(OPINIÓN) Colombia elección presidencial y votación forzada. Por: Eduardo Mackenzie

A medida que se aproxima la fecha de la primera vuelta en la elección presidencial de Colombia el 31 de mayo-, la violencia subversiva intensifica sus golpes contra la población y contra la fuerza pública en zonas específicas de la geografía nacional. El efecto es obvio: están creciendo los municipios donde partidos, candidatos y autoridades electorales no son tolerados por la subversión.

Hay una relación entre cuatro fenómenos: la elección presidencial, los asaltos del terrorismo, los efectos electorales que buscan los violentos y la compra de conciencias por “regalos” monetarios con dinero público que hace el jefe del poder ejecutivo. Sin embargo, la prensa no parece ver esa sincronía. Las irrupciones violentas, que adoptan formas variadas, sobre todo a escala municipal, y la corrupción rampante, son vistos como una rutina macabra. La explicación de fondo que proponen es: Colombia es víctima, desde los años 1940 hasta hoy, de las guerrillas comunistas, de los paramilitares anticomunistas, de los carteles narcotraficantes, colombianos y extranjeros, y de la delincuencia común.

Esa definición no es falsa, aunque es incompleta. Lo que existe ahora es una ofensiva solapada para impedir el voto libre en cientos de municipios para hacer ganar al candidato de las Farc (1) quien oculta sus planes tras cuentos alegres que nadie contradice pues él le huye a todo debate con otros candidatos.

La técnica de la presión sobre los votantes fue aplicada en las elecciones legislativas del 8 de marzo. Los resultados fueron óptimos. Un ejemplo: en La Uribe, localidad del departamento de Caquetá donde Tirofijo, el jefe de las FARC, instaló en los años 1980 su cuartel general, donde las Farc siguen influyendo (2), el 66.7% de los votos fueron para los candidatos del Pacto Histórico, la coalición comunista (3). En Cumbitara, Nariño, el 53.3% de los votos también fueron para el PH. Y así ocurrió, entre el 50.6% y el 25.1%, en 9 municipios más, de 8 departamentos.

Desde que Iván Cepeda cede puntos en los sondeos (perdió el apoyo del Partido de la U) y pasa a ocupar un tercer y cuarto lugar en las inclinaciones electorales, como si la ayuda que recibe de Gustavo Petro ya no bastara, las atrocidades se precipitan sobre regiones y grupos sociales específicos: soldados en Putumayo (un avión Hércules de la FAC que transportaba tropas se precipitó a tierra en Putumayo, el 23 de marzo. Balance: 66 militares muertos, 57 heridos y 4 desaparecidos); camioneros y policías en el Cauca; seis jóvenes en la Guajira; soldados, policías y civiles en Norte de Santander; líderes sociales y defensores de derechos humanos al oriente de Cali; soldados atacados por drones sincronizados en Jamundí, Valle del Cauca y en Corinto, Cauca. En Antioquia, los 51 grupos ilegales de ese departamento (4) lanzan amenazas para poner bajo su bota las Juntas de Acción Comunal. Los líderes reciben consignas contradictorias y todo error o negativa “puede traducirse en amenazas, desplazamientos o asesinatos”, revela la prensa. El 11 de abril, en Cúcuta, ocho soldados y un policía fueron heridos con explosivos. Las autoridades no saben si los agresores son del ELN o de las Farc.

La política de la intimidación emplea también los mensajes anónimos. Las campañas de Paloma Valencia (Centro Democrático) y de Abelardo De la Espriella (Defensores de la Patria) vieron la aparición de montajes fotográficos que evocaban su muerte. Algunos diarios admiten que esas amenazas son incitaciones al crimen y que el “silencio cómplice de Petro y del candidato de la izquierda, Iván Cepeda, preocupa aún más” (5). El 12 de abril, mientras Paloma Valencia hacía un mitin en Bucaramanga, energúmenos vandalizaron la sede del senador electo Oscar Villamizar, del Centro Democrático y de Jonatan Pineda, candidato regional. El 13 de abril, en el norte de Bogotá, una balacera en la vía pública dejó seis personas heridas, entre ellas un menor de ocho años.

Obviamente, los ataques disfrazados crean confusión y fatalismo, pero la mancha del terror se extiende sobre todo en las regiones donde el voto es cada vez más forzado. El historiador y gran analista de la vida política, José Alvear Sanín, mostró el alcance de esa estrategia: “Basta con 15.000 votos en cada uno de los 130 municipios [donde el dominio de las bandas comunistas] ya es indiscutible, para recoger los dos millones de votos que pueden llevar a Iván Cepeda al poder. Pero como hay más de 400 municipios afectados, conviene calcular el potencial de votos que, más que probablemente, serán constreñidos.” (6)

En esas localidades las organizaciones armadas son más fuertes que la Policía y el Ejército y que todas las autoridades locales reunidas. Tal es el efecto buscado por la pretendida “paz total” de Gustavo Petro, cuyo principal objetivo es que las fuerzas de seguridad abandonen las regiones. Así, las milicias ilegales crecieron en los cuatro últimos años un 150% y ejercen sobre la población y la dirigencia local toda suerte de presiones sin que el Estado logre impedirlo. Al mismo tiempo, en Bogotá, Petro proclama: “Estamos en elecciones y aquí hay libertad del voto” (7).

Petro debería hablar del voto como un derecho. Pero eso bajo el régimen de Petro es una quimera. En Colombia ese derecho debe ser ejercido “sin ningún tipo de coacción”, indica la Constitución Nacional.

Colombia es, pues, un país donde una gran parte de los ciudadanos no puede ejercer serenamente el derecho de votar en las elecciones legislativas y presidenciales. Eso ocurre mientras escribo estas líneas. La elección presidencial del 31 de mayo próximo no transcurrirá en un clima de seguridad ni de libertad.

Esta nota tiene como objeto mostrar lo que ocurre pues en Europa y Estados Unidos persiste la idea de que las elecciones en Colombia son normales. En Colombia, centenas de miles de electores no tienen otra salida: deben votar según lo que les dicten sus verdugos.

(1).- Las Farc disidencias y otras organizaciones armadas han hecho saber que ellas apoyan la candidatura de Iván Cepeda.

(2).- Tirofijo murió en La Uribe, el 20 de marzo de 2008, luego de un intenso bombardeo del Ejército.

(3).- Estudio realizado por Noticiero Vélez Por La Mañana, Bogotá)

(4).- Según El Colombiano, en Antioquia hay 10 estructuras del Clan del Golfo, 8 frentes del Eln, 4 bloques de las disidencias de las Farc, 7 bandas del Valle de Aburrá y 22 grupos locales.

(5).- El 7 de junio de 2025, el senador y candidato presidencial de oposición Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado en Bogotá por sicarios de las FARC. El candidato presidencial murió el 11 de agosto de 2025.

(6).- La Linterna Azul, Medellín: https://lalinternaazul2.wordpress.com/2026/04/10/permitira-la-clase-politica-validar-los-votoconstrenidos/

Ver también: https://lalinternaazul2.wordpress.com/2026/04/14/la-clase-politica-ha-permitido-la-destruccion-de-colombia-jose-alveasanin/

(7).-La frase "la libertad del voto" es errada porque el artículo definido "el" fue combinado con la preposición "de", formando "del", lo que sugiere posesión o pertenencia específica: “la libertad del voto” podría interpretarse como que el voto posee libertad, lo cual es semántica y gramaticalmente incorrecto. El español evita antropomorfizar o asignar facultades al acto (el voto) en lugar de a la persona.