(OPINIÓN) El Libro de la Verdad. Por: Eugenio Trujillo Villegas

Tal vez lo más extravagante del acontecimiento fue que esa presentación fue hecha por el presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo, ante los tres personajes que precisamente eran los encargados de impedir semejante saqueo. Estos son la fiscal Luz Adriana Camargo, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el procurador Gregorio Eljach.

Cómplices en el saqueo de Colombia

Es inexplicable la actitud de esas tres autoridades, que posan ante el país como si no supieran nada de lo que pasó, cuando en realidad ellos sabían todo y no hicieron absolutamente nada para evitarlo.

En consecuencia, las decenas de miles de investigaciones que se harán sobre los hechos los deben involucrar como cómplices de Petro en el saqueo de Colombia, porque todo se ejecutó al frente de sus narices.

El Libro de la Verdad hace un recuento de cada uno de los ministerios y entidades gubernamentales, mostrando la forma como despilfarraron los dineros públicos del presupuesto nacional, que era de poco más de $ 400 billones de pesos por cada año de Petro (unos $100 mil millones de dólares por año).

Son tantos los datos escandalosos que relata el libro que es imposible resumirlos en un artículo. El fenómeno más recurrente es la total falta de transparencia en el gasto público, al extremo de no saber en absoluto a quiénes se les giraban cantidades inmensas de dinero, sin justificar la razón de esos pagos. No hay trazabilidad del dinero, pues esa información fue borrada y desaparecida, de tal forma que reconstruirla será casi imposible.

Saqueo en el Ministerio de la Igualdad

Uno de los casos más escandalosos es el del Ministerio de la Igualdad, que se creó para satisfacer la voracidad criminal de Francia Márquez. Entre los años 2022 y 2025 se le asignaron $ 2,01 billones de pesos, de los cuales $ 1,77 billones, el 87,8%, se gastó sin dejar ningún rastro contable en las plataformas de control financiero del gobierno. (Pág. 39).

Saqueo en la UNGRD

En el caso de la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD), protagonista de los mayores escándalos de corrupción del gobierno, esta entidad recibió un total de $ 15,3 billones entre 2022 y 2026. Su ejecución acumulada en los cuatro años fue del 4,3%, según información de la Contraloría, que a la fecha no encuentra la información contable de la entidad. Sus estados financieros del año 2024 fueron calificados como no razonables, pues una suma de $ 1,29 billones no tiene ninguna justificación contable, mientras que los del año 2025 todavía no fueron presentados. Siendo esta la entidad encargada de atender los desastres, el 10 de agosto, día del terremoto, su director afirmó no tener dinero en caja para atender la tragedia, pues el presupuesto del año 2026 ya se lo habían gastado. (Pág. 36).

Saqueo en La Guajira

El gobierno de Petro, atendiendo diligentemente la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional que ordenaba proteger la niñez de la Guajira, destinó $1,78 billones con esa finalidad. Los recursos se manejaron a través del ICBF, y entre agosto de 2022 y julio de 2026 se suscribieron 1.085 contratos para atender a los niños necesitados. Durante este tiempo la Procuraduría y la Contraloría denunciaron la inoperancia del sistema, los contratos fraudulentos, la inasistencia alimentaria de los niños, pero no hicieron nada para evitarlo.

Esta aberrante destinación de cuantiosos recursos para atender a unos 350.000 niños de 0 a 14 años que hay en ese departamento deja claro que muy pocos de ellos recibieron alguna ayuda del Estado. Pero lo que sí sabe toda Colombia es que esos niños, que la mayoría son indígenas, siguen en la pobreza, en la desnutrición y el abandono, pues el Estado nunca los ayudó con nada. (Pág. 44).

Saqueo en la Reforma Agraria

Otra situación escandalosa fue la de la reforma agraria, presentada por Petro como una de las banderas principales de su gobierno.

