(OPINIÓN) “Cuando Medellín era municipio”. Por: John Jairo Llano Cano

Por ejemplo, la presentación del proyecto de ley y los diferentes debates que se dan tanto en la Cámara como en el Senado. Para el caso de Medellín, esto tuvo sus ires y venires para que al fin fuera aprobado mediante el Acto Legislativo 01 del 14 de julio de 2021, que tuvo como coordinador de ponentes al entonces senador Santiago Valencia González y un grupo clave de ponentes y coautores de la bancada antioqueña, entre ellos los congresistas Juan Diego Echavarría, Nicolás Albeiro Echeverry, John Jairo Berrío y Margarita Restrepo.

Desde su implementación en el año 2021, aún escuchamos a muchos ciudadanos y hasta ilustres políticos seguir hablando del municipio de Medellín. Esta amnesia colectiva y lingüística no es un simple capricho norteado; es el síntoma inequívoco del fracaso del gobierno local en su deber de hacer pedagogía urbana. Las administraciones de turno se han conformado con cambiar membretes, logos y papelería institucional, pero se olvidaron de explicarle a la gente de a pie para qué sirve este título. El concepto de Distrito se quedó encerrado en los escritorios de la burocracia y los foros de expertos, mientras que el habitante común sigue viviendo en el "municipio" porque nadie le ha traducido a su cotidianidad los beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación. La palabra "municipio" pesa más de un siglo de historia cultural, y pretender borrarla sin una estrategia de apropiación social agresiva es una total ingenuidad gubernamental.

Sin embargo, la diferencia al ser Distrito se basa en varios aspectos favorables, tales como:

* Autonomía fiscal y retención de recursos: Al convertirse en Distrito, Medellín adquiere un estatus político similar al de Bogotá o Barranquilla. Esto le permite renegociar el porcentaje de transferencias con la Nación y captar más recursos directamente del Sistema General de Participaciones (SGP), disminuyendo proporcionalmente la dependencia o el aporte obligatorio que se diluía en fondos departamentales comunes, permitiendo que lo recaudado en Medellín se invierta con prioridad en su propia infraestructura tecnológica.

* Proyección y diplomacia internacional: El sello de Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTi) funciona como una marca ciudad blindada por la Constitución. Esto facilita la firma directa de convenios de cooperación internacional, la atracción de inversión extranjera directa (IED) sin intermediación del gobierno central y la creación de exenciones tributarias locales para multinacionales tecnológicas que se asienten en el territorio.

* Empoderamiento social y comunal: Las organizaciones sociales, JAC y JAL adquieren herramientas jurídicas para gestionar presupuesto participativo enfocado en la apropiación digital. La ley de distritos faculta la creación de fondos locales de innovación donde las comunidades pueden proponer y ejecutar proyectos productivos basados en base tecnológica, robótica barrial y conectividad comunitaria.

* Hermandad con grandes ligas: Medellín se suma formalmente al selecto club de distritos de Colombia, compartiendo estatus constitucional con ciudades como Bogotá (Distrito Capital), Barranquilla (Distrito Especial, Industrial y Portuario), Cartagena (Distrito Turístico y Cultural), Santa Marta (Distrito Turístico, Cultural e Histórico) y Buenaventura (Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico).

Ese sello de Distrito ya pasó por los filtros que la Ley exige y ahora son los gobiernos locales y el Gobierno nacional los que, de manera conjunta, deben encaminar sus fuerzas a conseguir alianzas internacionales y establecer más oportunidades que hagan mérito a ser ese Distrito que se soñaron los que lo promulgaron y que nos lleve a niveles de desarrollo concretos. El reto ya no es legislativo ni normativo; el desafío actual es arrancar el Distrito de la retórica política y sembrarlo de verdad en la mente y el beneficio de los ciudadanos