Human Rights Watch cuestionó la implementación de la nueva ley de amnistía aprobada en Venezuela y advirtió que la normativa presentó graves limitaciones que impidieron la liberación de numerosas personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos.

La organización señaló que, aunque la ley fue presentada por las autoridades venezolanas como un mecanismo para promover la “paz social y la convivencia democrática”, su aplicación habría sido desigual y opaca, además, la organización aseguró que muchos opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sindicales quedaron excluidos del beneficio.

Según Human Rights Watch, las autoridades venezolanas informaron que más de 8.600 personas habrían sido favorecidas con la ley, incluidas más de 300 que permanecían privadas de la libertad.

Pero, hasta el momento no fue publicada una lista oficial de beneficiarios. Foro Penal, organización dedicada a la defensa de presos políticos, aseguró que al menos 457 personas continuaban detenidas por razones políticas.

La ley de amnistía fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 19 de febrero y estableció medidas para determinados delitos cometidos entre 1999 y 2026, pero pese a ello Human Rights Watch indicó que la norma limitó la elegibilidad únicamente a hechos relacionados con eventos específicos, entre ellos las protestas de 2014 y 2017 y algunos procesos electorales recientes.

La organización también advirtió que el sistema judicial venezolano, encargado de revisar las solicitudes de amnistía, carecía de independencia frente al poder ejecutivo.

Sobre el tema, se reveló que investigadores de Human Rights Watch entrevistaron a 16 personas consideradas presos políticos, además de abogados y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, con el fin de documentar la implementación de la ley.

Entre los casos señalados figuraron los de Perkins Rocha y Henry Alviarez, dirigentes del partido Vente Venezuela; Javier Tarazona, director de Fundaredes; varios líderes sindicales y el periodista Carlos Julio Rojas. Según Human Rights Watch, las autoridades judiciales rechazaron o mantuvieron pendientes sus solicitudes de amnistía.

El informe también sostuvo que algunos tribunales habrían dejado de recibir nuevas solicitudes después de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmara, en abril, que la ley había cumplido su propósito. Posteriormente, el diputado Jorge Arreaza aclaró que la normativa seguía vigente, aunque consideró que la mayoría de los posibles beneficiarios ya habían sido amparados.

Se expuso que la ley contenía disposiciones ambiguas que permitieron excluir a personas procesadas por hechos relacionados con expresiones protegidas por estándares internacionales de derechos humanos.

Asimismo, se advirtió que muchos detenidos no fueron informados adecuadamente sobre los cargos ni sobre las pruebas en su contra, situación que dificultó sustentar las solicitudes de amnistía.

La organización también denunció retrasos en las decisiones judiciales, restricciones para acceder a expedientes y obstáculos para designar abogados particulares. Varias personas entrevistadas aseguraron que los defensores públicos no presentaron solicitudes de amnistía ni apelaciones frente a decisiones negativas.

Inclusive se mencionó que en algunos casos revisados por Human Rights Watch, las resoluciones judiciales no habrían explicado de forma clara las razones para negar el beneficio, la organización sostuvo que esto generó decisiones inconsistentes y limitó la posibilidad de presentar recursos de apelación.

El informe mencionó el caso de cinco líderes sindicales detenidos en 2022 tras participar en protestas laborales, que aunque recuperaron la libertad en 2023 bajo medidas judiciales, todavía cargan con condenas vigentes y posteriormente les fue negada la amnistía.

Human Rights Watch pidió a las autoridades venezolanas garantizar la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente y explorar otras vías legales para cerrar procesos penales considerados injustificados.

OEA, ONU y Conferencia Episcopal alertaron por deterioro de seguridad en el Catatumbo