OEA, ONU y Conferencia Episcopal alertaron por deterioro de seguridad en el Catatumbo

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Conferencia Episcopal del país expresaron su profunda preocupación por el deterioro de la seguridad en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

A través de un comunicado conjunto, las organizaciones advirtieron que la confrontación entre grupos armados ilegales ha provocado amenazas, estigmatización y ataques directos contra la población civil, y ha afectado a líderes sociales, dignatarios de juntas de acción comunal, organizaciones comunitarias y autoridades locales.

En su pronunciamiento, las entidades señalaron que la situación ha dejado consecuencias humanitarias que calificaron de “inaceptables” y rechazaron de manera contundente cualquier acción que involucre o ponga en riesgo a la población civil en medio de la violencia que atraviesa la región.

Reiteraron el llamado a todos los grupos armados ilegales para que cumplan de manera estricta e incondicional las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), insistiendo en que la protección de la población civil no puede estar sujeta a interpretaciones o decisiones discrecionales.

Asimismo, instaron al Estado colombiano a garantizar la protección integral de las comunidades afectadas por la crisis de seguridad en el Catatumbo.

La MAPP/OEA, la Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal también reafirmaron su compromiso de continuar acompañando a las víctimas y a las comunidades impactadas por la violencia, así como de seguir promoviendo iniciativas orientadas a la construcción de una paz sostenible y duradera en el país.

Cabe mencionar que la situación en esta zona del país, en materia de vulneraciones a los derechos humanos, presencia de grupos armados y afectaciones a los ciudadanos, no es nueva.

De hecho, el pasado 19 de mayo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció el asesinato del líder social Iván Stiven Camacho Castillo en Ábrego, Norte de Santander. En su pronunciamiento, Indepaz señaló que la víctima hacía parte de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT) y era reconocido por su labor como coordinadora del comité de educación y deportes del refugio humanitario de Beltrania, en Tibú.

Según el reporte de Indepaz, Camacho Castillo se movilizaba junto al líder Freiman David Velásquez y su esquema de seguridad cuando fueron atacados en el sector de Oropoma. En el hecho murieron seis personas, entre ellas los dos líderes sociales, escoltas del esquema de protección y dos mujeres.

Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas sobre los riesgos de seguridad en la zona debido a la presencia y confrontación de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes, Los Pelusos y estructuras locales.

El Instituto también advirtió sobre amenazas contra líderes sociales, desplazamientos forzados y disputas por el control territorial y economías ilícitas en la región del Catatumbo. Finalmente, se recordó que, con este caso, el registro de Indepaz indica que ya son 61 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el país en lo que va del año.

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