Ataques con drones explosivos se intensifican: Antioquia suma 23 casos en 2026

El empleo de aeronaves no tripuladas adaptadas para transportar explosivos dejó de ser una práctica ocasional en el conflicto armado colombiano y se convirtió en una amenaza creciente para la Fuerza Pública y la población civil. Antioquia figura entre los territorios bajo observación por esta modalidad, cuyo avance coincide con la expansión y las disputas entre estructuras ilegales por el control de zonas estratégicas.

De acuerdo con el seguimiento de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Colombia registra más de 320 casos de ataques con drones durante 2026. Además, desde 2024, al menos 487 personas, entre civiles y uniformados, han resultado afectadas por este tipo de acciones, según el balance citado en el reporte.

Gerson Arias, investigador asociado de la FIP, señaló que varias organizaciones armadas llevan cerca de cuatro años desarrollando capacidades para utilizar estos dispositivos contra sus adversarios y las instituciones estatales. El analista manifestó especial preocupación por la llegada a Antioquia de estructuras vinculadas a las disidencias de las FARC encabezadas por alias Iván Mordisco, que entrarían a competir con otros grupos ilegales presentes en la región.

Uno de los principales desafíos para las autoridades es la incorporación de drones controlados mediante fibra óptica. A diferencia de los aparatos que funcionan a través de señales de radio, estos dispositivos mantienen la conexión con el operador por medio de un cable físico, lo que limita la efectividad de los inhibidores electrónicos utilizados habitualmente para neutralizarlos.

Arias explicó que esta característica reduce las posibilidades de interferir su funcionamiento mediante sistemas convencionales de bloqueo de señales. En esos casos, indicó, la alternativa operativa consiste en derribar la aeronave antes de que alcance su objetivo.

La evolución tecnológica obliga a revisar los mecanismos de defensa empleados por las unidades militares y policiales, especialmente en territorios donde las organizaciones armadas han incorporado estos recursos a sus operaciones.

Los registros oficiales también evidencian el aumento de esta modalidad, aunque presentan diferencias según la entidad que recopila los datos y el periodo analizado.

Un balance de la Fuerza Pública contabilizó 292 incidentes entre enero y el 15 de septiembre de 2026, frente a 277 durante todo 2025, 119 en 2024 y dos en 2023. Según ese informe, las disidencias asociadas a Iván Mordisco fueron vinculadas con 145 ataques en 2026, mientras que al Ejército de Liberación Nacional (ELN) se le atribuyeron 119.

El mismo reporte señala que, entre 2024 y 2026, los ataques con drones ocasionaron 31 muertes y 456 personas heridas. Entre las víctimas mortales se encuentran 22 integrantes del Ejército, tres policías y seis civiles. El Cauca aparece como el departamento más afectado por estos hechos.

Por otra parte, un informe de las Fuerzas Militares contabilizó 418 ataques dirigidos contra integrantes del Ejército, con un saldo de 25 uniformados muertos y más de 340 heridos. Estas cifras corresponden a balances con alcances distintos y no deben sumarse directamente.

Ante el crecimiento de la amenaza, el Ministerio de Defensa anunció el programa Escudo Nacional Antidrones, orientado a incorporar tecnologías para detectar, identificar y neutralizar aeronaves utilizadas con fines criminales. El plan contempla la adquisición de sistemas especializados y el desarrollo de pruebas tecnológicas como parte de su implementación.

En agosto, el Gobierno también radicó ante el Congreso un proyecto de ley para regular la importación, fabricación, comercialización y utilización de drones, con el propósito de establecer controles sobre estos dispositivos.

A estas iniciativas se suma la propuesta de un estatuto antiterrorista que contempla sanciones económicas y aumentos de hasta el 33 % en las penas para quienes utilicen drones en atentados o actividades relacionadas con organizaciones armadas ilegales.

La evolución de esta tecnología plantea nuevos retos para la seguridad en Antioquia y otras regiones del país. La capacidad de detección, la disponibilidad de sistemas de defensa y la coordinación entre las autoridades serán elementos centrales para responder a una modalidad que ha ganado presencia en las confrontaciones armadas.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es la situación actual de los ataques con drones en Antioquia y Colombia?

En lo corrido de 2026, Antioquia registra 23 ataques con drones explosivos, mientras que a nivel nacional la cifra supera los 320 casos, promediando un ataque diario.

¿Qué grupos armados están detrás de esta modalidad y quiénes son las víctimas?

Las disidencias de alias Iván Mordisco y el ELN son los principales responsables de estos ataques, que entre 2024 y 2026 han dejado 31 muertos y 456 heridos, incluyendo militares, policías y civiles.

¿Por qué es difícil para la Fuerza Pública neutralizar estos dispositivos?

Los grupos ilegales están usando drones controlados por fibra óptica, lo que impide que los inhibidores de señales de radio convencionales funcionen, obligando a las autoridades a intentar derribarlos físicamente.

¿Qué medidas está tomando el Gobierno Nacional frente a esta amenaza?

Se lanzó el programa Escudo Nacional Antidrones para detectar y neutralizar estas aeronaves, y se radicó un proyecto de ley para regular su comercialización y aumentar hasta en un 33 % las penas por su uso en atentados.