Eder cuestiona advertencias de Petro a alcaldes y defiende autonomía territorial

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, reaccionó a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien advirtió que podría promover la salida de alcaldes que no adopten medidas frente al aumento del impuesto predial y los avalúos catastrales en municipios con protestas. El pronunciamiento del mandatario caleño se suma a otras voces que han pedido respeto por el marco institucional y la autonomía de las entidades territoriales.

Eder señaló que no considera adecuado el tono utilizado por el jefe de Estado al referirse a los alcaldes. En sus declaraciones, enfatizó que Colombia es una democracia y que el presidente ejerce su cargo dentro de un sistema institucional definido por la ley. También recordó que existen normas claras que regulan el cobro de impuestos como el impuesto predial, cuya aplicación corresponde a las administraciones locales y a los concejos municipales.

Tensión por el manejo del impuesto predial

La controversia se originó tras un mensaje publicado por el presidente Petro en la red social X. En este, atribuyó a alcaldes y concejos la responsabilidad de definir las tarifas del impuesto predial y los instó a ajustar las tasas para reducir el impacto en la población. Además, el mandatario señaló que quienes no adopten medidas podrían estar afectando el orden público.

El presidente planteó que los gobiernos locales tienen la capacidad de modificar las tarifas mediante acuerdos municipales y sugirió que estos cambios podrían implementarse en un corto plazo. Además, insistió en que la política del Gobierno busca aliviar la carga sobre los sectores más vulnerables y aumentar la contribución de quienes tienen mayor capacidad económica.

Respuesta desde los gobiernos locales

Frente a estas afirmaciones, el alcalde de Cali reiteró que cualquier ajuste debe hacerse dentro del marco legal vigente. Subrayó que los mandatarios territoriales no pueden actuar por fuera de las normas que regulan el sistema tributario, y que las decisiones deben responder a criterios técnicos y jurídicos.

El debate también generó la reacción de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que emitió un pronunciamiento en el que recordó que en una democracia constitucional no es procedente plantear la remoción de mandatarios elegidos por voto popular sin el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos.

La organización señaló que la Constitución y la jurisprudencia vigente establecen que sanciones como la destitución, suspensión o inhabilidad deben ser impuestas por autoridades competentes, mediante procesos que garanticen el debido proceso y el respeto a los derechos políticos.

Debate institucional en medio de protestas

Las declaraciones se producen en un contexto de movilizaciones en distintas regiones del país, motivadas por el aumento en los avalúos catastrales y su impacto en el impuesto predial. Este escenario ha intensificado el debate sobre las responsabilidades del Gobierno nacional y las autoridades locales en la definición de las políticas tributarias.

Mientras continúan las discusiones, las distintas instancias del Estado enfrentan el reto de encontrar soluciones que permitan atender las demandas ciudadanas sin afectar el equilibrio institucional ni el marco jurídico vigente.