. Más tarde aceptó abrir una investigación contra el coronel Plazas por el caso Urán, pero fracasó pues la fiscal Buitrago no había encontrado pruebas que comprometieran al oficial en ese hecho específico.

La afirmación misma de las señoras Urán crea enigmas inexplicados. ¿Cuáles son las pruebas materiales y documentales que demuestran, más allá de la interpretación de un video, que Carlos Urán salió vivo del Palacio de Justicia? ¿Puede afirmarse con certeza que la persona observada en esas imágenes era realmente Urán, dadas las condiciones de confusión, humo, movimiento y baja calidad de los registros disponibles? Si Urán fue efectivamente evacuado por uniformados, ¿cuál habría sido la razón para que luego fuera torturado y asesinado por los mismos agentes que acababan de salvarlo? ¿Por qué ninguno de los rehenes rescatados ha confirmado de manera concluyente esa versión, pese a que varias personas salieron vivas del edificio y fueron trasladadas a distintos lugares de atención y registro?

El 9 de junio de 2010, el coronel Plazas Vega fue condenado por una juez de Bogotá a 30 años de prisión por la supuesta “desaparición” de once personas del palacio. Esa tesis se derrumbó gracias a una investigación exhaustiva realizada por el magistrado Hermens Dario Lara Acuna, y el coronel Plazas fue absuelto. Él nada había tenido que ver con los supuestos desaparecidos pues su misión en el operativo excluía la de ocuparse de las personas que salían del palacio. Ulteriormente, el enigma de los “desaparecidos” se cayó de nuevo. Esas personas habían muerto dentro del palacio e inhumadas días después en forma precipitada y no reglamentaria por Medicina Legal. La investigación del periodista Ricardo Puentes Melo demostró que los cadáveres no identificados fueron enterrados en fosas comunes de Medicina Legal ante la imposibilidad de identificarlos (las pruebas de ADN no existían en ese momento en Colombia).

Responsabilidades atribuidas al M-19

El ataque contra el Palacio de Justicia de Bogotá había sido ordenado por el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, financiador de esa atrocidad. El escuadrón terrorista terminó incendiando los archivos del Palacio de Justicia y dando la muerte a 107 personas, entre ellas a 59 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, abogados litigantes, abogados auxiliares de magistrados, y empleados. Treinta miembros de la fuerza pública fueron heridos y 11 murieron en esa batalla. Los uniformados del coronel Plazas rescataron a 259 personas.

Un comando del Ejército y agentes de la Policía Nacional, dirigidos por el general Jesús Armando Arias Cabrales, respondieron al ataque por orden del presidente de la República, Belisario Betancur (1982-1986). Entraron al palacio, dieron de baja a 25 insurgentes y rescataron a 259 víctimas (45 magistrados y 214 funcionarios y particulares), e impidieron que el Palacio presidencial, cercano al Palacio de Justicia, fuera asaltado también por el M-19.

Veinte un años después de esa batalla, el coronel Plazas, entre otros militares, fue encarcelado durante ocho años y medio. Después fue absuelto y puesto en libertad por la Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, en 1986, el Tribunal Especial de Instrucción (42 jueces) declaró culpable a la banda narcoterrorista M-19 por el asesinato de 36 personas y por los otros crímenes cometidos en el Palacio de Justicia. En ese proceso el abogado Urán aparece como víctima de los asaltantes. Esa condena fue confirmada en 2013 e hizo tránsito a cosa juzgada en 2020. Pero ninguno de los condenados pagó un solo día de cárcel. En cambio, el coronel Plazas fue condecorado por el gobierno de Colombia por su actuación en los hechos del Palacio de Justicia.

La Juez segunda penal especializada de Bogotá condenó a cuatro jefes del M-19 a 30 años de prisión, como coautores penalmente responsables del asesinato de 36 personas en la toma sangrienta del Palacio de Justicia. En la lista de víctimas por la cual la sentencia condena a los jefes del M-19 aparece desde luego el nombre de Carlos Urán Rojas. Esa sentencia fue confirmada en segunda instancia en diciembre de 2019 por el Tribunal Superior de Bogotá. Como no hubo demanda de casación la condena de los jefes del M-19 es, desde 2020, cosa juzgada.

Aunque los trágicos hechos del Palacio de Justicia ocurrieron en Colombia y las víctimas del ataque son colombianas, familiares de Urán entablaron una “querella civil” contra el coronel Plazas en un tribunal de Estados Unidos, residencial actual del coronel y su familia.

Lo cierto es que ese pleito, entablado en 2022, coincide con la llegada de Gustavo Petro, un exmiembro del M-19, a la presidencia de la República de Colombia.

A pesar de que ningún juez ignora el principio universal de derecho de res judicata pro veritate habetur (la cosa juzgada se considera la verdad), la demanda de las señoras Urán fue admitida por un juez de Estados Unidos.

Las hijas Urán cuentan con el apoyo de una Ong y de una costosa firma de abogados de California que dice trabajar por ellas “pro-bono” (cuando los abogados donan su tiempo para representar a las partes indigentes en asuntos civiles). El proceso comienza hoy con la selección de los miembros del jurado, lo que podría durar dos o tres días. El tribunal no abordará los detalles de la batalla jurídica en Colombia. Se limitará a examinar las pruebas y argumentos a cargo y descargo y el jurado decidirá sobre esa única base. Lo que hace incierta la aspiración de las demandantes pues nadie puede probar la comisión de un delito que nunca fue cometido.