Ecuador inició el tercer juicio contra tripulantes de barcos hundidos por Estados Unidos, tras absolver a 32 pescadores

Un tribunal de Manta, ciudad costera de Ecuador, tiene previsto realizar este martes 20 de octubre un tercer juicio contra tripulantes de embarcaciones interceptadas y destruidas por fuerzas estadounidenses en el océano Pacífico. El proceso se desarrolla después de que la justicia ecuatoriana absolviera a 32 hombres en una causa anterior, al considerar que no se acreditó su participación en actividades ilícitas.

La nueva audiencia corresponde a un grupo de diez tripulantes y forma parte de una serie de procesos judiciales relacionados con cinco embarcaciones intervenidas entre finales de agosto y septiembre de 2026. Las operaciones fueron justificadas por el Comando Sur de Estados Unidos bajo el argumento de que los barcos servían como puntos de abastecimiento de combustible para lanchas vinculadas al narcotráfico.

El antecedente más reciente se registró el 7 de octubre, cuando una jueza declaró inocentes a 32 tripulantes de las embarcaciones Conquista II y María Candelaria, acusados de asociación ilícita. Según el abogado defensor Juan Alvia, la Fiscalía no consiguió demostrar que los procesados hubieran cometido un delito ni presentó documentación estadounidense que acreditara los supuestos vínculos con redes de narcotráfico. La decisión corresponde a una sentencia de primera instancia y puede ser objeto de apelación. EFE

La defensa sostiene que los casos comparten circunstancias similares y espera que el nuevo proceso tenga en cuenta los argumentos examinados en el juicio anterior. Alvia también anunció su intención de solicitar investigaciones sobre la destrucción de las embarcaciones y las circunstancias en que los marinos fueron retenidos antes de quedar en manos de las autoridades ecuatorianas.

Por su parte, el Comando Sur ha señalado que las naves presuntamente operaban como estaciones flotantes para abastecer de combustible a embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas y las ha relacionado con la organización criminal Los Choneros.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, defendió los operativos y los presentó como parte de la cooperación internacional entre Quito y Washington para combatir el crimen organizado.

Las familias de los tripulantes aseguran que los hombres se dedicaban a la pesca y niegan que transportaran drogas. Sin embargo, estas versiones tampoco han podido verificarse de manera independiente.

Human Rights Watch (HRW) pidió el 2 de octubre a los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos que divulguen el fundamento jurídico de las operaciones y las reglas aplicadas durante las interceptaciones. La organización también solicitó investigar las denuncias de malos tratos formuladas por algunos detenidos.

Según el análisis de HRW, ocho embarcaciones pesqueras ecuatorianas fueron interceptadas y destruidas entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre. La entidad señaló que no se habían divulgado pruebas públicas suficientes para establecer que sus tripulantes participaran en actividades de narcotráfico. También advirtió que la destrucción de los barcos pudo eliminar elementos materiales útiles para esclarecer los hechos. Human Rights Watch

La organización documentó, además, que algunos tripulantes denunciaron golpes y amenazas durante los procedimientos y mientras permanecían a bordo del buque estadounidense USS San Antonio. Estas denuncias requieren verificación por parte de las autoridades competentes.

De acuerdo con las cifras recopiladas por HRW, de los 160 tripulantes afectados por los operativos, 90 enfrentaban investigaciones penales, 56 habían sido liberados tras cuestionamientos sobre la legalidad de su detención y 14 no habían comparecido ante un juez.

En septiembre, decisiones judiciales en Manta y Galápagos permitieron la liberación de otros grupos de tripulantes por falta de indicios suficientes. Estos antecedentes han puesto bajo escrutinio la relación entre las operaciones marítimas internacionales y las garantías del debido proceso.

Durante una visita a Quito el 9 de septiembre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que las acciones estaban dirigidas contra narcotraficantes y no contra pescadores, y sostuvo que la cooperación debía respetar las leyes del país asociado.

El tercer juicio será un nuevo escenario para examinar las pruebas presentadas por la Fiscalía y los argumentos de la defensa. Mientras avanzan los procedimientos, continúan las solicitudes para esclarecer la base legal de las operaciones, determinar las circunstancias de la destrucción de las embarcaciones y establecer si hubo responsabilidades por posibles vulneraciones de derechos.

Preguntas y respuestas de contexto

¿De qué se trata el nuevo juicio que inició en Ecuador?

Se juzga a un grupo de diez tripulantes de barcos que fueron interceptados y destruidos por fuerzas estadounidenses en el Pacífico bajo sospechas de colaborar con el narcotráfico.

¿Por qué fueron absueltos los 32 pescadores en el proceso anterior?

Una jueza los declaró inocentes por falta de pruebas, ya que la Fiscalía no pudo demostrar su participación en delitos ni presentó documentos que los vincularan con redes criminales.

¿Qué cuestionamientos existen sobre los operativos de Estados Unidos?

Organizaciones como Human Rights Watch y los familiares denuncian la falta de fundamentos jurídicos para destruir las embarcaciones y reportan posibles malos tratos hacia los detenidos.