Volkswagen aplazó la decisión sobre 100.000 despidos y abre meses de negociación con los sindicatos

El consejo de vigilancia de Volkswagen se reunió el jueves 9 de julio en un encuentro descrito por la propia compañía como decisivo, pero concluyó sin respaldar la versión más drástica del ajuste que impulsa su cúpula directiva. El director ejecutivo, Oliver Blume, había planteado suprimir hasta 100.000 empleos en todo el mundo, alrededor del 16% de la plantilla global del grupo, y cerrar cuatro fábricas en Alemania: Hannover, Emden, Zwickau y la planta de Audi en Neckarsulm. La cifra representa aproximadamente el doble de los recortes previstos hasta ahora.

En lugar de aprobar esas medidas, el órgano de control optó por abrir un proceso de negociación que, según la empresa, podría prolongarse durante meses entre la dirección, los sindicatos y las autoridades políticas de los estados donde opera. Tras la reunión, Volkswagen anunció además su intención de reducir hasta en un 50% su extensa gama de modelos, como parte de un plan de ahorro destinado a simplificar su oferta y recortar costes de desarrollo y producción.

La compañía atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. La dirección atribuye el ajuste a la presión de los aranceles estadounidenses, a los márgenes de beneficio más ajustados en la venta de vehículos eléctricos y, sobre todo, a la fuerte competencia en China, el mayor mercado automovilístico del mundo, donde los fabricantes locales han ganado terreno con vehículos eléctricos más baratos.

La respuesta sindical fue inmediata. El sindicato industrial IG Metall convocó movilizaciones en alrededor de veinte centros del grupo Volkswagen en toda Alemania para exigir a la dirección que preserve la producción nacional. Su presidenta, Christiane Benner, advirtió de un "conflicto de gran magnitud" si la empresa avanza con los cierres y lanzó un mensaje directo a la cúpula: "No mientras estemos de guardia". La principal representante de los trabajadores, Daniela Cavallo, dio un ultimátum a Blume para que se dirigiera a la plantilla antes del viernes 10 de julio, bajo la amenaza de convocar asambleas extraordinarias en las plantas después del receso estival.

Volkswagen, con sede en Wolfsburgo, emplea a cientos de miles de personas en Alemania y es uno de los mayores contribuyentes industriales del país, por lo que cualquier cierre de plantas tiene implicaciones económicas y políticas que trascienden a la empresa. El estado de Baja Sajonia, accionista del grupo, cuenta con asiento en el consejo de vigilancia y ha manifestado su rechazo a los cierres.

El desenlace de la reunión deja el conflicto laboral abierto y traslada la decisión final a una ronda de conversaciones cuyo resultado determinará el futuro de miles de empleos y la reorganización industrial de una de las mayores compañías europeas.