La gran expropiación

En plena campaña y con un alto contenido dramatúrgico y demagógico, el entonces candidato para la presidencia de la República Gustavo Petro acudió a la Notaría 17 de la ciudad de Bogotá y manifestó que no expropiaría a nadie.  En el consabido documento, pueden leerse las siguientes palabras de su puño y letra: “con contundencia afirmo que mi propuesta de transformación para este país no se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación. Dentro del respeto profundo por la Constitución y la ley, como presidente de todos los colombianos no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie».

La validez jurídica de este documento es altamente cuestionable.  Pero eso no es relevante, pues el firmante de dicho documento no pretendía crear una obligación legal (¿frente a quién? ¿Exigible cómo?), sino irradiar una señal política para apaciguar las fundadas dudas acerca de las reales pretensiones de Petro.  Y lo cierto es que tampoco hay que tenerle miedo a la expropiación legítima, selectiva y encausada a los fines del estado.  Y, claro, siempre con indemnización previa.  Esta figura ya está concebida hoy en día en nuestra Constitución Política (Art. 58) y ha sido empleada efectivamente, o como herramienta de negociación, por todos los gobiernos en el campo de la infraestructura y de los servicios públicos, entre otros.

Pero esta no es la expropiación que tenía en mente el entonces candidato Gustavo Petro ni la que ahora se avecina para todos los colombianos.  No se trata de expropiar unas fincas para promover proyectos productivos, ni de expropiar unos terrenos para hacer obras sociales o de infraestructura, lo que por lo demás en muchos casos puede ser loable.  En el otro extremo del espectro, tampoco ha anunciado ni se anticipa que empiece el gobierno de Petro a expropiar las acciones de las compañías para nacionalizarlas.  Con el fantasma del régimen venezolano a cuestas, el entonces candidato y hoy presidente sabe qué acciones de esa índole no pasarían el escrutinio judicial o popular en ningún régimen democrático.  No, esa no es la expropiación que debe preocupar a los colombianos.  La expropiación que ha fraguado el presidente es mucho más profunda, más estructural y, por ende, más nefaria y perversa.

En las últimas décadas la mayoría de los países han celebrado con sus pares tratados de protección de inversión extranjera.  Colombia ha suscrito más de una veintena de estos tratados, con países como Estados Unidos, España, China, Suiza, entre otros.  Desde entonces, el derecho internacional ha reconocido que la expropiación puede tomar dos formas. 

La primera, grosera y burda, al estilo de Hugo Chávez, es una expropiación directa por medio de la cual el estado usurpa el derecho de dominio del particular sin indemnización.  La segunda, la indirecta, es una expropiación disfrazada, expresada a través de restricciones regulatorias, impuestos confiscatorios y un sinnúmero de medidas reglamentarias que un estado puede implementar bajo la apariencia de la regla del estado de derecho, pero que en realidad tienen el mismo propósito y el mismo efecto que la expropiación directa, a saber, privar al titular del uso o beneficio económico que razonablemente se esperaría de la propiedad aun cuando no se afecte formalmente el título o la posesión física.  Una subespecie de esta última es la expropiación progresiva (creeping expropriation), donde no es una sola, sino la sumatoria de diversas medidas de distinta índole y en distintos momentos del tiempo las que arrasan con la inversión.  No es de extrañar que la llegada al poder de regímenes expropiatorios esté correlacionada con el incremento de demandas de protección de inversiones.  Por ejemplo, sin ir tan lejos, para el 2005 Argentina llegó a ser el país con más demandas de esta naturaleza ante el CIADI en el mundo.

La reforma a la salud del presidente Petro trae numerosas disposiciones abiertamente expropiatorias bajo los criterios indicados anteriormente: acaba con las EPS (o, lo que es lo mismo, las relega a una función meramente administrativa).  Crea un pagador público único, la ADRES, entidad pública que manejaría todos los recursos de la salud como lo hizo fallidamente el extinto Seguro Social.  Y elimina o restringe la capacidad de elección de los usuarios.  Lo mismo hace la reforma pensional.  Con su sistema de pilares, la reforma dispone que todas las cotizaciones de las personas que devenguen más de tres salarios mínimos deberán pasar a Colpensiones.  Esto representa el 87% del ahorro pensional del país.  Es decir, este ahorro ya no será administrado por las administradoras privadas -mermando el derecho de elección del usuario, dicho sea de paso- sino que será administrado por una entidad pública que depende directamente del gobierno nacional.  Este ahorro es crucial para la estabilidad de las finanzas públicas (pues las administradoras de fondos de pensiones son los principales inversionistas en TES) y la inversión en fondos de capital privado y otros vehículos de inversión que canalizan esos recursos a proyectos productivos.  Al margen de la ideología, una medida como esta secará al mercado de capitales y hará que escasee el capital.  Por último, la reforma laboral y otra serie de reformas parlamentarias o implementadas directamente por el ejecutivo lentamente terminarán asfixiando a múltiples industrias, como la de la exploración y explotación de hidrocarburos, la construcción, el turismo, etc.  La expropiación al sector privado que producirían estas reformas es indiscutible y el daño al tejido empresarial incalculable.  Todo esto repercute en menos empleo, menos tributos, más pobreza y más inseguridad. 

Esa es la gran expropiación que planea llevar a cabo el presidente Gustavo Petro.  Una expropiación velada, vestida de legalidad, pero en realidad mucho más profunda y preocupante. Una expropiación generalizada del sector privado, por el cual el actual mandatario profesa un evidente desdén.  Con la reforma a la salud, las EPS será en efecto expropiadas sin indemnización y los recursos del sistema pasarán a ser administrados por un pagador único estatal, dependiente del gobierno.  Lo mismo pasará con la reforma pensional.  Y múltiples otros empresarios y emprendedores serán expropiados progresivamente con el resto de las reformas que está promoviendo el gobierno.  Se trata de una expropiación generalizada del sector privado, lo cual atenta directamente contra la Constitución y el derecho internacional. 

A pesar de múltiples entrevistas y alocuciones digitales de la oposición, las reformas avanzan galopantes en el Congreso, gracias a la mermelada o a la ineptitud e impericia de nuestros parlamentarios.  Lo que pasó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde luego de una tramposa reconfiguración del quorum se aprobó a pupitrazo la mayoría de los artículos de la reforma a la salud, es especialmente preocupante.  Esperemos que los dirigentes y partidos políticos que integran la oposición no sucumban a las mieles de la politiquería y el clientelismo y logren atajar esta embestida frontal contra nuestras instituciones y el modelo económico establecido en nuestra Constitución, el cual se fundamenta en la libertad de empresa y la colaboración armónica entre el sector público y el sector privado.  Sí el Congreso de la República aprueba las reformas, la Corte Constitucional tendrá la última palabra.  Si las salvaguardas democráticas fallan, algunos inversionistas extranjeros podrán demandar al estado bajo los tratados de protección de inversiones suscritos por Colombia -lo que, dicho sea de paso, empeorará aún más las finanzas públicas-, pero la gran mayoría de los colombianos tendremos que asumir los nefastos e irreversibles efectos de esta gran expropiación.

A este paso, si nadie lo detiene, contrario a su engañosa misiva, Petro expropiará todo a todos.