Según una advertencia de la Contraloría, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) le pagó a la SAE (Sociedad de Activos Especiales), la suma de 979.000 millones de pesos por la compra de 537 predios que habían sido incautados a las mafias narcoterroristas. En junio de 2026, al final del gobierno, solo tres de esos predios tenían escritura pública a favor de los adjudicatarios, mientras que el resto aún está en el limbo jurídico.

Además, a través de la Agencia Nacional de Tierras se entregaron a campesinos 351.463 hectáreas en forma definitiva y otras 206.273 en forma provisional. Tan solo el 7% de esos predios cuenta con registro de propiedad, por lo cual esos campesinos aún no son dueños de nada, ni pueden gestionar créditos ante los bancos, ni ayudas del Estado para programas agropecuarios. (Pág. 31).

Saqueo en la reconstrucción de las vías terciarias

Continuando con los temas agropecuarios, el Plan Nacional de Desarrollo estableció la reconstrucción de 33.102 kilómetros de vías terciarias, en un programa denominado Caminos Comunitarios para la Paz. Estas vías son las que comunican las diversas poblaciones que están lejos de los grandes centros urbanos. En realidad, solo se ejecutaron 4.087 kilómetros (el 12,3%), mientras que los recursos para su ejecución fueron girados por $ 714.000 millones de pesos entre 2022 y 2026. (Pág. 38).

Saqueo en la salud

Con respecto a la salud, la situación es poco menos que apocalíptica. Las decisiones del gobierno fueron totalmente equivocadas al intervenir 8 empresas prestadoras de salud (EPS) con 28,7 millones de afiliados, que son más del 50% de la población. Las quejas y reclamos en esas EPS llegaron a 1,5 millones, siendo evidente que todo el sistema de salud de Colombia está desfinanciado y a punto del colapso, gracias a una política de desmantelamiento de la salud privada y de ineficacia de la salud pública. (Pág. 40).

Todas las EPS privadas que fueron intervenidas por el Estado carecen de estados financieros, pues desde el momento de la intervención desapareció esa información. Solo en la Nueva EPS, se han gastado más de $14 billones de pesos en una supuesta recuperación financiera, pero al respecto no hay ningún dato confiable.

Desmantelamiento de las Fuerzas Armadas

Con respecto a las FFAA, estas tienen en la actualidad un déficit presupuestal de $14 billones de pesos y más de la mitad de la flota aérea está en tierra por falta de mantenimiento. De 386 aeronaves, solo el 52% de ellas está en condiciones de volar. Mientras tanto, la criminalidad se disparó y los grupos narcoterroristas se apoderaron de más de la mitad del territorio de Colombia. (Pág. 54).

La crisis de Ecopetrol

Finalmente, Ecopetrol, la principal fuente de ingresos del Estado, redujo su producción a 712.000 barriles de petróleo por día, siendo la producción más baja de los últimos 5 años. Igual aconteció con la producción de gas, cuyas reservas se han disminuido en forma alarmante, de tal forma que ahora es necesario importarlo. Todo como consecuencia del desgreño administrativo de la camarilla criminal de Petro en la administración de la más grande empresa de Colombia. (Pág. 57).

Una administración pública criminal

El común denominador del gobierno de Petro es la más absoluta falta de transparencia en la administración de los recursos, el robo descarado de los mismos, la absoluta falta de ejecución de las políticas públicas y la más vergonzosa falta de honorabilidad en el manejo del dinero del Estado. Todo se lo robaron y además, borraron el rastro contable del desfalco.

Finalmente, sobra decir que con lo que estos bandidos se robaron durante los cuatro años de Petro, Colombia se podría reconstruir de las consecuencias de 10 terremotos como el que devastó a medio país hace pocos días, cuyo costo se estima en $ 30 billones. Esa suma se la robaron los petristas dos veces por cada año que gobernaron.

La peor catástrofe que puede sufrir una nación no son los terremotos, ni las inundaciones, ni ninguna calamidad pública. La peor catástrofe es elegir criminales en la presidencia de la República.