Gobierno reactiva órdenes de captura contra más de 30 cabecillas de las disidencias y el ELN

Retorno de las órdenes de captura

El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció una nueva orientación frente a los integrantes de grupos armados que durante la administración anterior recibieron beneficios asociados a los procesos de paz. La medida contempla reactivar las órdenes de captura contra más de 30 cabecillas de las disidencias de las Farc y del ELN.

Entre los nombres incluidos aparece Alexander Díaz Mendoza, conocido con el alias de ‘Calarcá’, quien encabeza la lista de personas frente a las cuales se retomarán las acciones judiciales correspondientes.

Las órdenes habían sido suspendidas durante el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la política de Paz Total, estrategia mediante la cual la anterior administración buscó establecer diálogos y mecanismos de sometimiento con diferentes organizaciones armadas ilegales.

La decisión del nuevo Gobierno supone un cambio en el tratamiento de esos grupos y prioriza nuevamente las actuaciones de la Fuerza Pública y de las autoridades judiciales frente a los cabecillas incluidos en la lista.

Gobernador de Antioquia respalda la medida

Desde Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón manifestó su respaldo a la determinación del Gobierno nacional y consideró especialmente relevante que ‘Calarcá’ figure entre los primeros objetivos de las nuevas acciones.

“Celebramos que el Gobierno del Presidente Abelardo de La Espriella reactive las órdenes de captura contra los cabecillas de las Farc y el ELN que Petro convirtió en gestores de paz”, señaló el mandatario departamental.

Rendón cuestionó los beneficios otorgados durante la administración anterior y afirmó que, mientras las órdenes de captura permanecían suspendidas, las estructuras armadas continuaron fortaleciendo su presencia y capacidad operativa.

El gobernador sostuvo que la reactivación de las órdenes representa un cambio frente al tratamiento que recibieron estos integrantes de los grupos armados durante el proceso de Paz Total.

“Que alias Calarcá encabece la lista es apenas justicia”, afirmó Rendón, quien además hizo un llamado a los integrantes de la Fuerza Pública para avanzar en las acciones destinadas a ubicar y capturar a los cabecillas requeridos por las autoridades.

Cambio frente a la Paz Total

La decisión se enmarca en la postura crítica que el presidente De La Espriella ha expresado frente a la política de Paz Total implementada por el Gobierno de Gustavo Petro.

La administración anterior suspendió órdenes de captura contra integrantes de organizaciones armadas con el propósito de facilitar acercamientos y negociaciones. Algunos de ellos fueron designados como gestores de paz, una figura que permitió su participación en actividades relacionadas con los procesos de diálogo.

El nuevo Gobierno ha planteado un enfoque diferente y ha cuestionado los beneficios concedidos a miembros de estructuras ilegales mientras mantenían actividades criminales.

En ese sentido, la reactivación de las órdenes de captura constituye una de las primeras decisiones de la nueva administración en materia de seguridad frente a las disidencias de las Farc y el ELN.

El Gobierno ha señalado que la política de seguridad debe priorizar la protección de la población civil y el fortalecimiento de la capacidad de la Fuerza Pública para enfrentar a las organizaciones armadas ilegales.

Antioquia anuncia la Operación Cazador

El gobernador Rendón acompañó su pronunciamiento con el anuncio de una iniciativa denominada “Operación Cazador Antioquia”, orientada a respaldar las acciones contra integrantes de grupos armados que operan en el territorio.

El mandatario departamental planteó que las autoridades deben avanzar en la ubicación, captura y judicialización de quienes tengan órdenes vigentes.

Rendón resumió su posición con una consigna: “Sin estatus político. Sin privilegios. Sin excepciones”.

El pronunciamiento se produce en un contexto de cambio en la política nacional de seguridad. La nueva administración busca fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública contra las estructuras armadas y retomar las órdenes judiciales que habían quedado suspendidas durante los procesos de acercamiento adelantados por el Gobierno anterior.

La reactivación de las órdenes de captura también devuelve a las autoridades la posibilidad de ejecutar las actuaciones judiciales correspondientes contra los cabecillas incluidos en la lista.

El Gobierno de De La Espriella ha definido como prioridad la confrontación de las organizaciones armadas ilegales y ha señalado que los mecanismos de diálogo no pueden impedir la acción de la justicia ni limitar las capacidades constitucionales de las Fuerzas Militares y la Policía.

La medida anunciada marca así un cambio frente al modelo aplicado durante la Paz Total y establece una nueva hoja de ruta en la relación del Estado con las disidencias de las Farc y el ELN.