Fiscalía de Ecuador solicitó seis años y seis meses de prisión para el expresidente Lenín Moreno

La Fiscalía General de Ecuador solicitó al tribunal una pena de seis años y seis meses de prisión para el expresidente Lenín Moreno (2017-2021), al considerarlo presuntamente responsable del delito de cohecho dentro del denominado caso Sinohydro. De acuerdo a lo que se supo, la petición fue presentada por el Fiscal General, Carlos Alarcón, durante el desarrollo del juicio que se siguió contra el exmandatario y otros procesados.

La solicitud de condena también cobijó a la esposa de Moreno, Rocío González, a la hija de ambos, Irina Moreno, y a otras 17 personas vinculadas al proceso judicial, entre ellas el exembajador de China en Ecuador, Cai Runguo. Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público informó, además, que retiró la acusación formulada contra una de las personas procesadas como presunta cómplice, por lo que el juicio continuó respecto de los demás acusados.

De acuerdo con la Fiscalía, el caso estuvo relacionado con presuntos pagos irregulares efectuados por la empresa estatal china Sinohydro durante la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, considerada la de mayor capacidad de generación eléctrica en Ecuador.

Según la investigación, la compañía habría destinado aproximadamente 76 millones de dólares en sobornos, por lo cual se sostuvo que el expresidente y su entorno familiar habrían recibido, presuntamente, más de un millón de dólares.

Sobre el caso, se señaló que una parte de esos recursos habría beneficiado directamente a Lenín Moreno y a su esposa mediante la adquisición de una vivienda y mobiliario, mientras que otros recursos habrían sido destinados a varios integrantes de su familia.

Entre las personas mencionadas por la Fiscalía figuraron los hermanos del exmandatario, Edwin y Guillermo Moreno, su hija Irina, sus cuñadas Jacqueline y Martha, así como su suegra, Aída Graciela.

Las actuaciones judiciales tuvieron su origen en una investigación publicada en 2019 por el portal periodístico La Fuente, que expuso presuntos vínculos entre allegados del entonces expresidente y la empresa offshore INA Investment, además de operaciones relacionadas con una propiedad ubicada en Alicante, España. A partir de esa información, la Fiscalía inició una investigación para determinar si existieron beneficios económicos irregulares cuando Moreno ejercía la Vicepresidencia de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa.

Además de la pena privativa de la libertad, el Ministerio Público solicitó que los procesados fueran inhabilitados para desempeñar cargos públicos o celebrar contratos con el Estado. Igualmente, pidió la suspensión de sus derechos de participación política, la imposición de multas y el pago de una reparación integral.

Como parte de las medidas planteadas por la Fiscalía, también se solicitó que los acusados presentaran disculpas públicas y que se instalara una placa conmemorativa de carácter anticorrupción en el complejo hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

Tras la presentación de los alegatos de la Fiscalía, el juicio continuó con las intervenciones de la Procuraduría y de las defensas de los procesados. Posteriormente, el tribunal quedó encargado de deliberar y adoptar una decisión sobre la solicitud de condena presentada por el Ministerio Público.

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