(OPINIÓN) Desobediencia civil o traición a la democracia. Por: Diego Arango

Ahora ambos han salido con que se colocan en desobediencia civil, figura que políticamente se realiza cuando existen casos de violación a los derechos humanos o injusticias flagrantes de gobiernos en ejercicio.

Nada más pueril y antidemocrático que esta actitud del presidente Petro y del senador Iván Cepeda, quienes, por su condición y espíritu revolucionario no democrático, buscan crear situaciones de caos, violencia y desestabilización de la nación a quien reconoció como justo ganador, pero con ánimo de subvertir el orden público incitando a sus seguidores a la desobediencia civil con el propósito de quedarse en el poder.

Ahora bien, quiero sustentar estos argumentos de la siguiente manera: la reciente validación de la elección presidencial en Colombia fue dada por parte del Tribunal Superior de Bogotá, quien negó una tutela, y también por la Corte Suprema de Justicia que a su vez archivó una demanda frente a las acusaciones de la oposición sobre la doble nacionalidad del mandatario electo. Lo anterior deja una lección fundamental sobre el funcionamiento de una democracia madura, en que las reglas del juego se respetan y la insatisfacción electoral no justifica el caos institucional.

El núcleo del debate jurídico es simple. La Constitución Política de 1991 exige dos requisitos taxativos para ocupar la jefatura de Estado: ser colombiano por nacimiento y mayor de 30 años. Dado que la misma Carta Magna permite explícitamente la doble nacionalidad y no restringe este derecho para el ejercicio de la presidencia, por lo tanto, el candidato electo cumple plenamente con la legalidad. Impedir su posesión basándose en una prohibición inexistente habría configurado una flagrante violación a sus derechos políticos y al voto de millones de ciudadanos.

Sin embargo, los perdedores Petro y Cepeda optaron por trasladar el debate del terreno legal al emocional. Al argumentar que la nacionalidad norteamericana del presidente electo Abelardo De la Espriella configura un riesgo de "traición a la patria", la oposición construyó una narrativa basada en la sospecha y el nacionalismo. La mala intención de este planteamiento radica en que el conflicto de intereses o la traición no pueden presumirse por el simple hecho de poseer un segundo pasaporte; estos son delitos graves que requieren ser demostrados mediante actos concretos y comprobables durante el ejercicio del cargo. Juzgar las intenciones antes de que comience el mandato pertenece al campo de la especulación política, no del derecho.

El punto más alarmante de la estrategia opositora fue el llamado a la desobediencia civil. Históricamente, la desobediencia civil es un recurso ético y pacífico legítimo cuando los ciudadanos se enfrentan a leyes tiránicas o a la violación sistemática de los derechos humanos. En este escenario, ocurre todo lo contrario: el presidente fue elegido bajo un proceso democrático y su situación cumple rigurosamente con la normativa vigente.

Llamar a desconocer las leyes o a paralizar el Estado simplemente porque el resultado de las urnas, la posición ideológica o el perfil del ganador no son del agrado del sector derrotado, desvirtúa por completo el concepto de desobediencia civil. No se trata de un acto de justicia, sino de un intento de desestabilización democrática incitando a la violencia que debilita el Estado de derecho.

Al negar la demanda y rechazar las pretensiones de desobediencia, la Corte actuó como el verdadero contrapeso que requiere la República. Su fallo traza una línea clara entre el legítimo disenso y el oportunismo político. Si la oposición considera genuinamente que la doble nacionalidad en un jefe de Estado representa un peligro geopolítico, el camino democrático es institucional: proponer una reforma constitucional en el Congreso para cambiar los requisitos del cargo en el futuro.

Intentar cambiar las reglas del juego mediante la presión y el desacato una vez se ha perdido la elección es, en sí mismo, el mayor riesgo para la estabilidad de la nación, que más allá de una desobediencia civil es una traición a la democracia. Pero lo más macondiano es que el presidente Petro ha ejercido 4 años teniendo doble nacionalidad.