UNP abrirá proceso sancionatorio por video de escoltas que empujaban carritos de mercado de un protegido

La Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció la apertura de un procedimiento administrativo para examinar un presunto uso irregular de un esquema de seguridad, luego de que circulara en redes sociales una grabación en la que dos integrantes de un equipo de escoltas aparecen realizando labores de apoyo durante una visita a un supermercado. La entidad advirtió que investigará los hechos y adoptará las medidas correspondientes si se comprueban incumplimientos.

El pronunciamiento fue divulgado en la mañana del martes 20 de octubre a través de la cuenta institucional de la UNP en la red social X. En el mensaje, el organismo, adscrito al Ministerio del Interior, reiteró que los esquemas de protección tienen como finalidad salvaguardar la vida e integridad de las personas beneficiarias y que su funcionamiento se financia con recursos públicos.

La entidad manifestó que no tolerará prácticas que se aparten de ese propósito y anunció que adelantará un proceso administrativo sancionatorio para establecer las circunstancias del caso. También informó que notificará a la empresa encargada de suministrar los escoltas, con el fin de que evalúe las actuaciones disciplinarias que correspondan respecto de los trabajadores involucrados.

El video fue publicado inicialmente por Julián Zamudio, quien se identifica en X como militante del partido Salvación Nacional. En las imágenes se observa a un hombre recorriendo los pasillos de un establecimiento comercial mientras dos integrantes de su esquema de seguridad empujan los carritos utilizados para transportar las compras.

Según la información difundida por Zamudio, la grabación habría sido realizada durante la noche del lunes 19 de octubre en un almacén de la cadena Éxito, mientras el Congreso adelantaba sesiones relacionadas con la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027.

El denunciante señaló al senador Alex Flórez, integrante del Pacto Histórico, como la persona que recibiría la protección mostrada en el video. Además, solicitó al presidente Abelardo De La Espriella revisar lo ocurrido.

Sin embargo, la información divulgada no establece por sí sola todas las circunstancias del episodio ni determina si existió una infracción. La responsabilidad de verificar los hechos corresponde a las autoridades competentes, que deberán establecer si las actividades observadas contravienen las condiciones de uso del esquema.

Los esquemas administrados por la entidad pueden incluir escoltas, vehículos convencionales o blindados y otros recursos destinados a reducir los riesgos que enfrentan determinadas personas. Su asignación implica que los elementos de protección deben utilizarse de acuerdo con la finalidad para la que fueron autorizados.

En este caso, el procedimiento anunciado busca determinar si hubo un incumplimiento de esas condiciones. La persona eventualmente investigada tiene derecho a conocer los señalamientos, presentar sus explicaciones y ejercer su defensa antes de que se adopte una decisión administrativa.

La UNP no precisó qué sanciones podrían aplicarse ni informó que se hubiera adoptado una determinación definitiva sobre los hechos. Por su parte, la empresa contratista deberá evaluar las actuaciones de los trabajadores bajo su responsabilidad, conforme a los procedimientos correspondientes.

El caso se conoce en medio de las discusiones sobre el costo de los dispositivos de seguridad financiados por el Estado y los criterios utilizados para asignarlos. El debate ha incluido cuestionamientos sobre la cantidad de personas protegidas, la composición de los equipos y la pertinencia de mantener determinadas medidas.

De acuerdo con las cifras citadas en la información de referencia, un esquema promedio puede superar los 45 millones de pesos mensuales. En esa estimación, cada escolta representa cerca de 13,8 millones de pesos al mes, mientras que una camioneta blindada puede costar alrededor de 17,9 millones. Los dispositivos de mayor complejidad pueden superar los 335 millones de pesos mensuales.

Estos valores hacen parte de la discusión sobre el uso eficiente de los recursos públicos destinados a la protección de personas en situación de riesgo.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la UNP inició un proceso sancionatorio?

La entidad investiga el uso irregular de un esquema de seguridad luego de que se difundiera un video donde dos escoltas aparecen empujando carritos de mercado de un protegido.

¿Quién es el beneficiario señalado en la denuncia?

Aunque la UNP no lo confirmó oficialmente, el denunciante Julián Zamudio señaló al senador Alex Flórez, del Pacto Histórico, como la persona que aparece en el video.

¿Qué medidas tomará la entidad contra los involucrados?

Además del proceso administrativo contra el beneficiario, la UNP notificará a la empresa contratista para que evalúe sanciones disciplinarias contra los escoltas implicados.